En el 2013 al menos 53 ciudadanos y 20 organizaciones civiles obtuvieron una medida precautoria para suspender la tramitación y otorgamiento de permisos de siembra de maíz transgénico. Esa media inesperada, que afecta intereses de grandes transnacionales, se ha mantenido por 21 meses y ha soportado 93 impugnaciones en 17 tribunales federales.
Ahora mismo, y aunque quizá se prolongue por años, se lleva a cabo un juicio que finalmente decidirá qué pasará con este tema: la posibilidad de la siembra de maíz transgénicos. Los especialistas, académicos y activistas, argumentan que el cultivo de este tipo de maíz contamina los circundantes, lo que acabaría finalmente con la diversidad del maíz nativo, además que se no se cuenta con una certidumbre sobre los efectos de los transgénicos en la salud.
En este contexto el colectivo Sin maíz no hay país ha estado denunciando cómo las autoridades mexicanas, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ocultó al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que había detectado varios casos de presencia ilegal de maíz transgénico en maíces nativos en seis estados de la República, entre 2004 y 2012.
Esta información cortada ha sido además usada como argumento por empresas como Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont y Dow Agrosciences.
René Sánchez Galindo, abogado de Sin Maíz no hay País, argumenta que esta contaminación pudo haberse dado como resultado del maíz trasngénico importado, usado principalmente como alimento para ganado, o bien por las siembras experimentales que se han dado.
La información oculta por la Semarnat es muy importante, porque evidencia que pone en peligro la biodiversidad de México, uno de los principales argumentos en contra del cultivo de los transgénicos.
