Que un desarrollador retire su solicitud ante las autoridades ambientales no es lo mismo que renunciar a un proyecto. Esa distinción, aparentemente técnica, es la que mantiene en alerta a quienes llevan meses defendiendo El Saltito, una zona costera de Baja California Sur donde más de 109 hectáreas de ecosistema semiárido y litoral podrían transformarse en infraestructura turística.
Más de 20 mil firmas se han reunido para exigir la protección de este sitio. Y sin embargo, las organizaciones ambientales que encabezan la defensa insisten: el desistimiento del trámite no equivale a una cancelación definitiva. El proyecto puede reingresarse. La presión, dicen, debe mantenerse.
Qué hace especial a El Saltito
El Saltito no es un paisaje genérico de playa. Es un mosaico de ecosistemas que combina vegetación xerófita típica de la península —cardones, biznagas, palo fierro— con una franja costera que funciona como corredor y refugio para fauna silvestre. Entre las especies que habitan la zona se encuentran iguanas de cola espinosa, aves y reptiles varios, varios de ellos listados en la NOM-059-SEMARNAT, la norma oficial mexicana que clasifica a las especies en riesgo.
La costa, además, es zona de anidación de tortugas marinas. Los nidos ya han registrado perturbaciones por actividad humana en la playa, lo que convierte cualquier desarrollo de gran escala en una presión adicional sobre poblaciones que tardan décadas en recuperarse.
Este tipo de ecosistemas costero-desérticos son especialmente vulnerables porque combinan dos condiciones críticas: alta biodiversidad endémica y baja resiliencia ante la perturbación. Una vez que se pierde la cobertura vegetal nativa o se interrumpen los corredores de fauna, la recuperación natural puede tardar generaciones.
Por qué un desistimiento no cierra el caso
En México, el proceso de evaluación de impacto ambiental permite que un promovente retire su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en cualquier momento del trámite. Eso es, técnicamente, un desistimiento. Pero el mismo promovente puede volver a presentar una nueva MIA —ajustada, reformulada o simplemente idéntica— en otro momento.
Las organizaciones que siguen el caso señalan que mientras el proyecto no sea descartado de forma explícita por sus desarrolladores, o mientras el predio no cuente con alguna figura de protección que lo blindé legalmente, la amenaza persiste. La historia ambiental de la península tiene varios precedentes de proyectos que desaparecieron del radar público solo para reaparecer cuando la atención mediática se había disipado.
Por eso la estrategia de quienes defienden El Saltito no se limita a frenar este trámite específico, sino a construir un expediente público y una base de apoyo ciudadano que haga políticamente costoso retomar el desarrollo en cualquier forma futura.
El modelo de presión ciudadana y sus límites
Las 20 mil firmas son un dato significativo en términos de visibilidad. Las peticiones en línea han demostrado ser útiles para generar cobertura mediática, presionar a funcionarios y documentar oposición ciudadana. Pero rara vez son suficientes por sí solas para detener un proyecto con intereses económicos consolidados detrás.
Lo que sí pueden hacer —y lo que los grupos organizados en torno a El Saltito están intentando— es complementar esa presión con acciones más estructurales:
- Solicitar la incorporación del área a algún esquema de protección o conservación reconocido.
- Documentar la biodiversidad del sitio con inventarios técnicos que refuercen el argumento legal.
- Mantener vigilancia activa sobre los movimientos del predio y sus propietarios.
- Articular a comunidades locales cuya economía depende de los servicios ecosistémicos que El Saltito provee.
Lo que está en juego más allá del predio
El caso de El Saltito es también un espejo de una tensión más amplia en la costa del Pacífico mexicano: la presión del turismo de alto impacto sobre ecosistemas que no fueron diseñados —ni pueden adaptarse— para absorberlo. Baja California Sur ha visto crecer su industria turística de forma acelerada, y con ella, la demanda de suelo costero para desarrollos que prometen derrama económica pero que raramente internalizan los costos ambientales reales.
Defender El Saltito no es solo defender ese polígono de 109 hectáreas. Es también disputar el modelo bajo el cual se decide qué se conserva y qué se sacrifica en nombre del desarrollo. Y esa disputa, como el propio desistimiento lo confirma, está lejos de resolverse.
