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San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, es una comunidad otomí que ha sufrido atropellos a sus derechos como pueblo originario desde hace ocho años cuando comenzó a construirse la carretera de cuota Naucalpan-Toluca.
Cuando un proyecto pretende construirse o hacerse en tierras indígenas, el gobierno mexicano está obligado a hacer consultas públicas a estos pueblos según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del que México forma parte. Sin embargo, el gobierno no aplicó dicha consulta obligatoria.
El argumento para hacer la carretera es que esta detona el desarrollo económico a los pueblos por los que pasa y entre los sitios que conecta. Sin embargo, los otomíes de la zona, por ser una carretera de cuota, en general no podrán hacer uso de ella. Además, la carretera causará daños a varias áreas naturales protegidas y afectará a casi 300 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción, y afectará también diversos mantos acuíferos.
La empresa que está construyendo la carretera es Autovan, una filial del Grupo Higa (asociado a casos de corrupción por una de las casas de la esposa del presidente de México, y grupo que encubrió más de 100 millones de dólares mediante empresas fantasmas en paraísos fiscales según los Panama Papers).
Lo más descarado en el caso es que el gobierno ha violado varios amparos concedidos a los otomís. Este 11 de abril irrumpieron en la comunidad cientos de policías estatales, seguidos de personal de la empresa Autovan, filial del grupo Higa. Se destruyeron un centro cultural y casas, además de que se han talado cientos de árboles.
*Si te suena, puedes sumarte a la campaña que apoya a los otomís en su lucha por salvar el bosque acá.
Algunas de las imágenes:
Foto: frentedepueblosindigenas.org
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Twitter del autor: @AnaPauladelaTD
