En una decisión histórica que ha sido celebrada por miles de ambientalistas y millones de personas, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Japón una suspensión a la matanza de ballenas. A pesar de que en 1986 se había decretado una prohibición contra esta práctica, Japón había logrado cobijarse alegando que utilizaba las ballenas como objeto de investigación científica, lo cual, a pesar de lo dudoso de su argumento, le permitía cazar un cierto número de cetáceos cada año. Desde 2010 el gobierno australiano había denunciado que buena parte de las ballenas terminaba en el mercado y no en el laboratorio, pero no fue hasta ahora cuando se activó la suspensión.
Peter Tomka, quien preside la corte en la Haya, determinó que Japón no acreditó las pruebas necesarias para validar su matanza de ballenas en aguas de la Antártida –bajo el programa llamado Jarpa II–, y por lo tanto está obligado a suspender inmediatamente dicha actividad.
La evidencia no establece que el diseño y la implementación de este programa sean razonables en relación a lograr sus supuestos objetivos (científicos). La corte concluye que los permisos especiales concedidos a Japón para la matanza, captura y procesamiento de ballenas bajo el programa Jarpa II no se están aplicando con fines científicos.
Hasta ahora Japón estaba autorizado para matar 850 ballenas de minke común (Balaenoptera acutorostrata), también conocida como ballena enana, y 50 ballenas de aleta (Balaenoptera physalus), a pesar de que esta última especie se encuentra en peligro de extinción.
