La transición energética: un requerimiento de sustentabilidad para México

México es un país con enormes recursos renovables para su explotación y es factible económica y ambientalmente su aprovechamiento.

*Por Zaira Zyanya Ramírez Soto

 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), México no está preparado para el cambio de energías fósiles a renovables (Lopez, 2017). El país cuenta con un enorme potencial en recursos renovables para generación de energía, pero sólo una pequeña parte de éstos se aprovecha: en el 2016, de la energía generada el 79.6% provino de combustibles fósiles.

Este ensayo discute los retos de un desarrollo energético sostenible en México. Para ello se estudia el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 (PRONASE) como política pública, a la luz de los conceptos de la sostenibilidad y las políticas públicas (PP). La reflexión permite identificar los elementos principales del PRONASE y su contribución a la sostenibilidad energética de México.

 

Desarrollo energético sostenible en México: sostenibilidad y políticas públicas

transicion-energetica-mexico-desarrollo-energias-sostenible-sustentabilidad

La sostenibilidad se define como la capacidad de un sistema de reajustar adaptativamente sus estructuras e interacciones socioecológicas para enfrentar las perturbaciones y persistir sin cambios significativos en sus atributos y funciones esenciales (Berkes, Colding y Folke, 2003; Folke, 2006; Holling, 1996, 2001; Norberg y Cumming, 2008). Las políticas públicas son decisiones y acciones de gobierno que definen los problemas públicos que necesitan solución y los mecanismos que se pueden implementar para lograrlo. A las políticas públicas en democracia las distingue la existencia de ciudadanía informada, activa y participativa (Arellano y Blanco, 2013). 

Al analizar la crisis sistémica de deterioro ambiental mundial, el sector energético cobra especial relevancia. El petróleo determina la vida energética y económica de muchas naciones, entre ellas México. El paradigma del petróleo conviene a la satisfacción de intereses y necesidades de grupos diversos respecto al uso de la naturaleza y sus recursos (Rodríguez y col., 2015). Sin embargo, es necesario satisfacer las necesidades del desarrollo humano de la mano de la protección de los sistemas de soporte de la vida; es fundamental lograr un desarrollo sostenible (Cash, 2003).

México es un país con enormes recursos renovables para su explotación y es factible económica y ambientalmente su aprovechamiento. La transición energética nacional está en marcha, pero a una velocidad muy reducida y con grandes incertidumbres. La pregunta base es: ¿Qué representa una transición energética nacional? Es simple: se busca cambiar y diversificar el actual sistema energético en el que los hidrocarburos representan la oferta principal y reducir el impacto negativo al ambiente provocado por el uso de energías tradicionales, y sustituir esto por un sistema con mayor participación y diversificación de fuentes de energía renovable (ER). 

Para ello se requieren mecanismos de política pública que promocionen las ER y que la valoración de sus beneficios se reconozcan en el país. México posee un importante potencial de ER: en promedio, el país recibe en 6 horas de exposición al sol una cantidad de energía que equivale a un consumo nacional de 1 año. La tecnología nueva permite un uso importante de este energético, que hasta la fecha, en México se usa marginalmente.

transicion-energetica-mexico-desarrollo-energias-sostenible-sustentabilidad

La seguridad energética incorpora asegurar recursos energéticos propios o fuentes externas de energía confiables y estables en el corto, mediano y largo plazo; una menor dependencia de energéticos del exterior; renovar las fuentes de energía; iniciar un uso eficiente e inteligente de energía; implementar de manera masiva fuentes de ER no convencionales y reducir el impacto ambiental causado por emisiones de gases de efecto invernadero. Emprender acciones que incentiven el uso responsable e inteligente de la energía en todas al actividades diarias fortalecerá la seguridad energética y, por ende, propiciará el desarrollo sustentable del país. Un sector energético eficiente debe ofertar servicios energéticos al menor precio, con un impacto ambiental mínimo y a la mayor cantidad posible de familias y empresas. 

México cuenta con un marco jurídico diverso en temas de ER, a partir de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) (2008), invalidada en el 2015 tras publicar la Ley de la Transición Energética (LTE) (2015); actualmente, se cuenta con cinco leyes y cuatro reglamentos relacionados al aprovechamiento y regulación de ER. 

El PRONASE (2014) refleja la política pública nacional para la transición energética. El PRONASE busca diseñar y desarrollar acciones y programas que fomenten el uso óptimo de energía en procesos y actividades del sistema energético del país; robustecer la regulación de eficiencia energética en aparatos que consuman energía; fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al aprovechamiento sustentable de la energía; aportar en la formación y difusión de una cultura de ahorro de energía; promover la investigación y el desarrollo tecnológico en eficiencia energética; colaborando en la reducción de la intensidad energética de la economía, una economía baja en carbono y un compromiso con el medioambiente. 

Las herramientas de la PP abordan a las ER como un fragmento del compromiso de sustentabilidad y parte de las acciones contra el cambio climático, considerando como prioridad la diversificación de la matriz energética del país; éste establece indicadores para el seguimiento dirigido a la eficiencia energética y el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Es urgente el impulsar el sector energético, ya que es una gran área de oportunidad para incrementar la generación de ER y crear condiciones para avanzar al desarrollo de un modelo energético sustentable y de bajo carbono. El PRONASE efectivamente puede contribuir a la sostenibilidad energética de México, ya que logró en el 2016 un ahorro energético de 6,913.7 GWh, capacitación en sustentabilidad energética a recursos humanos y actividades de divulgación, además de un incremento al financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia de eficiencia (PRONASE, 2016); así mismo, promueve la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante, influyendo positivamente en la creación de empleos, competencia y diversificación de fuentes de energía. 

Sin embargo, el reto que se mantiene en el sector energético de México es la falta de decisión política para hacer un cambio en el modelo de desarrollo, caracterizado por ser demasiado conservador y con una fuerte inercia a cambios tecnológicos y sistémicos, que es lo que requiere una transición energética. Prácticamente es pobre el concepto de seguridad energética en México y, más aún, las modestas estrategias que ha planteado el gobierno mexicano para alcanzarla. Una transición energética que acceda paulatinamente a un modelo basado en energéticos renovables, los cuales abundan en México, es urgente y la única solución posible a largo plazo.

 

Bibliografía

Arellano, D. y Blanco, F. (2013). Políticas públicas y democracia. Instituto Federal Electoral, México.

Berkes, F., J. Colding y C. Folke (2003). Navigating social-ecological systems: Building resilience for complexity and change. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Cash, D. y col. (2003). Knowledge systems for sustainable development. Harvard University, Cambridge, EE.UU.

CEMDA (2017). Marco jurídico de las energías renovables en México. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. México.

Farhad, S. (2012). Los sistemas socio-ecológicos. Una aproximación conceptual y metodológica. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. XIII Jornadas de Economía Crítica.

Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global Environmental Change, Vol. 16, Issue 3, August 2006, pp. 253-267.

Gamboa, C. (2014). Energías Renovables. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, México.

Gobierno de la República (2014). Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. Primera Edición. México.

Gobierno de la República (2016). Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018: Logros 2016. México.

Islas, J. y Grande. G. (2 de Octubre de 2013). Políticas públicas para impulsar las energías renovables en México. Revista Mexicana de Física, vol. 59, núm. 2, pp. 1-14.

Lopez, A. (2017). El rol de las instituciones en el uso de energías limpias. (Tesis de Licenciatura). Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITESM), México. 

Melgar, L. (2011). Políticas Públicas para la Transición Energética en México. ITESM, México.

Norberg, J. y Cumming, G. (2008). Complexity Theory for a Sustainable Future. Columbia University, Nueva York, EE.UU.

Palacios, A. (2008). Políticas para el aprovechamiento sustentable de la energía en México. SENER, México.

Rodríguez, I., Sarti, C. y Aguilar, V. (2015). Transformación de Conflictos Socio-Ambientales e Interculturalidad: Explorando las Interconexiones. Centro de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Los Andes. Colombia.

Santiago, M. (2009). Sustentabilidad a dos tiempos. Polis, revista de la Universidad Bolivariana, vol. 8, núm. 24, pp. 357-382.

SENER (2016). Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030. México.

Villarreal, J. (2013). Reforma energética, transición energética y cambio climático. Café Político, México. 

México Sostenible
Autor: México Sostenible
Somos una organización de jóvenes comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país. Integramos un equipo interdisciplinario capaz de analizar diferentes temas de la agenda ambiental, con el fin de generar acciones para fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático e incentivar su desarrollo sostenible.


México ya no es un país petrolero: ¿debería volverse superpotencia en energía renovable?

Quizá sí, pero lo más importante está en pensar cómo reorganizaremos la vida en colectividad más allá del petróleo.

¿Te imaginas una vida sin petróleo? Cuesta trabajo pensar en un futuro que no gire alrededor de esta sustancia. Desde hace más de 1 siglo somos una auténtica sociedad del petróleo, y hoy en día éste sigue siendo omnipresente. El petróleo, como una esencia, se encuentra en todos lados: en tu computadora, tu teléfono y tus gadgets; pero también en tu ropa, en los envases y hasta en la goma de mascar.  

Y es que ha sido gracias al petróleo que hemos podido producir y reproducir la existencia a ritmos vertiginosos. Gracias a este líquido podemos cosechar alimentos y transportarlos a las tiendas, así como poner a funcionar las fábricas donde se produce todo aquello que consumimos. 

Como todos los países, México también depende del petróleo.

En 1930, México se consagró como un país petrolero. El “oro negro” es lo que ha sustentado a la economía mexicana desde entonces, aunque tras la crisis de 1982 comenzó el lento declive de Pemex y el desmantelamiento de sus diversas ramas. No obstante, el nuevo gobierno está sosteniendo tanto sus promesas como sus esperanzas en este combustible, así como en la endeudada paraestatal.

No obstante, el petróleo ya no es una opción…
ni para México ni para el planeta.

La era de los combustibles fósiles está llegando a su fin –en especial porque cada vez es más difícil extraerlos–. Esto nos ha dejado inmersos en un predicamento ambiental y social, pues nos hemos vuelto tan dependientes del petróleo que no podemos ni imaginar una vida sin él, pese a que su uso desmedido nos tenga al borde de la extinción. Pero ahora, la creciente escasez de esta sustancia, junto con la crisis ambiental en aumento, nos coloca bajo un imperativo ineludible: debemos transitar hacia otro modelo energético.

Por eso, Jeffrey Sachs, profesor de economía de la Universidad de Columbia, cree que México debe –y puede– convertirse en una superpotencia en energía renovable, un camino por el cual ya han comenzado a transitar importantes potencias como la India, cuya producción energética pronto vendrá únicamente de fuentes sustentables.

Este experto dijo estar reuniéndose con funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer de México una superpotencia en energías renovables. Y es que Sachs afirma que México tiene la posibilidad de invertir en un futuro más sustentable.

Según le dijo Sachs al periodista Justin Villamil:

 ¿Por qué invertir en Pemex cuando lo que México realmente necesita es un Solarmex?

La cuestión radica en que, según el último informe de la Secretaría de Energía hecho para el primer semestre de 2018, durante ese período las energías renovables o limpias no representaron más que el 25% del total de la energía producida, mientras que los combustibles fósiles siguen abarcando el 75%.

No obstante, y de acuerdo con el mismo informe, durante 2017 el 36% de las nuevas inversiones realizadas en Latinoamérica para el desarrollo de proyectos de energías renovables se realizó en México, lo que hace del país uno de los 12 lugares más atractivos en donde invertir. Aunque esto tuvo que ver, por supuesto, con la Reforma Energética, lo cual pueden no ser muy buenas noticias.

Pero entonces, ¿puede ser México una superpotencia en energía renovable?

Según Juan Arellanes, profesor de geopolítica y especialista en temas de seguridad energética de la Universidad Anáhuac México, con quien tuvimos la oportunidad de charlar, el problema para el sector energético en México es más profundo:

La energía no es un bien económico como una hamburguesa o un automóvil. La energía es el precursor de toda actividad económica. Y es el sector energético el que entrará en crisis a nivel mundial.

El problema es que la producción de petróleo convencional está en descenso, mientras que sólo está creciendo la producción de petróleo no convencional, que requiere más energía para su producción.

Como este experto recalca, la cuestión no está en la escasez de petróleo, sino en que no se podrá aumentar la producción de éste combustible más que, si acaso, a costa del planeta. Y esto es un problema muy grave para el actual gobierno:

Si sumamos los dos factores (la inelasticidad de la demanda de petróleo y el encarecimiento de su extracción) tenemos un problema muy grave: invertir en petróleo y gas es absolutamente necesario, pero no es rentable.

Es aquí donde entra la oportunidad –y quizá la necesidad– de invertir en energías renovables. La gran pregunta es:

¿Las renovables son rentables, financieramente hablando?

En algunos casos sí, en otros no. Se requiere del mejor diagnóstico posible para responder con precisión. Las opiniones técnicas están divididas y es muy posible que la estimación del potencial, en muchos casos, esté inflada. Hay mejores localizaciones que otras para el viento y el sol, para el calor interno de la tierra, para las plantas hidroeléctricas, etc.; pero esas mejores localizaciones son las primeras en ser ocupadas.

Conforme la industria de la energía renovable vaya creciendo, las localizaciones más rentables ya no estarán disponibles y el sector experimentará lo mismo que le está pasando al petróleo: rendimientos decrecientes. De hecho, aun si todo el planeta tuviera condiciones adecuadas, las renovables tendrían rendimientos decrecientes. Porque las renovables son una extensión del sistema energético fósil, es decir: necesitamos de petróleo para construir la infraestructura de la energía renovable.

De modo que, ¿quién debería desarrollar las energías renovables? 
¿el sector público o el sector privado?

Para el profesor Arellanes, no hay que olvidar que cuando Lázaro Cárdenas expulsó a las empresas petroleras extranjeras e hizo de la industria del petróleo un bien común de todos los mexicanos, fue cuando el país pudo desarrollarse más velozmente y salir de las diatribas en que se había metido las décadas anteriores.

Ahora, López Obrador aseguró –y de hecho “decretó”– que México ya no será un país neoliberal –lo que económicamente hablando significa abandonar el paradigma del puro y omnipotente libre mercado–. De ello se deduce que cualquier tipo de manejo de energía renovable debería plantearse también en términos de gestión pública y estatal, ya que además se trata de un sector estratégico del que depende la soberanía ambiental.

Y más aún porque, según el profesor Arellanes:

La iniciativa privada [de energías renovables] sólo estará interesada en invertir mientras las inversiones sean rentables y generen beneficios. Pero el problema es que el nuevo gobierno ni siquiera está discutiendo esto. La prioridad es rescatar a la industria petrolera nacional, construir refinerías e impulsar el fortalecimiento de Pemex.

Según este experto, nuestro predicamento energético no se solucionará sólo combatiendo la corrupción –por ejemplo, haciéndole la guerra al huachicol–, ni intentando enmendar el pésimo manejo que sufrió Pemex en años anteriores…

Ello, sin duda, servirá. Por una razón: necesitamos del petróleo, necesitamos de Pemex para realizar la transición energética a renovables. Pero es importante que el gobierno tenga claro que el rescate de la industria petrolera es sólo un medio, no un fin en sí mismo.  

Debemos pensar colectivamente en cómo reorganizar la vida social más allá del petróleo.

Para terminar esta reflexión, el profesor Arellanes hizo hincapié en que debemos rediseñar por completo nuestras ciudades, las formas en que nos transportamos, en que producimos, e incluso las formas cómo interactuamos:

Se requiere renunciar al paradigma del crecimiento y encontrar una alternativa de sentido civilizatorio que sustituya a la idea moderna de progreso. Un desafío tan importante no puede dejarse en manos del mercado.

¿Tú qué opinas?

Sandra Vanina Greenham Celis
Autor: Sandra Vanina Greenham Celis
Colaboradora del proyecto político Colectivo Ratio. Le gusta potenciar la depresión en su psique consumiendo productos culturales de las postrimerías del siglo XX. Cree teleologicamente en el arribo de la humanidad al comunismo.


El mercado mexicano de carbono, un componente crucial para enfrentar el cambio climático e impulsar la justicia social en México

Es importante impulsar una economía de bajas emisiones en los sectores de energía, ciudades, alimentación, uso de suelo, agua e industria; no hacerlo comprometería nuestro desarrollo social y, sobre todo, nuestro medioambiente.

* por Andrés Flores Montalvo

 

La lógica de un sistema de comercio de emisiones de contaminantes es eminentemente económica, ya que con él se busca lograr los objetivos de política ambiental de forma más costo-efectiva. En el caso del dióxido de carbono (CO2), por ejemplo, hace sentido establecer incluso un comercio internacional, siendo que es un contaminante global y que tendría el mismo beneficio ambiental la reducción de 1 tonelada, independientemente de dónde se produzca. Con esa lógica se establecieron los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, como el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), que permiten a países industrializados “comprar” a países en  desarrollo, donde es más barato lograrlas, las reducciones de emisiones necesarias para cumplir con sus metas obligatorias de mitigación.

En el caso de un comercio de emisiones entre empresas, esta lógica prevalece. Aquellas que tengan costos marginales mayores para reducir 1 tonelada de emisiones, dado el estado del arte de su tecnología o su capacidad de inversión, por ejemplo, pueden comprar las reducciones logradas a empresas a las que les resulte más barato mitigar emisiones, y que tengan un excedente por encima de sus propios compromisos de mitigación.

Dependiendo de las reglas del mercado (qué sectores participan; de qué tamaño deben ser sus emisiones; qué porcentaje de sus metas pueden “comprar” contra el que deben lograr internamente) y de los límites (o porcentajes) de reducción de emisiones que se establezcan por sector, el gobierno, como regulador, puede además obtener algunos recursos, por ejemplo si decide cobrar por los derechos de emisión que se comercializarán, o si establecen cuotas de participación para cubrir al menos los costos de administración del sistema de comercio de emisiones. Es posible incluso recaudar fondos para atender  problemáticas sociales u objetivos de protección ambiental.

 

¿Racionalidad económica o argumentos éticos?

A pesar de estas ventajas, no todos están de acuerdo con los instrumentos de mercado como política de combate al cambio climático. En las negociaciones  climáticas multilaterales, algunos países (Bolivia como el caso más notable) se opusieron consistentemente a la inclusión del concepto de “mercados” y a establecer mecanismos de flexibilidad para el cumplimiento de compromisos de mitigación, aduciendo que los países desarrollados, dada su responsabilidad  histórica, debían reducir sus emisiones sin tener que “comprar” reducciones logradas por otros. Sin embargo, el tema se ha mantenido como un punto vigente en la agenda de las negociaciones, bajo el argumento de la lógica  económica de estos mecanismos, y del consenso general respecto a que sería difícil lograr las trayectorias de emisiones que nos pongan en ruta hacia un calentamiento máximo de 2 grados centígrados (y menos hacia 1.5), a  menos de que se le ponga un precio al carbono. En todo caso, al argumento de racionalidad económica se le contrasta con frecuencia con el argumento ético.

En el caso de los entes regulados, en este caso la industria, se esperaría que estuvieran a favor de un sistema de comercio de emisiones, dado que les da flexibilidad para lograr sus metas de reducción de manera más costo-efectiva, fomentando la innovación, e incluso permitiéndoles recibir ingresos adicionales si logran reducciones mayores a sus metas, mismas que pueden comerciar. Con frecuencia esto no ocurre, y en México este ha sido el caso, no necesariamente por oposición a tener una política que les daría  flexibilidad, comparado con la regulación directa, sino por resistencia a asumir metas de reducción de emisiones, del tipo que sea, argumentando que ello afectaría su competitividad frente a otros países.

Por esta razón, y por la dificultad para predecir un resultado final en términos de reducción de emisiones, es importante una fase piloto, en la que puedan afinarse las reglas del mercado. Un elemento adicional para asegurar su efectividad sería poder establecer un mercado que sea lo más sencillo y transparente posible.

mercado de carbono-mercado-mexicano-carbono-cambio-climatico
Ilustración: Tskisse Talsma

 

El inmenso mercado chino y el caso de México

En el mundo existen 21 sistemas de comercio de emisiones (SCE) en operación, y hay otros cinco (entre ellos el de México) oficialmente programados. De igual forma, diez gobiernos han manifestado su interés en implementar un SCE, aunque no han dado pasos formales para hacerlo. El diseño de un sistema de comercio de emisiones se hace de acuerdo con las necesidades de la jurisdicción que abarque, y la mayoría de ellos incluye a los sectores industriales y de generación de energía eléctrica. Uno de los mercados de emisiones más grandes a nivel global es el de China, que representa cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. El mercado chino es dos veces más grande que el de la Unión Europea, y casi diez veces mayor que el de California.

En México, el antecedente más importante del mercado de emisiones de carbono data de diciembre de 2017, con la adhesión del gobierno federal a la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas, junto con los gobiernos de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile y los gobiernos locales de California, Washington, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec. En la práctica, se ha dado un paso importante con el Registro Nacional de Emisiones (RENE), que establece, además del reporte de emisiones, una opción para que las empresas obligadas se registren de manera voluntaria para la obtención de certificados de mitigación o reducción, provenientes de proyectos y actividades realizados en México. Adicionalmente, se había hecho un ejercicio de mercado de emisiones virtual, en el que algunas de las empresas que reportan al RENE participaron de manera voluntaria.

 

Atrasos e indefiniciones

En 2012 se aprobó la Ley General de Cambio Climático (LGCC), donde se establece, entre otras cosas, la posibilidad de crear un mercado voluntario de emisiones de carbono. Con las reformas a esta ley publicadas en julio de 2018, esta posibilidad se vuelve una obligación, y se marcan plazos para diseñar e implementar un sistema de comercio de emisiones “de manera gradual y preservando la competitividad de los sectores cubiertos, particularmente aquellos expuestos al comercio internacional”. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de conformidad con esta reforma de ley, tiene 10 meses a partir de su publicación para echar a andar un piloto, cuya duración será de 36 meses. Según lo inicialmente planeado, se esperaba que la fase piloto terminara en agosto de 2021, coincidiendo con el inicio del primer período de compromiso del Acuerdo de París. Sin embargo ello no será posible, ya que como requisito para echar a andar el piloto, que no conlleva costos por derechos de emisión ni penalizaciones por incumplimiento, es necesario emitir un documento con las reglas del mercado (las Bases), cuya consulta pública y publicación se han retrasado, entre otras razones, por el cambio de administración.

Antes de ello, se había ya hecho público un borrador de Bases, en el que se definió que sólo participen en el mercado empresas que emiten más de 100,000 toneladas de CO2 al año. Estas son una pequeña parte de las que reportan al RENE, establecido en 2014, que es obligatorio para instalaciones con emisiones anuales por arriba de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e). Nótese que el RENE incluye otros GEI, mientras que la fase piloto del mercado sólo al CO2.

Con las reformas a la LGCC se establece, además, que el mercado de emisiones será obligatorio después de la fase piloto, con lo que se busca que contribuya sustancialmente a lograr las metas de reducción de emisiones firmadas por México en el Acuerdo de París, que la propia ley reconoce como obligatorias. Al igual que para la fase piloto, que servirá para probar y pulir sus reglas de operación, la Semarnat será el organismo encargado de publicar las reglas para la entrada oficial del mercado en operaciones formales.

 

Es necesario dar señales claras, y pronto

El Gobierno de México ratificó en diciembre, en la 24ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su compromiso con el Acuerdo de París. Ello implica una reducción sustancial de sus emisiones de GEI, que equivale a “descarbonizar” gradualmente la economía. Para hacerlo, es necesario evolucionar hacia formas de generación de energía más limpias, y a un uso más sustentable de los recursos. Hay muchas maneras posibles para que la política pública pueda incidir en esta transformación, y entre las más costo-efectivas está el poner un precio a las emisiones de carbono, que dé una señal clara para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible y socialmente inclusivo del País. El SCE de México marcará un paso correcto en este sentido.

Las acciones de combate al cambio climático a nivel global, si son lo suficientemente ambiciosas, pueden generar una oportunidad económica de al menos 26 billones de dólares de ahora al 2030, según la Comisión Global de Economía y Clima, que incluye a más de 200 expertos. Para aprovecharla, es importante impulsar una economía de bajas emisiones en al menos los siguientes sectores: energía, ciudades, alimentación, uso de suelo, agua e industria. Se requerirá de inversiones y cambios de visión, sin duda, pero no hacerlo no sólo nos dejará fuera en la repartición de estos beneficios, sino que podría también, a la larga, comprometer nuestro desarrollo social y nuestro medioambiente.

 

* Imagen principal: Sierra Juárez, Oaxaca–Chris Ford–Creative Commons

 

 

Sobre el autor:

Andrés Flores Montalvo es Director de Cambio Climático y Energía, y tiene a su cargo la coordinación e implementación de la agenda relacionada con estas dos áreas temáticas dentro del programa de trabajo de WRI México. Sus temas de enfoque incluyen la mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático, eficiencia energética y fomento a la energía limpia.

Su experiencia profesional incluye más de 12 años ocupando diversos cargos dentro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), incluyendo la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Política y Economía Ambiental y la Coordinación General de Crecimiento Verde. Fue además Director General Adjunto de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y Coordinador de Proyectos del Centro Mario Molina. En múltiples ocasiones fungió como delegado de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el G20, y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

Andrés es Economista, graduado con Mención Honorífica de la Facultad de Economía de la UNAM; con Maestría en Economía del ITESM; Maestría en Tecnología Ambiental del Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina de la Universidad de Londres, y Doctorado (PhD) en Energía y Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ha publicado diversos artículos y capítulos sobre temas relacionados con economía ambiental, cambio climático y la interfaz entre energía y medioambiente.

WRI México
Autor: WRI México
El World Resources Institute es una organización técnica global que convierte las grandes ideas en acciones: establecemos vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano.