Beber refrescos es nocivo para la salud, y aunque pareciera una obviedad, no lo es. Apenas hace pocos años comenzó a revelarse la descomunal cantidad de azúcar que tienen estos productos, 1 cucharada de azúcar por cada 50 ml. México, según cifras de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura), en el 2013 alcanzó el primer lugar en obesidad en el mundo, con un porcentaje del 32.8% de adultos con este problema. Según la Alianza por la Salud Alimentaria, también uno de cada tres niños es obeso.
El mismo año México se convirtió en el primer consumidor de refrescos del mundo. La relación entre obesidad y consumo de refresco está estrechamente ligada por la cantidad de azúcar de las bebidas. En este sentido, Coca Cola es la marca preferida en este país, según estudios de mercado, el 78% la prefiere. Aunado al consumo masivo de refresco en México, no hay suficiente información para que la gente dimensione lo que está ingiriendo, a pesar de medidas como el aumento de impuestos a los refrescos. La especificación hasta hoy en el etiquetado está basado en engañosas porciones que hacen creer que lo que se consume es poco.
En todo este contexto se anunció que Coca Cola creará el Instituto de Bebidas para la Salud y el Bienestar. El objetivo de la institución es detonar y expandir la ciencia, un espacio para la publicación de estudios de la academia, y otros sectores sobre temas sobre salud, hidratación y bienestar.
“Queremos llegar a ser un referente social; gestionar información donde los expertos den a conocer sus trabajos y nosotros les demos difusión; desarrollar programas en función de la comunidad científica, para mejorar la nutrición y la salud de la población”, explicó el directivo del proyecto Torres y Gutiérrez Rubio.
El caso tiene dos vertientes polémicas. Si Coca Cola promociona y vincula información científica sobre salud, se trata de una evidente estrategia mercadológica para mejorar su imagen, una viejo anzuelo marketinguero para cooptar la crítica. Pero lo más controversial es el hecho de que una empresa avale información científica, que pueda justificar sus productos. El mundo de la ciencia no debe ser aprobado, o curado, por un consorcio con intereses específicos, como la expansión de sus utilidades. Ciencia y mercado son dos vertientes que habrían de permanecer independientes, un beneficio colectivo fundamental.
