Las zonas económicas especiales y su impacto en la sostenibilidad de México

Fotografía principal: CIEP

El pasado abril fue aprobada por el Congreso la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), una de las apuestas más importantes de la administración peñista en materia económica, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento económico y llevar el “desarrollo” a las entidades federativas con mayor incidencia de pobreza. Más allá de analizar los puntos críticos de su éxito o fracaso, este ensayo tiene intención de poner en perspectiva los objetivos de estas zonas y sus críticas dentro del marco de estudios sobre desarrollo, partiendo de la premisa de que, retomando a Gustavo Esteva, nos encontramos al final de un ciclo histórico, evidenciado cada vez más por los movimientos posdesarrollistas, pues “el ‘desarrollo’ sólo significa aceptar una definición universal de la buena vida que, además de inviable, carece por completo de sentido”. Bajo este enfoque, las ZEE son una decisión que apunta en dirección contraria a las demandas de los crecientes movimientos sociales en contra de la implementación de megaproyectos y de defensa del territorio que proliferan en el país.

En América Latina los ochenta son conocidos como la “década perdida”. Casi todos los países de la región siguieron las políticas y prácticas institucionales denominadas “Consenso de Washington”, un conjunto de ideas que gobernara la economía mundial bajo el esquema del modelo neoliberal. (Escobar, 2014). A través del endeudamiento, los Estados pasaron cada vez más a depender de los mercados financieros privados; los países subdesarrollados comenzaron a competir por recursos externos para financiar el crecimiento; la capacidad de inserción internacional fue erigida como el factor principal de dinamización económica, y el discurso de la competitividad legitimó el desempleo e impulsó el trabajo intensificado de los que no perdieron sus empleos (Acselhad, 2006).

Durante los noventas en México se implemento una apertura comercial que destruyó importantes sectores productivos, provocó dependencia alimentaria y concentró en pocas manos los beneficios de la especialización exportadora (López-Bolaños, 2015). Así, se comienza a hablar del necesario fin del desarrollo y empieza a gestarse la noción el posdesarrollo, que apunta a la creación de un espacio/tiempo colectivo donde el “desarrollo” cese de ser el principio que organiza la vida económica y social, ante todo adoptando una actitud hospitalaria a la pluralidad real del mundo (Esteva, 2009; Escobar, 2014). De este modo podría decirse de muchos casos que la conceptualización de alternativas al desarrollo configura el posdesarrollo; es decir, una concientización de que la realidad puede definirse en términos distintos a los del desarrollo y que, por consiguiente, las personas y los grupos sociales pueden actuar sobre la base de esas diferentes definiciones (Escobar, 2005). El ejemplo mexicano por excelencia es el de los zapatistas, quienes llevan más de una veintena de años construyendo “un mundo donde quepan muchos mundos”. No obstante, la noción posdesarrollista se vio opacada por el discurso del desarrollo sostenible promovido por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que lleva a propugnar por un crecimiento sostenido, sin una justificación rigurosa sobre la capacidad del sistema económico para internalizar las condiciones ecológicas y sociales (de sustentabilidad, equidad, justicia y democracia) de este proceso (Leff, 1998). El desarrollo sostenible, junto con una política económica neoliberal, aún es el marco en que se gestan las políticas mexicanas.

Las ZEE no son algo nuevo, han pasado más de cincuenta años desde el establecimiento de la primera y desde mediados de los ochentas el número de éstas se incrementa rápidamente, sobretodo en países “en desarrollo” (Farole, 2011). Éstas se establecen para contribuir al “propósito público” a través de la generación de empleo y, en general, a través de la promoción del desarrollo económico (Bhushan-Rawat et al., 2011). En México, Peña Nieto las mencionó por vez primera a finales de 2014 y la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en Junio pasado. En ella se define a las ZEE como áreas geográficas delimitadas, sujetas a un régimen especial para realizar, entre otras, actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos, así como la prestación de servicios de soporte (DOF, 2016). La ley propone, sin profundizar más al respecto, una evaluación estratégica del impacto social y ambiental para garantizar los derechos humanos de los pueblos de influencia, que se integraría en el estudio de prefactibilidad de la zona que deberá ser aprobado por la comisión intersectretarial (presidida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Las zonas incluyen una fuerte inversión en infraestructura, un entorno aduanero especial con acceso a insumos libres de impuestos y aranceles, y una serie de incentivos fiscales (reducción y exoneración de impuestos corporativos) en compañía de un entorno administrativo favorable.

Aquí es importante recalcar que existen distintos ejemplos de fracaso y éxito de estas zonas en el mundo, donde los factores determinantes son el contexto específico en que se introducen, y la eficacia con que se diseñan, implementan y gestionan (Farole, 2011). Uno de los más importantes ejemplos de fracaso es el de India, donde las ZEE están sujetas a un amplio movimiento de resistencia popular, sobre todo de las comunidades directamente afectadas, por dos razones principales (Bhushan-Rawat et al., 2011): la adquisición forzosa de la tierra y sus efectos en las comunidades locales, pues las empresas deben adquirir zonas lo suficientemente grandes en lugares cerca de la infraestructura y los centros urbanos, y a un precio atractivo, y; los impactos ambientales, especialmente por la rapidez de aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental. Los mismos autores resaltan que el “interés público” fue utilizado para justificar la adquisición forzosa de terrenos para su uso por empresas privadas,

las ZEE por tanto pueden ser vistas como las últimas de una larga historia de desplazamiento en nombre del desarrollo, con una compensación prescrita totalmente inadecuada para los impactos económicos, sociales y ambientales negativos que crea la pérdida de la tierra.

Estas experiencias ilustran una situación común con el caso mexicano: el desplazamiento y la perdida de tierras. En México hay un largo historial de conflictos por la adquisición de tierras para proyectos federales y del sector privado, y las tensiones gobierno-población son particularmente agudas en los estados en que se planean establecer las primeras ZEE (Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas). Aunado a esto, al menos la mitad de los terrenos necesarios para crear estas zonas no son de propiedad federal y tendrán que ser adquiridos de alguna manera (Gutiérrez-Candiani, 2016).

Hay que recordar que el país se encuentra entre los que presentan mayor número de luchas sociales en contra de megaproyectos y en defensa de la naturaleza, de acuerdo al Atlas Global de Justicia Ambiental, el país ocupa el octavo lugar mundial y los conflictos relacionados a la extracción de minerales y materiales para la construcción, el manejo del agua y los conflictos por tierras representan el 66 % del total (EJatlas, 2015), además de los múltiples movimientos locales cobrando vigor. Asimismo, el montaje de una infraestructura de transportes concebida a la luz de la integración al mercado internacional y en la perspectiva de atracción de capitales internacionales sólo le sirve a un modelo de desarrollo volcado a la exportación de recursos naturales y energía (Acselhad, 2006), ámbito en que México destaca, un ejemplo claro está en la industria minera, donde el país es el mayor receptor de empresas transnacionales (principalmente canadienses) y uno de los mayores exportadores de materia prima en este rubro, implementado un extractivismo brutal.

Como colofón habría que preguntarse ¿Qué tan lejos está el Estado de dejar atrás la era del desarrollo y darle paso al posdesarrollo? Parece que en la medida en que el Estado se aferra al desarrollo bajo el precepto neoliberal, las comunidades tenderán a construir cada vez más resistencias al mismo y a solidarizarse con ellas; a generar espacios multiculturales de crítica y a mirar el posdesarrollismo como alternativa necesaria. Para Escobar (2014), esta transición dependerá de cuál visión del mundo prevalezca y hoy en día hay variedad de posiciones disfrazadas buscando el status quo (como el crecimiento verde). El Estado debe ralentizar el proceso de aprobaciones, pues la aplicación efectiva de una política que pretende dinamizar la economía requiere la aprobación de la opinión pública, pero sobretodo, es importante que volteemos hacia los movimientos sociales, pues en ellos emerge el proceso de imaginar alternativas reales al desarrollo.

Autor: Arturo Bravo Calderón

Bibliografía

Acselhad H. 2006. Las políticas ambientales ante las coacciones de la globalización. En H. Alimonda (comp.) Los tormentos de la materia: aportes para una ecología política latinoamericana. Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 288 p.

Bhushan-Rawat V., Bharath-Bhushan M. y Surepally S. 2011. The impact of special economic zones in India: A case study of Polepally SEZ. The International Land Coalition, cirad, SDF.

DOF 2016. Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Diario Oficial de la Federación.

EJatlas. 2015. Environmental Justice Atlas. http://ejatlas.org/ (consultado en septiembre, 2016).

Escobar, A. 2005. El ‘posdesarrollo’ como concepto y práctica social. En: D, Mato (Ed.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización (pp. 17-32). Caracas: UCV.

Escobar A. 2014. Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Ediciones UNAULA. 184 p.

Esteva G. 2009. Más allá del desarrollo: la buena vida. Revista América Latina en movimiento, no. 445.

Farole T. 2011. Special Economic Zones: What Have We Learned? Poverty reduction and economic management (PREM) network. September 2011, number 64. The World Bank.

Gutiérrez-Candiani G. 2016. México carece de terrenos para Zonas Económicas Especiales; en El Financiero. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-carece-de-terrenos-para-zonas-economicas-especiales.html (consultado en septiembre, 2016)

Leff E. 1998. Saber ambiental, Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Siglo XXI editores. Centro de Investigaciónes Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. 285 p.

López-Bolaños A.C. 2015. México. La continuidad y profundización del despojo neoliberal. Balance de la economía a partir del tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) 1994.2014. En L.R. Villagra (coord.). Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y alternativas. CLASCO, 316p.