Como un plan nacional de desarrollo, la próxima reforma agraria pretende incluir la siembra de semillas genéticamente modificadas. Como respuesta, Manuel Bravo, director de Monsanto Latinoamérica, tiene la esperanza que, una vez resueltos los problemas legales que enfrentan en tribunales, la compañía podrá realizar negocios de larga duración con el Gobierno federal.
“El Gobierno ha sido muy claro de lo importante de estas tecnologías en el campo”, recalcó Manuel Bravo, quien ha sostenido pláticas con Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural –Sagarpa– acerca del uso de los productos transgénicos en los cultivos. “Por la abrumadora información científica que habla (a favor) de estas tecnologías estamos seguros de que se va a favorecer a los productores con la posibilidad de tener esta opción y competir cara a cara con los productores de otros países”.
Sin embargo, asociaciones e institutos activistas, como Greenpeace y Demanda Colectiva Maíz, han encontrado relaciones de los transgénicos y un impacto negativo en el medio ambiente, la salud de sus consumidores –o habitantes cercanos a los campos de cultivo– y el mercado nacional. Y pese a que Monsanto niega la veracidad de estos datos, actualmente esta empresa posee 27 permisos de maíz detenidos: unos para la etapa experimental, otros para la piloto y unos más para la comercial.
Más información: Descubre cómo apoyar la suspensión definitiva de la siembra del maíz transgénico en México
Actualmente Monsanto “exporta 10 millones de toneladas de grano al año, todo biotecnológico de Estados Unidos”, pues es “necesario darle la oportunidad a agricultores mexicanos de usarlas, en lugar de estarle pagando 50 000 millones de pesos al año a productores norteamericanos.” Mientras tanto, en México no sólo se está perdiendo la diversidad nacional de sus productos, también el el 73, 9 por ciento de la población considera que el consumo frecuente de alimentos genéticamente modificados puede ser dañino para la salud (INEGI).
Los representantes de Monsanto, como Manuel Bravo y Jesús Madrazo Yris, vicepresidente global de asuntos corporativos de Monsanto, están confiados que en unos meses todo se resolverá a su favor, una vez que los oponentes a la biotecnología decidan entablar un diálogo abierto: “Hay declaraciones sobre el maíz transgénico y yo respeto mucho la opinión de estos líderes y estoy sensibilizado con su preocupación, pero creo que la mejor manera de resolver los problemas no es haciendo una declaración, sino teniendo una conversación sobre qué significan estas tecnologías para el agricultor y la sociedad, cuáles son los riesgos y cómo podemos trabajar juntos para enfrentarlos”. Por ello, Bravo e Yris, esperan que una vez que concluyan los litigios y se avance en la reforma al campo, se comiencen a destrabar los permisos. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Gobierno federal pretende “orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones que aplicadas al sector agroalimentario eleven la productividad y competitividad”, por tanto darle importancia a los transgénicos desde el inicio de la gestión.
Estro traería numerosas consecuencias para el pueblo mexicano y su biodiversidad, principalmente para generaciones futuras que poseen el derecho humano de utilizar la diversidad de maíces nativos, en el entorno donde se desarrollaron –sin transgénicos–.
