En Veracruz late un tesoro natural que pocos lugares del mundo poseen: el Sistema Arrecifal Veracruzano. Sin embargo, este paraíso marino enfrenta una nueva amenaza. El Gobierno de México anunció el inicio de obras para ampliar el puerto con una escollera de más de 3 kilómetros, justo sobre el arrecife La Gallega. El problema no es solo ambiental: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había ordenado detener estos trabajos. ¿Cómo es posible que estemos otra vez a punto de destruir uno de los ecosistemas más frágiles del Golfo de México?
Arrecifes de Veracruz en peligro por la ampliación del puerto
El puerto de Veracruz es uno de los más antiguos y estratégicos del país. Pero su crecimiento ha traído consigo una amenaza silenciosa: la destrucción de arrecifes coralinos. La escollera sur, de más de 3 km de longitud, impactaría directamente al arrecife La Gallega, hogar de tortugas, peces multicolores y corales que tardaron siglos en formarse.
El Sistema Arrecifal Veracruzano es un área natural protegida reconocida por su biodiversidad. Sin embargo, las obras portuarias fragmentan este ecosistema, reducen la calidad del agua y aumentan el riesgo de colapso coralino. Ambientalistas como Terranova, AIDA y EarthJustice han denunciado que este proyecto no solo pone en jaque a los arrecifes, sino también a manglares y humedales.
La Suprema Corte ya había frenado el proyecto
En marzo de 2022, la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión 54/2022, dejando sin efecto las autorizaciones ambientales que la Semarnat había otorgado desde 2004. La Corte fue clara: la evaluación del puerto se hizo de forma fragmentada, sin considerar el impacto global del proyecto ni utilizar la mejor ciencia disponible.
La sentencia ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral, considerando arrecifes, manglares y humedales. En pocas palabras: no se podían reanudar las obras sin este requisito. Pero hoy, con el anuncio del Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, parece que el fallo quedó en el olvido.
Ecosistemas frágiles al borde del colapso
La ampliación del puerto no solo amenaza al arrecife La Gallega. También hay incertidumbre sobre los lugares de donde se extraerá la piedra para la escollera. Ambientalistas temen que se usen áreas naturales protegidas como bancos de materiales, lo que significaría un doble golpe ambiental. Los arrecifes son guardianes naturales contra huracanes y erosión costera, además de sostener comunidades pesqueras. Destruirlos no solo afecta la biodiversidad: también impacta la economía local, el turismo y la seguridad de las costas.
Resistencias ciudadanas y la defensa del mar
Frente a este panorama, colectivos veracruzanos se están movilizando. Este domingo 14 de septiembre, a las 5 p.m., en el malecón de Veracruz, se realizará una protesta con música de son jarocho, carteles y actividades para niños. “No queremos más barcos, queremos arrecifes sanos”, dicen los convocantes.
La movilización busca no solo frenar la obra, sino también visibilizar que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano. Jóvenes, familias y artistas se están sumando a una lucha que combina ciencia, cultura y resistencia ciudadana.
Una decisión que marcará el futuro
La inversión anunciada para la escollera es de más de 10 mil millones de pesos, con recursos públicos y privados. Pero la pregunta es inevitable: ¿cuánto vale un arrecife? No solo hablamos de corales y peces, sino de un ecosistema que protege a Veracruz de tormentas, mantiene viva su pesca y forma parte de su identidad cultural. La contradicción es evidente: mientras la SCJN ordenó proteger los arrecifes, el Gobierno federal insiste en avanzar con la ampliación. Este choque entre justicia ambiental y proyectos de infraestructura revela un dilema que México aún no resuelve: ¿qué pesa más, el desarrollo económico o la naturaleza que nos sostiene?
El arrecife La Gallega no es solo un conjunto de corales: es un pulmón del mar, una memoria viva y un escudo natural. Hoy está en peligro por decisiones que priorizan barcos sobre biodiversidad. La Suprema Corte ya lo había dicho: se necesita una evaluación ambiental integral. Sin embargo, la obra avanza, y con ella el riesgo de perder un ecosistema único.
