Muchos saben de Internet, pero muy pocos han profundizado en ciberseguridad. Sabemos que al navegar la Red hay ciertos elementos a cargo del proveedor de línea y otros que dependen de nosotros. Se trata de aplicar mecanismos para proteger nuestra información y garantizar los derechos del usuario: accesibilidad, integridad de la información, infraestructura y confidencialidad.

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Sin embargo, hay un punto muy importante del que se debe partir para entender el objetivo de la ciberseguridad. Igual que cualquier otra política que nos protege, la política de ciberseguridad debe estar centrada en la protección de las personas y sus derechos en la red.

Es decir, el derecho de navegar libre y seguro en Internet. A fin de mejorar tu proceso de navegación y para que estés más atento a lo que sucede en el ciberespacio, te presentamos el decálogo de lo que debe incluir una buena política de ciberseguridad.

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10 principios para una buena política de ciberseguridad

  1. Que tenga como objetivo garantizar y proteger el ejercicio de derechos humanos basado en la transparencia y rendición de cuentas.
  2. La política de ciberseguridad deberá ser construida, implementada y evaluada a través de la participación de gobierno, industria, sociedad civil, academia y comunidad técnica.
  3. Protección del derecho a la privacidad y abstenerse de adoptar políticas que vulneren o pongan en riesgo este derecho.
  4. Es indispensable que las facultades de vigilancia e intervención de comunicaciones estén estrictamente reguladas conforme los estándares internacionales de derechos humanos.
  5. El Estado debe promover el mejoramiento y adopción del cifrado como medida para mitigar riesgos y fortalecer la seguridad en la red.
  6. Las políticas de ciberseguridad diseñadas e implementadas por el Estado deben contribuir a la disminución o acumulación de riesgos y vulnerabilidades.
  7. Los Estados deberán abstenerse del establecimiento de obligaciones de recolección y almacenamiento masivo e indiscriminado de datos.
  8. Asegurar la disponibilidad continua de la conectividad y/o acceso a Internet, así como evitar la implementación de medidas de censura.
  9. En la medida en que los actores privados tienen un importante rol en el funcionamiento de Internet, se deberán establecer mecanismos eficaces para garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de los actores privados.
  10. El Estado debe definir sanciones penales de manera clara, precisa y acotada para evitar la criminalización de tecnologías, así como acciones u omisiones de actores privados que atenten contra la ciberseguridad.
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