Todo estuvo orquestado como un golpe de estado de esos que ya no suceden, de esos que tienen un tufo a siglo XX y que se supone que la democracia había aniquilado, pero en Paraguay la mafia sigue imperando en las esferas más altas del gobierno. Muestra de ello es el derrocamiento del ahora ya ex presidente Fernando Lugo.
De ideas de Izquierda, el ex presidente paraguayo se vio arrinconado y criminalizado por sus ideas que no encajaban con las de la mayoría del parlamento. Los objetivos de su destitución ahora se asoman con mayor claridad: la reinstalación de la Derecha con ayuda de EEUU y algunos países europeos, la producción extractivista agroexportadora y, por ende, el retraso de la industrialización de Paraguay y una descampesinización del campo.
La Unión de Gremios de Producción (UGP), organismo que ayuda a que prácticas monopólicas en el campo se sigan realizando, fue la que impulsó, en un principio, la destitución de Fernando Lugo.
Posteriormente, la transnacional Monsanto tuvo problemas para imponer su semilla transgénica de algodón y de maíz, por violar las leyes de bioprotección a la salud. Después de esto, la presión de la UGP al gobierno comenzó.
Monsanto, por sembrar su soja transgénica, en el 2011 obtuvo 3o MDD sólo por concepto de regalías, sin agregarle la facturación total por la venta de las semillas. Parte de ese excesivo precio se reparte entre los miembros de la UGP.
La UGP es liderada por Héctor Cristaldo, empresario ligado íntimamente al grupo Zuccolillo, otro de los impulsores del derrocamiento de Lugo que, a su vez, es socio de Cargill, otra empresa de capital extranjero que amenazó al gobierno paraguayo con una manifestación llamada “tractorazo”, que consiste en cerras las rutas principales con tractores.
Zuccolillo también es dueño del diario ABC Color. Las duras críticas al gobierno de Lugo por parte de este periódico fueron evidentes para promover la remoción del ex mandatario paraguayo: las empresas al servicio del Estado (o viceversa). La incidencia de Monsanto en asuntos agrícolas de distintas naciones parece ser una práctica constante por parte de la empresa transnacional. Hace pocos meses, Monsanto ha intentado librarse de las leyes de varios países apoyada, desgraciadamente, por el gobierno de los mismos. En Brasil, por ejemplo, la empresa fue demandada por millones de campesinos que exigían una retribución por concepto de las excesivas cuotas que Monsanto les cobra. Desgraciadamente, la transnacional apeló la decisión de los jueces, burlando, una vez más, a las leyes que de manera obligatoria tiene que cumplir. Si quieres saber más de este caso, sigue este enlace. [BOLPRESS]
