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En 2012, Monsanto pidió autorizaciones para la siembra de soya transgénica en terrenos mexicanos, principalmente en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada. Frente a esto, los representantes de las comunidades y organizaciones mayas de Campeche presentaron al Juez Segundo de Distrito un oficio consignado sobre las irregularidades que se han dado en el proceso desde principios de la sentencia que amparó a las comunidades mayas.
Pese a que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN– falló a favor de las comunidades indígenas mayas de Yucatán y Campeche de suspender el permiso por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación –SAGARPA–, las autoridades federales violaron el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Yucatán y Campeche.
Las comunidades y las organizaciones indígenas comentaron que las irregularidades en el proceso de consulta:
– La falta de garantías de seguridad durante las sesiones del 30 de junio al 1 de julio en Hopelchén y Tenabo, “en las que se permitió la entrada a la sesión de más de 100 agricultores no indígenas favorables a la siembra de soya genéticamente modificada”;
– la falta de imparcialidad de las autoridades encargadas de realizar la consulta, como la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados –CIBIOGEM–;
– y la ilegalidad del proceso efectuado en la comunidad de Vicente Guerrero, en donde CIBIOGEM realizó varias reuniones deliberativas sin la presencia de las autoridades tradicionales ni de la mayoría de la población sobre la siembra de soya transgénica a pesar de que no está permitida.
De hecho, la Misión de Observación de la Consulta Indígena Maya, desde mediados de julio han notado diversas irregularidades hacia comunidades indígenas de la península de Yucatán. Las autoridades federales violan flagrantemente los principios de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por esta razón, en palabras del Colectivo Apícola de los Chenes y Ma OGM, las comunidades indígenas solicitan que:
[E]l Juez tiene la obligación inmediata de iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia, requerir información a las autoridades encargadas de realizar la consulta, entre otras las distintas videograbaciones que han sido tomadas por los representantes de CIBIOGEM, y en su caso, establecer las sanciones correspondientes para las autoridades responsables encargadas tanto de verificar que no se siembre la soya transgénica, como de efectuar el proceso de consulta en los términos señalados por la Corte.
Los productos de OGM y Monsanto están relacionados con numerosos problemas ambientales, enfermedades y mutaciones. Estos organismos son principalmente químicos que han impactado en la salud de las personas que los consumen, resultando en enfermedades como el cáncer, desordenes cutáneos, supresión inmune, anemia, diabetes, problemas de hígado, malformaciones –microcefaleas asociadas con el virus de Zika–; y en destrucciones de hábitats naturales.
De acuerdo con la FAO, “activistas inquietos por la liberación de OMG en la biosfera han destruido parcelas experimentales al menos en cuatro continentes”. Y pese a los esfuerzos de varias organizaciones no gubernamentales para detener las consecuencias devastadoras, los productos de Monsanto continúan fabricándose y expandiéndose por el mundo; tales como Dioxin, Glifosato, PCB, entre los más conocidos.
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