En México existe un patrón persistente: políticos que transitan entre despachos empresariales y cargos públicos, llevando consigo los intereses de sus antiguos empleadores. Cuando esos intereses se cruzan con la gestión de recursos vitales como el agua, el conflicto resulta inevitable. La Ley General de Aguas que circuló en 2015 es un caso de libro sobre cómo la permeabilidad entre el sector privado y la administración pública puede reconfigurar el acceso a bienes esenciales.
El giro inesperado: de la sociedad civil a la Conagua
Durante meses, organizaciones de la sociedad civil trabajaron junto con diputados en la construcción de una propuesta de ley de aguas que respondiera a las necesidades del país. El proceso era lento, participativo, deliberativo. Luego, sin previo aviso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó su propia versión del documento. Los diputados votaron la iniciativa en comisiones de forma acelerada, sin los tiempos de análisis que el tema exigía.
La sorpresa fue mayúscula: la propuesta de la Conagua no solo divergía del trabajo realizado con la sociedad civil, sino que contenía mecanismos claramente privatizadores. Esto no fue una coincidencia, sino la consecuencia directa de quién estaba al frente de la institución.
David Korenfeld: el funcionario con dos sombreros
David Korenfeld, director de la Conagua en ese momento, no llegó al cargo desde una trayectoria en gestión pública o investigación ambiental. Antes de asumir su posición en la administración federal, fue presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS). Es decir: representaba directamente los intereses comerciales de las empresas dedicadas a la distribución y venta de agua en el país.
Fresh Water Action Network (FAN), la organización que participó en el reconocimiento del agua como derecho humano ante la ONU, fue la primera en documentar y señalar públicamente este conflicto de intereses. La pregunta que plantearon fue incómoda pero necesaria: ¿cómo podía esperarse que un funcionario proveniente del sector empresarial del agua redactara una ley que no favoreciera a ese mismo sector?
El modelo del triple negocio
Según el análisis de FAN, la estructura propuesta en la Ley General de Aguas beneficiaba a tres actores empresariales específicos: las constructoras de obra pública, los concesionarios que distribuirían el agua (frecuentemente las mismas constructoras u otros grandes capitales), y finalmente los vendedores del agua.
Nathalie Seguin, especialista de FAN, explicó el mecanismo en entrevista con Sinembargo: “El modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua”.
Bajo este esquema, los precios del agua no se establecerían por criterios de acceso equitativo, sino bajo la lógica de oferta y demanda del mercado libre. Esto significa que el costo se fijaría según “la recuperación total de la inversión”, lo que resulta en tarifas elevadas para el consumidor final, especialmente para los sectores más vulnerables.
El argumento insuficiente de la eficiencia
Quienes defienden la privatización del agua recurren a un argumento recurrente: que los servicios públicos de agua sufren de ineficiencia administrativa y falta de recursos. La privatización, aseguran, traería modernización, inversión y mejores servicios.
Sin embargo, la evidencia internacional contradice esta promesa. En países donde se ha privatizado el agua, los servicios no necesariamente mejoraron. En México mismo, las privatizaciones que comenzaron en los años 80 no resultaron en servicios superiores ni en reducción de la pobreza. Los niveles de desigualdad se mantuvieron o aumentaron.
Lo que sí sucedió fue la concentración de ganancias en manos de grandes corporaciones, mientras que el acceso equitativo al agua se convirtió en un lujo al alcance de quienes podían pagar precios de mercado.
Un sistema diseñado para excluir
La Ley General de Aguas propuesta por la Conagua no contenía mecanismos que garantizaran tarifas especiales para poblaciones de bajos ingresos. Tampoco priorizaba el acceso universal como derecho. En su lugar, establecía un modelo donde el agua sería un bien transable, sujeto a las fuerzas del mercado.
Este enfoque contradice directamente el reconocimiento de 2010 de la ONU que declaró el agua como derecho humano. También contrasta con los compromisos internacionales de México respecto a acceso equitativo y sostenibilidad.
La pregunta que quedó flotando en el aire fue simple pero fundamental: ¿a quién sirve realmente una ley de aguas redactada por alguien cuya carrera profesional ha estado dedicada a maximizar las ganancias del sector privado del agua? La respuesta, según los datos y el análisis de organizaciones como FAN, es que sirve a los empresarios, no a los ciudadanos.