Por defender el agua y la tierra –que para las comunidades indígenas tienen más valor que el oro–, seis nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco fueron condenados a 50 años de cárcel. Uno de ellos es una mujer indígena.

Por supuesto que la sentencia no fue explícitamente por “defender el agua”. A estos indígenas se les imputó el delito de homicidio calificado y privación de la libertad. ¿Por qué?

 

Tlanixco: condenados a la sed

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El rio Texcaltengo ha sido utilizado por la comunidad nahua que habita este territorio durante muchas generaciones. Pero en los años 80, se mudaron al municipio vecino de Villa Guerrero varias empresas florícolas, algunas de ellas transnacionales. A éstas, la Comisión del Agua (Conagua) les entregó el derecho de uso del agua en la zona, anulando simultáneamente la concesión a la comunidad indígena, sentenciándolos así a morir de sed.

Esto provocó que los habitantes de Tlanixco se convirtieran en guardianes del territorio.

Después de este injusto decreto, varios pobladores convocaron a su comunidad para defender el agua, lo que permitió entablar eventualmente un diálogo con la Secretaria General de Gobierno del Estado de México, la Conagua y los empresarios.

El proceso se vio interrumpido por la muerte de Alejandro Isaak Basso, floricultor de Villa Guerrero, que fue con otras 11 personas a Tlanixco el día 1 de abril de 2003 para solucionar un problema técnico. Ese día, según un informe de la ONU, la comunidad se sintió amenazada. Se reunieron para llevar a los 12 forasteros a la delegación, y así resolver el conflicto de acuerdo con los usos y costumbres nahuas.

En el camino se hicieron dos grupos que tomaron distintas rutas. En el que iba Isaak Basso tomó un sendero muy escarpado; fue ahí donde se encontró posteriormente su cadáver, tras lo cual las otras 11 personas –que regresaron ese mismo día a su municipio– presentaron denuncias ante la justicia. Esto provocó que durante los meses posteriores se realizaran operativos policiales irregulares en Tlanixco, y que entre junio y diciembre de 2003 se detuviera a los actuales presos políticos indígenas.

Todos los presos son guardianes del agua.
La ONU mostró preocupación por que sea un caso de criminalización:

En efecto, en México, los defensores y defensoras de los derechos humanos indígenas y de la tierra son los más expuestos a los riesgos y ataques.

Uno de los presos indígenas, Pedro Sánchez Berriozábal, era el principal vocero del Comité de Agua Potable de Tlanixco. Y la indígena Dominga González Martínez, también detenida, fue quien firmó el amparo por el derecho al agua de la comunidad.

 

No se respetó que fueran indígenas: ONU

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La ONU realizó una investigación paralela sobre el caso de los indígenas de Tlanixco. Concluyó que el caso está repleto de irregularidades, que las pruebas no son imparciales y que no se le dio oportunidad a los indígenas para defenderse en un debido proceso legal.

Además, no se respetó que fuesen indígenas: para muestra está el que se les haya sentenciado por “privación de la libertad”, cuando lo que hicieron fue poner en práctica su propio sistema de justicia, basado en usos y costumbres y que está amparado por el artículo 169 de la OIT.

Los habitantes de Tlanixco han caminado un largo sendero en busca de justicia…

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Afortunadamente encontraron apoyo en la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, y ahora tienen una inédita resolución de la ONU que exige mayores pruebas al Estado mexicano sobre este caso. De no ser entregadas, liberar a los presos indígenas es una obligación ineludible, o México será expuesto a nivel internacional. Y no sólo eso: la organización Front Line Defenders, reconocida por la ONU, exige la inmediata liberación de estos presos de conciencia.

Difundir este caso ahora es crucial, ya que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Tlanixco.

Ayuda siguiendo estos 6 pasos de la campaña #TlanixcoLibreYa:

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* Imágenes: 1, 2) Valentina Valle; 3) José Luis Santillán