El Tren Maya, uno de los proyectos estrella del gobierno mexicano, enfrenta su mayor desafío ambiental: la Semarnat reconoció oficialmente daños en ocho cenotes y cavernas del tramo 5, entre Cancún y Tulum. La secretaria Alicia Bárcena Ibarra admitió ante diputados que parte de la obra se realizó sin todos los permisos necesarios, por lo que el gobierno busca “regularizar” el proyecto. Un intento por corregir el rumbo de un desarrollo que prometía conectar al sureste, pero terminó dejando huellas profundas en su ecosistema.
Semarnat reconoce daños ambientales del Tren Maya
Durante su comparecencia, Bárcena fue directa: “Estamos muy conscientes de que en el tramo 5 ha habido una afectación a las ocho cavernas y cenotes”. La funcionaria explicó que cada semana se reúne un grupo interinstitucional (Semarnat, Profepa y representantes del Tren Maya) para revisar permisos, condicionantes y medidas de reparación ambiental.
Según la dependencia, el proyecto aún opera sin todos los permisos completos, por lo que se trabaja para “regularizarlo” e imponer nuevas condicionantes como reforestaciones, retiro de concreto y restauración de zonas dañadas. Hasta ahora, solo el 45% del cambio de uso de suelo está en regla y el 95% de las condicionantes ambientales está en proceso de cumplimiento.
Cenotes y cavernas: el corazón herido del Caribe
El tramo 5 atraviesa una región especialmente frágil: la red de ríos subterráneos y cenotes de la Península de Yucatán, un ecosistema único en el mundo. Datos presentados en la Cámara de Diputados revelan que más de 6,600 hectáreas de selva han sido deforestadas por las obras del Tren Maya y que el 61% de esas áreas carece de permiso de cambio de uso de suelo.
Además, se calcula que más de 3.5 millones de árboles fueron talados entre Cancún y Tulum, mientras que otros 2.6 millones cayeron en el tramo hacia Chetumal. Bárcena reconoció que el daño ya está hecho, pero insistió en que el gobierno actual busca “ponerle reglas a lo que ya existe” y avanzar en su restauración.
Regularizar o reparar: el dilema ambiental del gobierno
“Regularizar” no es solo un tecnicismo: significa revisar miles de permisos, auditar daños y exigir compensaciones reales. Bárcena informó que un equipo especial evalúa los siete tramos del tren y sus 28 obras asociadas, con reuniones semanales para determinar qué permisos faltan y qué medidas deben aplicarse.
Aunque la información ambiental del proyecto fue clasificada hasta 2027, la Semarnat asegura que ahora se publica en la Gaceta Ecológica, un paso hacia la transparencia. Sin embargo, ambientalistas advierten que la falta de acceso pleno a los datos impide evaluar con precisión los impactos y las acciones de mitigación.
Agua, concesiones y crisis: el otro frente de Semarnat
Más allá del Tren Maya, Bárcena alertó sobre la crisis del agua en México, que afecta a más de 35 millones de personas sin acceso a agua limpia. Señaló que existen más de 538,000 concesiones de agua, muchas otorgadas durante gobiernos anteriores, y que el 90% ya ha sido revisado.
Con la próxima reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el gobierno busca regular el uso de aguas tratadas y limitar concesiones abusivas. En la Península, donde los acuíferos son frágiles y están conectados con los cenotes, esta regulación podría ser clave para evitar nuevas contaminaciones ligadas al Tren Maya.
El caso del Tren Maya refleja un dilema urgente: ¿puede México desarrollarse sin destruir su riqueza natural? Reconocer los daños es un primer paso, pero la reparación real exigirá voluntad política, inversión y vigilancia ciudadana. Si el gobierno cumple su promesa de restaurar lo dañado, el Tren Maya podría transformarse en una lección sobre equilibrio ambiental. Si no, quedará como otro ejemplo de cómo el progreso puede pasar por encima de la vida.
