La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que agrupa a decenas de especialistas en México, ha sido uno de los más críticos de La Ley General de Aguas que ha propuesto el presidente del país y fue aprobada en fast track por legisladores mexicanos en comisiones. Esta organización y muchas otras han estado en pocos días haciendo ruido y reuniendo firmas para que esta ley no se aprobada (con el voto de la totalidad de los legisladores) pues esta considera al agua como un bien económico y no social.
En México desde finales de los años 80 se han concretado reformas privatizadoras que benefician a unos pocos (desde hace treinta años más de la mitad de la población vive en pobreza y la economía apenas ha crecido). Las privatizaciones a su vez han acelerado el deterioro del medio ambiente y la marginación de las comunidades. Así, la privatización del agua sería la culminación de una mentalidad neoliberal que no beneficia a las mayorías.
Increíblemente, la UCCS en pocos días logró conseguir más de 11 500 mil firmas para que los legisladores aplazaran la discusión. Con ello, y con el ruido mediático que han generado, los legisladores mexicanos decidieron aplazar el dictamen de esta ley, pero no es suficiente. Este tipo de acciones muchas veces son usadas como una estrategia para que el tema baje de potencia en los medios y así no se vean tan presionados. Por lo anterior, la UCCS estará exigiendo que también se elimine el dictamen existente por las siguientes 4 razones:
1.Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social.
2. Promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos
3. Amplía los márgenes para poder contaminar el agua
4. Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.
Los mínimos que deberá contemplar la nueva ley:
1. Contribuir a garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante la disponibilidad de agua suficiente y de calidad para los ecosistemas.
2. Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento a todos los habitantes;
3. Garantizar el derecho a la alimentación en lo relacionado al agua;
4. Garantizar el uso preferente del agua por parte de los pueblos indígenas en las tierras que habitan y
ocupan, así como el respeto por sus derechos culturales, usos, costumbres y formas de gobierno en
relación con el agua;
5. Estabilizar y restaurar los flujos de aguas subterráneas y superficiales.
6. Eliminar progresivamente la contaminación de cuerpos y corrientes de agua, así como las actividades que destruyen o deterioran las cuencas y sus aguas subterráneas, y
7. Eliminar progresivamente la vulnerabilidad de la población ante sequías e inundaciones causadas por el manejo inadecuado de las cuencas.
Otro de los temas indignantes
De aprobarse la ley tal cómo está, incluso se obstaculiza el estudio del agua en México. Los académicos, por ejemplo, deberán pedir un permiso especial para analizar muestras de agua. Lo anterior podría beneficiar a empresas contaminadoras para continuar con una impunidad promovida por el propio gobierno.
Aquí puedes firmar
Acá puedes conocer la ley que propone la sociedad civil y científica.
Ellos son los diputados presidentes de las comisiones que apoyan la ley privatizadora @KamelAthie Jesús Manuel Patrón Montalvo (confróntalos).
Twitter del autor: @anapauladelatd