Amenazas, abuso físico y psicológico, destrucción del medio ambiente, muerte. Es el saldo que implica el activismo ambiental en América Latina, principalmente en los últimos 30 años en que la ambición ha buscado maneras de apoderarse de la biodiversidad del planeta. Ejemplos sobran: el asesinato de Berta Cáceres y de otros activistas indígenas, la represión al pueblo mapuche o a tierras wixárikas, el abuso de poder en contra de regiones poblanas, chiapanecas y oaxaqueñas…
Apenas este 20 de enero, la noticia del asesinato de Isidro Baldenegro, activista indígena de 51 años de edad quien fue galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por su defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara, resonó en numerosos noticieros. Él, junto con otros doce activistas, estaba en defensa del territorio ancestral tarahumara, al norte de México. Frente a esto, Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, la red de defensa de territorios indígenas de la Sierra Tarahumara, declaró que “Isidro es el primer muerto del año; uno más de estos, sólo que [su muerte] es de alto impacto porque tenía visibilidad nacional e internacional”.
Antes de Baldenegro, existía ya una larga lista de activistas asesinados. Tan sólo en la región ancestral tarahumara han asesinado a doce en los últimos 30 años; de los cuales, cuatro de ellos, el último año. Es decir que en 2016 fueron asesinados los activistas Victor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo; mientras que Isidro Baldenegro fue el primero del 2017 en perder la vida. En palabras de Isela González: “Va un es del año y ya hay una víctima relacionada con la defensa del territorio.”
De acuerdo con las autoridades, Baldenegro llegó a la comunidad de Coloradas de la Virgen el jueves 12 de enero para ayudar al traslado de una tía a una valoración médica en la comunidad de Baborigame –a unas cinco horas de camino–. Durante el traslado, Baldenegro fue balaceado seis veces por Romero R.M, quien se relacionó con una familia armada del crimen organizado y ésta, a su vez, con un cacique que pretendió despojar del bosque a la comunidad. Además, uno de los hermanos de Romero R.M. fue señalado como uno de los asesinos del activista Victor Carrillo en 2016.
Si bien este es un ejemplo que llamó la atención de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” y de la Delegación de la Unión Europea –UE– y las embajadas de los Estados miembros en México, en especial para pedir a las autoridades a identificar y juzgar a los responsables ya que se trata de un asesinato de caso “grave y emblemático de la vulnerabilidad” hacia los defensores de la naturaleza y los derechos humanos, existe una larga víctimas cuyo caso no ha sido renombrado y, por tanto, no se les ha hecho justicia.
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La quintaesencia de esta situación es la de Berta Cáceres, una de las activistas hondureñas que obtuvo el mayor impacto en el medio. Ella luchó en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque, en Honduras; sin embargo, hubo un obstáculo que no pudo superar: su asesinato el 2 de marzo del 2016. Antes de ello, Cáceres recibió el Premio Goldman, uno de los máximos reconocimientos por la defensa del medio ambiente, y ahí sentenció: “¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!”
Otro ejemplo es la encarcelamiento del activista indígena mexicano de Ildefonso Zamora por su movimiento pacífico en contra de la tala ilegal. En palabras de la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, “A Ildefonso Zamora lo están castigando por denunciar los daños que se están causando al territorio y al entorno de su comunidad. Nunca debió haber sido encarcelado y debe ser puesto en libertad inmediata e incondicionalmente. Proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos no son delitos“. Zamora fue, en otras palabras, inculpado con acusaciones sobre testimonios falsos: “el fiscal registró las declaraciones de testigos presenciales que describieron los hechos usando exactamente las mismas palabras que si las estuvieran leyendo de un guión, no se preservó la escena del crimen y no se manejaron debidamente las pruebas.”
Finalmente pero no menos importante, el caso de grupo de activistas mexicanos que fueron detenidos en Nicaragua en el 2016, es un ejemplo vívido de esta situación. Bajo el nombre de Caravana para el buen vivir, estos chicos se dedicaron a recorrer México y América del Sur a favor de la incidencia en educación ambiental. Se encargaban de brindar información fe de digna sobre el uso adecuado y ecosustentable de las tierras que trabajan así como de sus derechos frente a empresarios que intentan abusar de la ignorancia e inocencia de las comunidades. Desgraciadamente el conocimiento adecuado es un factor que resulta en un conflicto de intereses para los empresarios y, por tanto, algunos miembros del gobierno de cualquier país. Por esta razón es más fácil “eliminar” a la fuente de información, a “los revoltosos”, que respetar a la biodiversidad que habita en los terrenos indígenas.
Y si bien algunos de los chicos fueron liberados, la realidad es que el activismo en América Latina no debería, en primer lugar, impactar en los derechos humanos y seguridad de los mismos personajes conscientes de la importancia del medio ambiente; y en segundo lugar, no se cuenta con las garantías institucionales para proteger a la biodiversidad, a los habitantes que viven de ella y a los defensores de los dos primeros.
