Foto: La Crónica de Chihuahua
En los próximos años, como parte de la Reforma Energética, el gobierno federal mexicano planea importar millones de litros de gas natural a México proveniente de Estados Unidos.
Violando los derechos de los pueblos originarios (sin consulta previa) el gobierno mexicano autorizó construir a una filial de la empresa canadiense TransCanada Corporation, un ducto de 524 kilómetros para distribuir gas natural desde una central ubicada al sur de la ciudad de Chihuahua hasta el puerto de Topolobampo, en Sinaloa.
En el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas, firmado por el gobierno mexicano en 1990, este se comprometió a hacer consultas a los pueblos indígenas cuando alguna concesión u obra pública afectara sus territorios. Sin embargo el gasoducto antes mencionado comenzó a construirse sin consulta.
Según una petición de Sin Embargo hecha a la empresa en cuestión, el agua de la zona sufrirá un “incremento de concentración de grasas, aceites y otras sustancias en el suelo”, para lo cual no plantea medidas de mitigación. También, dice el documento elaborado por la empresa, se afectarán, caminos y actividades “rituales o ceremoniales tradicionales”, así como “zonas, estructuras o recursos con valor arqueológico”.
El mismo reporte hecho por el sitio periodístico indica que el gasoducto afectará hasta a 70 pueblos rarámuris entre los que se encuentran San Luis de Majimachi, Pitorreal y Repechique, comunidades que ya interpusieron amparos en contra de este gasoducto.
Recordemos que existen ya casos exitosos de pueblos originarios, que a partir de amparos han conseguido revocar concesiones a poderosas corporaciones como el caso de grupos mayas en Yucatán, quienes consiguieron revocar los permisos de soya transgénica, sobre todo otorgados a Monsanto.
[SinEmbargo]
