Autor: Jorge León
La concepción gubernamental de las áreas naturales protegidas en México no le llega ni a los talones a la situación real y compleja en la que se encuentran. Un hecho tangible es la aplicación de políticas de disección forzada en las que se pretende aislar segmentos de naturaleza inédita en aras de su conservación y protección, aislándola de su propio entorno (Zambrano, 2001). A caso las entidades gubernamentales quieren establecer cercos inanimados, majestuosos y sin alteraciones a expensas de la derogación de un sistema complejo y con un número infinito de multiversos e interacciones humano- naturaleza. O es que simplemente vivimos en un mundo en donde los intereses individuales predominan sobre el bienestar colectivo.
Partiendo de lo anterior el presente ensayo busca abordar de manera breve las problemáticas derivadas de la desarticulación entre los actores y los instrumentos implementados para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s), tomando como ejemplo la situación del Parque Nacional Lagunas de Montebello (PNLM) ubicado la frontera sur del país.
De manera histórica el establecimiento de las ANP´s en México ha sido impulsado por las presiones públicas y las críticas internacionales (Galicia, 2012). Generando así una lucha por cumplir una agende gubernamental, más que establecer áreas para la conservación y desarrollo de sus habitantes. Dicha situación se ha venido dando desde el mandato de Lerdo de Tejada, hasta el gobierno del hoy presidente Enrique Peña Nieto. El primero con una base proteccionista al más puro estilo estadunidense, mientras que el último creó 4 áreas más de protección, cuando las instituciones encargadas de su gestión se encuentran inmersas en un déficit presupuestal y administrativo (Castañeda y Quevedo, 2006; Vargas, 2016). La falta de racionalidad y desconexión entre los órdenes de gobierno para la toma de decisiones llega hasta el punto en el presupuesto destinado para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es 37 veces menos que el que recibe la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ni todo el presupuesto de los programas destinados a la conservación alcanzan una cifra competitiva frente al resto de los recursos destinados a otras instituciones gubernamentales (Cortina-Zegovia & Zorilla-Ramos, 2007). Movimientos incongruentes, descuidos fatales o solo acciones que trabajan para el apaciguamiento de la presión nacional e internacional. Se creería que los más de 100 años de experiencia en la protección y conservación de las ANP´s bastarían para generar modelos integrales y de manejo adaptativo dentro de estas zonas de prioridad nacional, sin embargo, todo este tiempo solo sirvió para alimentar con procesos burocráticos, excluyentes, proteccionistas y pensados desde una oficina.
Uno de los ejemplos es el PNLM, decretado en 1959; establecido sin integración ni sustento académico, ecológico y mucho menos social. Provocó la expropiación del territorios y el establecimiento de límites políticos poco adaptados a la realidad geohistórica de la región (Castañeda y Quevedo, 2006). El gobierno con argumentos burdos de conservación estableció un instrumento de política ambiental estricto y poco incluyente, en una región con asentamientos humanos ancestrales, hundidos en la marginación económica y la opresión política de los pueblos indígenas (Galicia, 2012). Hecho que los colocó al borde del precipicio al ser despojados de su territorio y relegados a no más que invasores de lo que un día fue su hogar (Hernández, 1994). Hecho que situó al estado como un ente opresor ante la sociedad, con prácticas verticales y un gobierno fallido. Mientras que en las declaratorias los más altos mandatarios vende la idea del progreso y del trabajo cooperativo, lo que es totalmente contrario a la realidad de desarticulación por la que atraviesa el país.
En el caso específico de PNLM se presentan problemas sociopolíticos y ambientales ya expuestos por Brenner (2009) como una generalidad en el manejo de las ANP´s en México. Las cuales son impulsadas por la desarticulación y la mala gestión del parque.
Algunas de estas son:
– Desacuerdos en el uso y gobierno de las áreas productivas, como el control de los recursos recaudados por el acceso.
– Actividades gubernamentales centralizadas y sectorizadas, carentes de visión a largo plazo y pensamiento sistémico.
– No se cuenta con programas turísticos adaptados al desarrollo de las ANP´s.
– No se toma en cuenta la intromisión de intereses externos que puedan afectar la ANP.
– Practicas individuales sobre lo comunitario.
– Falta de inclusión de los locales en la toma de decisiones
– Degradación ambiental por incendios, plagas, contaminación de acuíferos o extracción clandestina de recursos naturales.
– Micro mafias internas que regulan el uso y la organización de los programas
– Un gran número de programas mal coordinados y hechos desde una oficina.
– La redición de cuentas pertenece al sector gubernamental y a nadie más.
Durante tiempos recientes en el PNLM la CONANP regida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se guían mediante los lineamientos específicos del plan de manejo ejecutado desde 2007 (PMPL, 2007). Lineamientos que en la mayoría de los casos se ven limitados por la falta de recursos y capital administrativo para su gestión. Lo que contribuye de manera negativa al desarrollo de las capacidades locales, originando situaciones de conflictos por el accesos y uso de los recursos protegidos, eventos que impulsa la degradación de los mismos (Pinazzo, 2003). Aunado a esto se presenta el crecimiento del sector turístico el cual genera una presión considerable con la agregación de hasta 2 toneladas de residuos mensuales y un turismo irresponsable y poco adaptado a las condiciones del parque (PMPL, 2007).
En la actualidad los habitantes que se ven beneficiados por las actividades en el parque conciben a la CONANP como un organismo limitante y generador de roces entre la comunidad. Por otro lado la Secretaria del Turismos (SECTUR) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) se contraponen a la voluntad de la CONANP, con la aplicación de programas de desarrollo turístico distintos a los que el parque requiere (Barriga, 2016). La falta de organización entre sectores y la limitada rendición de cuentas, incrementa así los problemas de legitimidad de la figura del estado.
Por lo que la búsqueda de un cambio de paradigma es apremiante. Una de las alternativas se basa en los mecanismos de gobernanza ambiental, que trascienden más allá de un estado benefactor y centralizado. Buscando la generación de procesos colectivos de carácter formal e informar, determinando como se toman las decisiones o se establecen las normas sociales con referencia a los asuntos públicos que la envuelven. Denotando como característica esencial la posibilidad de ser analizada e interpretada para su propio mejoramiento, todo esto dentro de una perspectiva que comprende al socioecosistema y condiciones horizontales de gestión (Hufty, 2008; Miriam, 2013). En conclusión es imperiosa la búsqueda de la inclusión de un pensamiento socioecosistemico, horizontal, que atienda las problemáticas del entorno real y no las visualizadas desde los gabinetes de gobierno; que los intereses individuales pasen a un segundo plano y el esfuerzo colectivo sea el pan de cada día. Acaso debemos de permitir que nuestro desarrollo siga enterrado por el interés de la minoría dominante, los cuales construyen su proyecto de nación olvidando de manera sistemática a la sociedad, tomándola en cuenta sólo cuando la necesitan. Informémonos, retroalimentemos y participemos.
