Una victoria ciudadana se celebró a lo grande en Sayulita, Nayarit: el acceso libre a la playa Los Muertos volvió a ser una realidad luego de que un muro ilegal, construido sin permisos, fuera demolido el 2 de junio de 2025 por orden de las autoridades. La estructura, hecha de piedra y cemento, bloqueaba el paso a residentes y turistas hacia una de las zonas más emblemáticas del destino.
La acción representa mucho más que la caída de una barrera física: es un ejemplo de resistencia vecinal, defensa del espacio público y aplicación de la ley frente a intereses privados que buscan apropiarse de lo que es de todos.
El muro que desató la indignación
La construcción, de 35 metros de largo, hasta 1 metro de ancho y 1.5 metros de altura, se levantó de forma clandestina sobre terreno federal marítimo. Fue colocada junto a un camino de terracería que conecta un panteón local con la playa, una ruta tradicionalmente transitada por visitantes y pobladores.
A pesar de su evidente impacto, la obra avanzó hasta un 60% antes de ser clausurada en marzo de 2025, gracias a denuncias de vecinos y activistas ambientales que detectaron que no contaba con manifestación de impacto ambiental ni autorización oficial.
La indignación creció con cada día que pasaba sin respuesta. El malestar se extendió en redes sociales, medios locales y entre los turistas, que veían cómo un espacio público quedaba restringido. Finalmente, la presión hizo eco en las autoridades.
Victoria ciudadana: El día en que cayó el muro
El lunes 2 de junio, bajo la supervisión del presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana García, comenzó la demolición. En el lugar estuvieron también representantes de la Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente, y activistas que celebraron el resultado de meses de lucha.
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“El mar no tiene dueño y mientras este gobierno siga al frente, ni muros ni cercas van a quitar lo que es del pueblo”, declaró el alcalde, mientras se limpiaba el área. Para la comunidad, el acto fue un triunfo social y legal que sienta precedente ante otros intentos similares de apropiación en zonas costeras mexicanas.
Sayulita, un paraíso turístico en disputa
Sayulita es uno de los destinos favoritos en Nayarit, tanto para viajeros nacionales como internacionales. Sus playas, su ambiente bohemio y su cercanía con Puerto Vallarta la han posicionado como parada obligada. Pero el auge turístico ha traído también una oleada de presiones urbanísticas y privatización de espacios naturales.
Vecinos y ambientalistas advierten que no es el único caso en la región donde se han querido limitar accesos públicos al mar. Por eso, el derribo del muro en playa Los Muertos marca un antes y un después.
El futuro del espacio: Un mirador para todos
En lugar del muro, las autoridades planean construir un mirador público y un andador tipo malecón, con bancas, áreas verdes y vista directa al mar. Aunque aún no se tiene fecha para el inicio de las obras, la Dirección de Obras Públicas ya trabaja en el proyecto.
Esta transformación, explicaron, busca devolver el entorno a la comunidad y convertirlo en un lugar de encuentro accesible para todos, sin barreras ni restricciones.
La ley está de tu lado: Playas libres para todos
Este caso también pone bajo los reflectores a una reforma clave en la Ley General de Bienes Nacionales, promulgada en octubre de 2020, que garantiza el libre acceso a todas las playas de México. La normativa prohíbe cualquier tipo de obstáculo físico o legal que impida llegar a la zona federal marítimo terrestre.
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Además, la ley obliga a los propietarios colindantes con el litoral a facilitar un camino de acceso si no lo hay, siempre bajo supervisión de Semarnat. Quienes infrinjan la norma enfrentan multas de entre 3 mil y 12 mil veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización), y en casos graves o reincidentes, pueden perder sus permisos, concesiones o autorizaciones.
Una advertencia para otros destinos
Lo ocurrido en Sayulita es un claro mensaje para todo el país: las playas no son propiedad privada. No importa cuán lujoso sea el desarrollo o cuántos millones estén en juego, la ley debe de proteger el derecho de todas las personas a disfrutar de los litorales mexicanos.
