El pasado 14 de junio, Nayarit, en México, fue testigo de cómo 30 tortugas marinas de la especie golfina fueron encontradas muertas en la playa Novillero. Pese a encontrarse dentro de la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales –ahora una Área Natural Protegida por CONAP–, los quelonios se encontraban en un estado muy deteriorados, por lo que se cree que sus muertes fueron a causa de diferentes eventos.
De acuerdo con los lugañeros, la principal causa de la muerte de las 30 tortugas marinas es la pesca ilegal, pues últimamente se ha observado a pescadores con redes de gran longitud en la zona.
Esta situación no se ha presentado en los límites del territorio mexicano, si no en las costas del mundo entero. Frente a esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO, por sus siglas en inglés–, ha puesto en vigor el primer tratado mundial contra la pesca ilegal; se trata de un acuerdo internacional pionero en su género con el objetivo de acabar la pesca ilegal en al menos 29 países.
En el acuerdo se ponen en evidencia medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada –PSMA, por sus siglas en inglés–. Como por ejemplo:
Crear gestiones en los puertos que no sólo detecten la pesca ilegal, también impidan la descarga y la venta de pescado capturado indebidamente;
formar centros de información sobre los buques que pescan de forma “poca escrupulosa”;
exigir a los buques pesqueros extranjeros que soliciten autorización para entrar a los puertos con la suficiente antelación, aportando información detallada sobre sus identidades, sus actividades y el pescado que lleven a bordo, así como desembarcar sólo en los puertos designados y equipados para la realización de inspecciones eficaces;
en caso que a un barco se le niegue el acceso a un puerto o se detecten problemas en las inspecciones, se debe trasladar la información al país cuyo pabellón enarbola el buque así como informar a las demás firmantes del Acuerdo y a las autoridades portuarias en los países vecinos.
El objetivo es alcanzar una pesca sostenible que pueda ayudar a alimentar al mundo, principalmente en los países participantes del acuerdo; tales como Australia, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Gabón, Guinea, Guyana, Islandia, Mauricio, Mozambique, Myanmar, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Palau, República de Corea, Saint Kitts y Nevis, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tonga, Estados Unidos de América, la Unión Europea (como organización miembro), Uruguay y Vanuatu.
Y es que, si bien existen medidas para combatir la pesca INDNR en el mar, éstas suelen ser costosas y resultar difíciles de implementar –especialmente en países en desarrollo– debido a la extensión de las zonas oceánicas a vigilar y los costes de la tecnología necesaria. Por ello, el acuerdo que ha entrado en vigor, pretende proporcionar a la comunidad internacional una herramienta valiosa para cumplir la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 –la cual incluye un objetivo explícito sobre la conservación y el uso sostenible de los océanos–.
