Un juez federal en Colima dictó una de las sentencias más contundentes en México por tráfico de vida silvestre: dos años y ocho meses de prisión y una reparación del daño de 4,079,387 pesos para una persona que intentó sacar del país 2,200 kilogramos de aletas de tiburón con destino a Filipinas. Las aletas —de tiburón zorro y tiburón puntas negras, dos especies protegidas por el Apéndice II de la CITES— estaban ocultas en un contenedor en el puerto interior de Manzanillo y nunca llegaron a embarcarse.
¿Cómo fue el decomiso y qué encontraron en el contenedor?
Las autoridades detectaron la mercancía en el puerto interior de Manzanillo, Colima, antes de que pudiera salir del país. En el contenedor había 2,200.5 kilogramos de aletas pertenecientes a los géneros alopias (tiburón zorro) y carcharhinus (tiburón puntas negras), ambos listados en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), lo que significa que su comercio requiere permisos específicos que el responsable no tenía.
Manzanillo no es un punto de salida casual: es el puerto comercial más grande del Pacífico mexicano y una de las rutas históricas del tráfico de aletas hacia Asia, donde se venden a precios altos para sopas y medicina tradicional. La ruta Manzanillo–Filipinas ya había aparecido en casos previos de Colima, incluido uno de casi 10 toneladas en 2019.
¿Por qué esta sentencia importa más allá de los números?
El fallo del Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Colima, leído el 8 de mayo de 2026, no se limitó a la multa de 73,168 pesos. Impuso prisión efectiva —no condicional— junto con decomiso total de la mercancía, suspensión de derechos políticos y civiles, y una amonestación. Pero el detalle que distingue este caso es el destino de los 4 millones de pesos de reparación del daño: irán directamente a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) para financiar investigación sobre las especies afectadas.
La Profepa participó como víctima y coadyuvante del Ministerio Público, lo que le permitió proponer el monto de reparación y el plan de restauración ambiental. Es un mecanismo que rara vez se activa en delitos contra la biodiversidad en México, y que convierte la sentencia en algo más que un castigo individual: el dinero regresa, en teoría, al ecosistema dañado.
La sentencia aún podía ser apelada tras la audiencia del 8 de mayo. Si ninguna de las partes impugna, queda firme y pasa al juez de ejecución.
