En 2022, las imágenes que salieron del predio de Black Jaguar White Tiger sacudieron a México: grandes felinos desnutridos, con lesiones visibles, hacinados en condiciones que difícilmente podían llamarse santuario. PROFEPA aseguró 212 animales, entre ellos 187 grandes felinos, además de primates, coyotes, burros y perros. Una leona no sobrevivió. La indignación fue inmediata y masiva. Cuatro años después, la pregunta incómoda no es qué pasó con los animales, sino qué pasó con el sistema que permitió que todo eso ocurriera, y qué garantiza que no vuelva a ocurrir.
Un permiso que no se fue
El Padrón Nacional de Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre, actualizado al 30 de junio de 2026, registra el permiso de Eduardo Serio como vigente. Eso significa que, en términos legales, la persona señalada como responsable del maltrato de cientos de animales silvestres tendría la posibilidad de reproducir y comercializar grandes felinos bajo el amparo de ese registro.
No es un tecnicismo menor. En México, los permisos de manejo de vida silvestre son el mecanismo central a través del cual el Estado regula quién puede tener, criar y mover animales protegidos. Que ese permiso permanezca activo después de un aseguramiento de esta magnitud revela una desconexión profunda entre las distintas instancias que deberían actuar de forma coordinada: la autoridad ambiental, la fiscalía y el sistema judicial.
La orden de aprehensión que no prosperó
En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) logró obtener una orden de aprehensión contra Serio. Sin embargo, un tribunal la dejó sin efecto al detectar deficiencias en las pruebas presentadas. El caso, que en su momento generó cobertura nacional e internacional, cerró ese capítulo sin una condena.
Este desenlace no es exclusivo del caso Black Jaguar White Tiger. Es un patrón que se repite en delitos ambientales en México: la recolección de evidencia forense en casos de maltrato animal o tráfico de vida silvestre suele ser técnicamente compleja, y las fiscalías no siempre cuentan con los protocolos ni los recursos especializados para sostener esas acusaciones ante un tribunal. El resultado es que el umbral real de consecuencias para quien explota animales silvestres bajo la fachada de un «santuario» sigue siendo muy bajo.
El modelo «santuario» y sus vacíos legales
Uno de los elementos más perturbadores del caso es que Black Jaguar White Tiger operó durante años con una narrativa de rescate y conservación que le generó visibilidad, donaciones y respaldo público. Ese modelo —el del particular que «salva» animales silvestres y los mantiene en un predio privado— existe en una zona gris de la regulación mexicana.
La Ley General de Vida Silvestre establece condiciones para el manejo de fauna, pero la verificación efectiva de esas condiciones depende de inspecciones que no siempre son frecuentes ni sistemáticas. Un predio puede acumular cientos de animales durante años antes de que una denuncia detone una revisión. Y cuando esa revisión llega, como ocurrió en 2022, el daño ya está hecho.
- Falta de inspecciones periódicas obligatorias con criterios técnicos de bienestar animal.
- Ausencia de un registro público en tiempo real del número y condición de los animales en cada predio.
- Desconexión entre PROFEPA, SEMARNAT y la FGR para actuar de forma coordinada cuando se detectan irregularidades.
- Penas insuficientes en la legislación penal ambiental que desincentiven este tipo de explotación.
Qué implica que el permiso siga vigente
Más allá del caso específico, el hecho de que un permiso de manejo de vida silvestre permanezca activo después de un aseguramiento de esta escala envía una señal sobre cómo funciona el sistema: los instrumentos administrativos y los procesos penales corren por carriles separados, y uno no cancela automáticamente al otro.
Para los animales que siguen en predios similares en todo el país, esa desconexión no es abstracta. Es la diferencia entre una inspección que llega a tiempo y una que llega tarde. El caso Black Jaguar White Tiger no terminó cuando las cámaras se fueron. Terminará, o no terminará, según lo que México decida hacer con los vacíos que lo hicieron posible.