En playa Uva, Honduras, las familias garífunas llevan semanas en plantón para defender el territorio donde sus comunidades han vivido por generaciones y donde las tortugas carey llegan cada año a poner huevos. Frente a ellos: cerca de 120 elementos de la policía naval y una producción de reality show que eligió ese tramo de costa durante la temporada de desove. Las comunidades recibieron órdenes de desalojo y amenazas de arresto. El único derecho que piden —ser consultados sobre su propio territorio— ya lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso, al parecer, no fue suficiente para detener las cámaras.
Una playa, dos temporadas: la del reality y la de las tortugas
La tortuga carey no negocia fechas. Cada año llega a playa Uva porque ese tramo de arena hondureña es uno de sus sitios de desove, y las comunidades garífunas lo saben mejor que nadie: llevan siglos conviviendo con ese ciclo. Cuando una producción televisiva llegó a instalar su set en la zona, no eligió cualquier playa al azar —eligió, justo, ese lugar en el momento más delicado del año para la especie.
Los garífunas no se fueron. Armaron un plantón y resistieron. La respuesta del Estado fue mandar 120 efectivos de la policía naval a custodiar el área, acompañados de órdenes de desalojo y, en algunos casos, amenazas de arresto contra quienes protegen lo que siempre ha sido suyo. Lo que indigna no es solo la escala de la respuesta —es la proporción: decenas de familias contra un centenar de policías, todo para que una producción de televisión pueda seguir grabando por qué los pueblos indígenas son los mejores guardianes del medio ambiente.
El derecho que ya existe en papel pero no en la playa
La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un organismo menor ni una declaración de buenas intenciones: sus sentencias son vinculantes para los Estados miembros. Y ya reconoció el derecho de las comunidades garífunas a ser consultadas sobre decisiones que afecten su territorio ancestral. Eso significa que antes de instalar cámaras, generadores y crew de producción en playa Uva, alguien debió sentarse con las familias que viven ahí.
Ese paso no ocurrió —o si ocurrió, la respuesta fue ignorada. Las comunidades no piden detener el mundo: piden cumplir con un procedimiento que ya existe en el derecho internacional. Que la respuesta haya sido policial dice más sobre las prioridades del Estado hondureño que cualquier declaración oficial podría desmentir.
El pueblo garífuna tiene una historia larga de resistencia en Honduras. Descendientes de indígenas arawak y africanos esclavizados que llegaron al Caribe en el siglo XVII, llevan décadas enfrentando presión sobre sus tierras costeras —primero del turismo, luego de la agroindustria, ahora del entretenimiento televisivo. Cada episodio se parece al anterior: interés económico externo, promesas vagas y comunidades que terminan explicando sus derechos ante quienes deberían ya conocerlos.
Por qué esto nos importa aunque no sea nuestra playa
Amamos los realities. Vemos las temporadas completas, elegimos favoritos, discutimos eliminaciones. Pero hay algo que vale la pena preguntarse cuando los sets se instalan sobre territorios en disputa: ¿quién pagó el precio real de esa producción? En este caso, la respuesta tiene nombre —pueblo garífuna— y tiene coordenadas: playa Uva, Honduras.
No se trata de cancelar un programa. Se trata de que las empresas productoras y los canales que las contratan hagan su due diligence antes de elegir locaciones. Un territorio ancestral no es un paisaje disponible. Y una temporada de desove de tortugas carey no es un inconveniente logístico que resolver con policías navales.
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