Estás planeando un fin de semana en la playa, el sol brilla, las olas llaman, pero al llegar, un hotel te cobra una entrada o te pide reservar una habitación para pisar la arena. O peor, un extranjero te dice que “su” playa frente a su casa no es para ti. El acceso a las playas, un derecho que debería ser universal, está en el centro de un debate candente: hoteles y desarrollos cobran por usar espacios que por ley deben ser públicos, y hasta extranjeros bloquean zonas frente a sus propiedades. ¿Por qué apropiarse de la naturaleza nos afecta a todos?
La problemática del acceso a playas en México
En varios destinos turísticos se han documentado casos en los que hoteles, clubes de playa y fraccionamientos bloquean el paso a la playa, obligando a pagar o incluso prohibiendo el acceso. En Bahía de Banderas, Nayarit, una extranjera fue multada con 150,000 MXN y se clausuró su obra por intentar bloquear una zona pública, lo que generó protestas locales. En La Paz, BCS, residentes denunciaron el cierre de accesos en Playa La Posada por un proyecto residencial, activando alertas y controles de SEMARNAT. Estos episodios muestran cómo hoteleros y extranjeros intentan privatizar playas públicas, afectando comunidades y turistas que buscan simplemente caminar, nadar o disfrutar sin costos ni restricciones.
¿Qué dice la ley mexicana sobre las playas?
Aquí viene la buena noticia: en México, no existen playas privadas. Según el Artículo 27 de la Constitución, las playas y la Zona Federal Marítimo-Terrestre (ZOFEMAT) son bienes nacionales de uso público, inalienables e imprescriptibles. En 2020, un decreto firmado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reforzó esto al modificar la Ley General de Bienes Nacionales. Este decreto establece que:
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Nadie puede restringir el acceso a las playas marítimas ni a la ZOFEMAT, salvo por razones de seguridad (como contaminación o fauna peligrosa).
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Los propietarios de terrenos colindantes deben permitir el paso si no hay accesos públicos cercanos, coordinándose con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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Las sanciones por bloquear el acceso incluyen multas de hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (alrededor de $1.3 millones de pesos en 2025) y, en caso de reincidencia, la revocación de concesiones.
En 2025, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha anunciado un plan para revisar permisos de hoteles y garantizar accesos públicos, como en Acapulco, donde se invertirán 8 mil millones de pesos en proyectos como “Acapulco se transforma” para rehabilitar accesos costeros. La ley está de tu lado, pero su aplicación sigue siendo un desafío.
¿Qué hacer si te topas con una playa cerrada?
Si un hotel, club de playa o propietario te impide el paso, no te quedes callado. Aquí van los pasos clave:
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Documenta todo: Graba un video o toma fotos del lugar donde te niegan el acceso. Anota el nombre del establecimiento o persona involucrada.
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Denuncia ante Profepa: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la encargada de sancionar estas infracciones. Puedes presentar tu queja en línea o en sus oficinas.
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Contacta a Semarnat: Ellos coordinan con autoridades locales para garantizar el cumplimiento de la ley.
No te dejes intimidar; las playas son tuyas por derecho. Un caso viral en Mazatlán en 2024, donde un letrero de “playa privada” desató indignación, mostró cómo la presión pública puede mover montañas.
¿Por qué no deberíamos apropiarnos de la naturaleza?
Las playas no son solo arena y mar; son ecosistemas vitales. Manglares, dunas y arrecifes dependen de un equilibrio que los desarrollos turísticos a menudo rompen. En Cabo Pulmo, Baja California Sur, megaproyectos han amenazado la vida de pescadores y la biodiversidad. Apropiarnos de las costas no solo excluye a las personas, sino que pone en peligro la riqueza natural que México presume al mundo.
Además, privatizar playas perpetúa la desigualdad. Mientras un turista paga miles por un camastro, comunidades locales, como los pescadores de Playa San Francisco, Nayarit, pierden acceso a su sustento. Las playas son un patrimonio colectivo, no un lujo para unos pocos. Hoy, el debate no es solo legal, es ético: ¿queremos un México donde la naturaleza sea un privilegio o un derecho?
