Hay historias que no deberían existir. La de Pablo López Alavez es una de ellas: un hombre zapoteco de Oaxaca que pasó 15 años, 7 meses y 12 días en prisión mientras defendía su bosque y su comunidad. Su liberación es una noticia que debería celebrarse, pero que también obliga a hacer preguntas incómodas sobre cómo México trata a quienes cuidan su territorio.
¿Quién es Pablo López Alavez?
Pablo López Alavez es un defensor ambiental y comunitario de origen zapoteco, detenido en Oaxaca en 2010. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales documentaron su caso y señalaron que su encarcelamiento tenía un trasfondo político: su activismo en defensa del territorio y los recursos naturales de su comunidad.
Durante todos estos años, colectivos de derechos humanos, comunidades indígenas y organizaciones ambientales exigieron su liberación, argumentando que el proceso judicial en su contra estuvo plagado de irregularidades. Su caso se convirtió en un símbolo de la criminalización que enfrentan los defensores del territorio en México.
Un patrón que se repite en todo el país
El caso de Pablo no es una excepción. México figura de manera consistente entre los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras del medio ambiente. Año tras año, organizaciones como Global Witness documentan asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y encarcelamientos de activistas que protegen bosques, ríos, tierras y comunidades.
El mecanismo es casi siempre el mismo:
- Un defensor o defensora se opone a un proyecto extractivo, a la tala ilegal o al despojo de tierras comunales.
- Aparecen denuncias penales, muchas veces fabricadas o desproporcionadas.
- El proceso judicial se alarga durante años, convirtiendo la prisión preventiva en un castigo en sí mismo.
- La comunidad queda sin su voz más activa, y el mensaje para los demás es claro: defender cuesta caro.
En contextos indígenas, este patrón se agrava. Las barreras lingüísticas, la falta de acceso a una defensa jurídica adecuada y la distancia geográfica de los centros de poder hacen que la justicia llegue tarde, mal o nunca.
Libre, pero la deuda sigue
La liberación de Pablo López Alavez es un paso, no un punto final. Las organizaciones que acompañaron su caso son claras: recuperar la libertad no equivale a hacer justicia. Quedan pendientes la revisión de su sentencia, el reconocimiento formal de las irregularidades en su proceso y, sobre todo, la reparación del daño causado a él y a su familia durante más de tres lustros.
Quince años son una vida. Son hijos que crecen sin un padre presente, una comunidad que pierde a uno de sus defensores más activos, y un hombre que sale de prisión con la carga de todo ese tiempo perdido. La reparación, cuando existe, nunca es suficiente, pero su ausencia es una segunda condena.
Por qué su historia nos importa a todos
Los bosques de Oaxaca, como los de gran parte de México, son territorios vivos que regulan el clima, albergan biodiversidad única y sostienen a comunidades enteras. Defenderlos no es un acto de nostalgia ni de romanticismo: es una función ecológica y social indispensable.
Cuando se criminaliza a quienes cuidan esos ecosistemas, no solo se vulneran derechos humanos. También se debilita la primera línea de protección ambiental que tiene el país: las propias comunidades que han convivido con esos territorios durante generaciones.
La historia de Pablo López Alavez es un recordatorio de que la justicia ambiental y la justicia social son la misma cosa. Y que mientras no existan garantías reales para quienes defienden el territorio, la libertad de un hombre, aunque bienvenida, seguirá siendo la excepción en lugar de la regla.
