México acaba de dar un paso legal que parecía inevitable: la nueva Ley General de Bienestar Animal reconoce oficialmente que los animales son seres sintientes, capaces de sentir dolor, miedo y sufrimiento. Pero la tauromaquia no fue prohibida a nivel federal. Las corridas de toros siguen en pie, reguladas por cada estado y municipio, como si la ley hubiera decidido mirar para otro lado justo cuando llegó al tema más incómodo.
Qué dice la ley y qué se le escapó
La Ley General de Bienestar Animal representa un cambio de paradigma en el papel del Estado mexicano frente a los animales no humanos. Por primera vez a nivel federal, la ley establece que los animales tienen capacidad de sufrir y que esa capacidad debe ser un criterio jurídico. No es un manifiesto activista: es un documento legislativo con peso normativo. Eso, en teoría, debería haber bastado para cerrar la puerta a espectáculos donde un animal es herido de manera deliberada frente a un público pagante.
Pero la tauromaquia quedó fuera del alcance federal. La decisión de prohibirla o permitirla sigue siendo competencia de los estados y municipios, lo que en la práctica significa que el mapa es un mosaico: estados como Sonora y Guerrero ya cuentan con legislación local que restringe las corridas, mientras que en Ciudad de México — donde opera la Plaza México, el ruedo más grande del mundo — el debate nunca terminó de resolverse limpiamente. El Tribunal Colegiado revocó la suspensión definitiva contra las corridas en 2022, y desde entonces el asunto vive en un limbo judicial que la nueva ley federal no vino a despejar.
Por qué esto no es solo una contradicción legal
Hay una lógica política detrás de la omisión, y no es bonita. La industria taurina en México mueve [DATO PENDIENTE: cifra de empleos directos e indirectos y derrama económica anual del sector taurino en México] y tiene décadas de cabildeo acumulado en Congreso. Prohibirla a nivel federal significaría un conflicto directo con estados donde la tauromaquia tiene raíces culturales e intereses económicos consolidados, y en un año de agenda legislativa ya saturada, nadie quiso asumir ese costo político.
El problema es que la ley ahora creó un estándar moral sin crear el mecanismo para aplicarlo donde más duele. Si el Estado mexicano reconoce oficialmente que un toro puede sentir miedo y dolor, ya no puede argumentar ignorancia cuando ese toro entra a una plaza. Lo que puede hacer — y lo que hizo — es delegar la contradicción hacia abajo, a los estados, y esperar que el tiempo y la presión social terminen de resolver lo que el Congreso prefirió no tocar. Eso es exactamente lo que llevan haciendo los movimientos animalistas en México desde hace más de veinte años: empujar prohibiciones estado por estado, con resultados parciales y sin un cierre federal a la vista.
Amamos que la conversación haya llegado al nivel legislativo con este peso. Pero una ley que reconoce el sufrimiento animal y luego lo deja en manos de cada municipio no es una victoria completa: es el inicio de un proceso que todavía puede terminar de muchas maneras. La pregunta que queda en el aire no es si los toros sufren — eso ya tiene respuesta oficial — sino cuánto tiempo más va a tardar la ley en alcanzar sus propias conclusiones.
- Qué estados de México ya prohibieron las corridas de toros




