Después de días de indignación y debate público, el caso de la osezna Mina dio un giro decisivo: fue trasladada a la Fundación Invictus, en Hidalgo, para recibir atención especializada. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que el zoológico La Pastora no garantizaba su bienestar, lo que además derivó en la destitución del coordinador general del recinto. Esta actualización confirma lo que activistas y ciudadanos exigían: que Mina dejara atrás el abandono y comenzara un proceso de recuperación digno.
Mina es trasladada a la Fundación Invictus
El 28 de septiembre, el zoológico La Pastora informó que Mina fue llevada bajo protocolos de seguridad hasta la Fundación Invictus, un espacio especializado en fauna silvestre ubicado en Hidalgo. El traslado ocurrió tras la orden de Profepa y después de que el caso se hiciera viral en redes sociales, donde el video difundido por la activista Cristina Marmolejo mostró al ejemplar en condiciones críticas.
De acuerdo con los reportes, Mina llegó estable, aunque su estado de salud continúa siendo delicado debido a enfermedades bacterianas, problemas renales, hepáticos y lesiones en sus patas. Para muchos activistas, el simple hecho de que Mina haya salido de La Pastora ya es una victoria, pues consideran que las condiciones del zoológico eran incompatibles con su recuperación. Ahora la atención está puesta en la evolución de su tratamiento y en la transparencia de los informes médicos que se den a conocer.
La caída de un funcionario clave
La presión social y mediática no tardó en generar consecuencias. El 27 de septiembre, Gustavo Sepúlveda Villarreal, coordinador general del zoológico La Pastora, fue separado de su cargo tras confirmarse que él y su equipo veterinario actuaron con negligencia.
Jean Joseph Léautaud Russek, director del Parque Fundidora, reconoció públicamente que el personal “pudo haber hecho más por Mina” y anunció una revisión de protocolos internos para evitar que un caso similar se repita. Esta decisión marca un precedente importante en la gestión de zoológicos en Nuevo León, aunque aún persisten dudas sobre la supervisión de otros animales en el recinto.
Reacciones oficiales y debate público
Mientras tanto, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, insistió en que Mina había recibido atención médica desde su ingreso en 2023. Sin embargo, los argumentos oficiales fueron cuestionados por activistas que consideran que el zoológico usó el diagnóstico clínico como excusa para justificar el abandono.
En redes sociales, la etiqueta #JusticiaParaMina se volvió tendencia y reflejó la desconfianza ciudadana hacia las promesas políticas de “cero tolerancia al maltrato animal”. La opinión pública coincidió en que el traslado fue un triunfo de la presión social, pero también un recordatorio de la crisis estructural en el manejo de fauna en cautiverio.
Lo que viene para Mina y para La Pastora
Ahora Mina se encuentra bajo la supervisión de especialistas en la Fundación Invictus, donde se evaluará si es posible estabilizar sus padecimientos o, en caso extremo, recurrir a la eutanasia humanitaria. Aunque el panorama médico no es alentador, activistas celebran que al menos ya no esté confinada en un espacio hostil.
Por su parte, Profepa anunció que revisará las condiciones de los demás animales en La Pastora y abrió una investigación formal para deslindar responsabilidades. Además, organizaciones de protección animal han solicitado acceso al zoológico para verificar las condiciones de especies como felinos, aves y otros mamíferos que permanecen en cautiverio. El futuro del zoológico, considerado uno de los más cuestionados del país, está ahora en el centro del debate.
El caso Mina se convirtió en un espejo incómodo para Nuevo León y para México: mostró cómo los discursos sobre bienestar animal pueden desmoronarse frente a la realidad del abandono. Su traslado no borra el sufrimiento vivido, pero sí abre una ventana de esperanza y obliga a replantear la manera en que gestionamos la vida silvestre en cautiverio. Si un zoológico con múltiples denuncias sigue operando con impunidad, ¿qué garantiza el futuro de otras especies en México? Tal vez la verdadera pregunta sea: ¿cuántos “Minas” más necesitamos ver sufrir para tomar en serio la vida animal?
