Luego de la Reforma Energética en México la apuesta, ahora evidente de gobierno, es la explotación de hidrocarburos a largo plazo. Esto es una mala noticia y una paradoja para un país que se ha comprometido a disminuir las emisiones de CO2.
En este escenario de hidrocarburos, en este país estos son robados en una mafia que muchos apuntan a numerosos niveles de corrupción. Por esta sistemática ordeña de gasolina, sobre todo, una nueva ley busca que las penas para este delito sean mucho más severas.
Sin embargo, organizaciones como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Colectivo por la Transparencia en México, México Infórmate y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, están advirtiendo que esta podría tener un efecto contraproducente para la sociedad, como el hecho de que no nos enteremos de información relativa a asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.
El artículo 23 de la Ley aprobada prevé que “la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será considerada información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.
