En el corazón del sur de Yucatán, un paraíso natural estuvo a punto de convertirse en otro ejemplo de deforestación impune. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio de casi 50 hectáreas que era preparado de forma ilegal para actividades agrícolas. La remoción de selva nativa, el uso de fuego como herramienta y la falta de permisos oficiales destaparon una historia que va más allá de la tala de árboles: es el reflejo de un conflicto creciente entre desarrollo agrícola y preservación ambiental. ¿Quién está detrás de este desmonte? ¿Qué consecuencias tiene para el ecosistema local?
Profepa clausura predio por cambio ilegal de uso de suelo
El pasado 26 de junio de 2025, inspectores de la Profepa realizaron una inspección en el ejido Nohalal, municipio de Tekax, al sur de Yucatán. Ahí, descubrieron una escena alarmante: 39.6 hectáreas de selva habían sido arrasadas, lo que representa el 80% de un terreno total de 49.5 hectáreas. La superficie estaba completamente nivelada, con restos de vegetación carbonizada, lo que sugiere el uso del fuego para preparar el terreno.
🚫 Por el desmonte ilegal de 39.6 hectáreas de selva, en Tekax, Yucatán, la Profepa clausuró un predio que ya tenía camino nivelado y una superficie aplanada con maquinaria pesada. 🌳
🚜 Todas las actividades de cambio de uso de suelo fueron detenidas y estamos trabajando en el… pic.twitter.com/6EIwTE7xsf
— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 7, 2025
No había duda: el predio estaba siendo acondicionado para fines agrícolas sin contar con la autorización correspondiente de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Como medida urgente, la Profepa colocó sellos de clausura y ordenó la suspensión total de cualquier actividad en el sitio.
Un daño ecológico con consecuencias irreversibles
En un ecosistema tan delicado como la selva mediana subcaducifolia, cada hectárea desmontada significa la pérdida de decenas de especies animales y vegetales. Aunque en los alrededores del predio aún se conserva vegetación nativa, el “claro” abierto en la zona inspeccionada muestra un impacto ambiental de gran escala. La deforestación no solo afecta la biodiversidad local, también altera los ciclos del agua, la temperatura del suelo y la calidad del aire.
Para construir el camino de acceso al terreno agrícola, se eliminó vegetación en una superficie de 7,500 m². La vía, de 1.3 kilómetros de largo por 5 metros de ancho, fue recubierta con materiales locales como sascab y kancab. Esto implicó la remoción de árboles adultos, renuevos y vegetación herbácea, destruyendo hábitats naturales sin contemplación.
¿Quiénes están detrás del desmonte en Tekax?
Aunque la investigación sigue en curso, las primeras evidencias apuntan a un grupo menonita como posible responsable del desmonte. Este grupo social, asentado en diversas zonas del país, ha sido señalado en otras ocasiones por actividades agrícolas que entran en conflicto con la legislación ambiental. Es importante aclarar que no hay una acusación formal todavía. Sin embargo, este caso podría derivar en sanciones administrativas y penales, si se confirma la responsabilidad directa del grupo o de quienes financiaron y ejecutaron la remoción de selva sin autorización.
La legalidad ambiental: ¿papel mojado o protección real?
El marco legal mexicano es claro: cambiar el uso de suelo forestal sin permiso es ilegal. En este caso, la Profepa actuó con base en el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 47 del Reglamento Interior de la Semarnat. Estas leyes existen para proteger ecosistemas únicos, como los de Yucatán, donde la presión sobre la tierra crece año tras año. Sin embargo, muchos predios en el sureste mexicano enfrentan una realidad dura: la expansión agrícola, ganadera y turística suele imponerse al medio ambiente. Cada árbol talado sin control representa un retroceso en la lucha por conservar los pulmones verdes del país.
Yucatán, entre la selva y el arado
Este caso es solo la punta del iceberg. En zonas rurales como Tekax, el conflicto entre preservación ecológica y necesidad de expansión agrícola está más vivo que nunca. La búsqueda de tierras para sembrar ha llevado a prácticas ilegales, como desmontes sin permiso, quemas descontroladas y alteración de suelos.
Además del impacto ecológico, surgen problemas sociales y comunitarios, como el acceso al agua, disputas por los terrenos y tensiones entre pobladores y nuevos grupos asentados. La selva yucateca es un bien común, pero su fragilidad la vuelve altamente vulnerable frente a intereses productivos que no siempre respetan los límites legales.
La clausura del predio en Tekax no es un hecho aislado, sino un símbolo de una lucha ambiental que se libra todos los días en los rincones verdes de México. Lo ocurrido nos recuerda que sin vigilancia, la selva puede desaparecer en silencio, hectárea por hectárea. ¿Qué valor le estamos dando a nuestros ecosistemas cuando permitimos que sean arrasados sin consecuencias? La respuesta está en nuestras decisiones, nuestras leyes… y en nuestra conciencia colectiva.
