En 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que el 9 de agosto de cada año se celebraría el Día internacional de los pueblos indígenas. Más allá del gesto protocolario o el reconocimiento simbólico de esta efeméride, existen varias, y muy buenas, razones para celebrar la presencia de estos grupos, para valorarla y agradecerla. Sin importar nuestra ubicación geográfica, ideología o postura, todos los habitantes de este planeta debiéramos reconocer activamente el papel que los pueblos indígenas desempeñan en un rubro que es crucial para la subsistencia de nuestra especie: el cuidado y conservación del medioambiente.
Para dimensionar lo anterior te compartimos el siguiente dato: ¿Sabías que el 80% de la biodiversidad del planeta está resguardada por pueblos indígenas?. A lo largo de la historia humana estos grupos, además de cultivar un riquísimo patrimonio cultural –vía ese vasto cúmulo de tradiciones, usos y costumbres–, han velado por los entornos naturales donde se asientan, aprovechando sus recursos de forma armónica y sustentable, y demostrando así al resto que la conservación de un área natural, y su simultáneo aprovechamiento, son actividades compatibles.
América Latina es una de las regiones con mayor población indígena, y donde existe una mayor biodiversidad. Organizaciones civiles como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) advierten que, tan solo en México, el 39 % de los bosques y el 60 % de las selvas se encuentran en regiones indígenas. Asimismo, muchas de las principales Áreas Naturales Protegidas cuentan con población indígena, que ha contribuido a la generación y conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible.
¿Y cómo ha logrado México la sostenibilidad de estos ecosistemas?
En las tierras de propiedad social de México, ocurre un fenómeno peculiar: comunidades indígenas y locales están tomando las riendas de la conservación y manejo de su territorio. La aparición de numerosos de estos grupos que hoy aprovechan sustentablemente los bosques y selvas del país, es un caso ejemplar que está adquiriendo cada vez mayor relevancia. Existen muchos ejemplos loables de empoderamiento de comunidades forestales indígenas que a través del manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales han logrado consolidar empresas comunitarias. Ejemplo de ello son los ejidos de Amanalco, en el Estado de México; Ixtlán de Juárez y San Pedro el Alto, en Oaxaca; San Juan Nuevo, en Michoacán y el Ejido Caobas, en Quintana Roo.
Estas comunidades y unas 900 más operan en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Edomex. De hecho, el 90% de la producción forestal nacional proviene de bosques manejados por comunidades y ejidos que controlan en diferentes grados los procesos productivos. Sin embargo, existen numerosas afrentas para estos grupos, debido a que las políticas públicas dirigidas a las regiones campesinas han permitido el despojo de tierras y el desarrollo e inversión de grandes proyectos agroindustriales privados sobre territorios indígenas y campesinos.
En este sentido, y con motivo del Día Internacional de los pueblos indígenas, el Consejo Civil Mexicano emitió un comunicado en el que llama a los tomadores de decisiones a promover decididamente el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas de México, puesto que se debe:
hacer una revisión crítica de la intervención gubernamental en las zonas rurales e indígenas, pues a lo largo de los años se ha puesto énfasis en el desarrollo de programas asistenciales y subsidio al consumo, lo que ha resultado contraproducente y ha generado graves daños a las economías locales.
Es urgente instrumentar cambios profundos en la intervención gubernamental orientada a las comunidades campesinas e indígenas, y tomar las medidas necesarias para asegurar la alineación de la inversión pública hacia el campo ya que hasta ahora ésta se ha quedado en los discursos y en la retórica. Hoy cada dependencia opera de manera aislada, sectorialmente, sin la voluntad de coordinar acciones, sin un enfoque de desarrollo territorial y con programas claramente contradictorios que resultan nocivas para las comunidades y sus territorios.
