Un México resiliente: compromiso de todos

*Por Gustavo Murillo

Los efectos del cambio climático han provocado daños irreversibles en el territorio mexicano y en sus habitantes. Hoy más que nunca, es indispensable que las ciudades se adapten a los desastres naturales con el fin de mitigar su impacto negativo a largo plazo. En lo particular, el Gobierno Federal de México ha tomado una serie de medidas que apuestan a la planificación urbana a largo plazo y al aumento de la resiliencia, definida en la Ley General de Protección Civil como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente (Ley General de Protección Civil, 2017, artículo 2°). Si bien estas medidas contemplan la participación de ciertos actores relevantes, la coordinación de éstos (incluidos los gubernamentales) aún presenta grandes áreas de oportunidad.

Este artículo discute la importancia de dos tipos de coordinaciones esenciales para la efectividad de las políticas o acciones encaminadas a construir resiliencia urbana: la coordinación intersectorial dentro de la administración pública y la coordinación público-privada.

La importancia de la coordinación para la resiliencia

El concepto de resiliencia contiene tres características inherentes (Berkes et al, 2003):

La resiliencia urbana se entiende entonces como la capacidad de un gran número de actores pertenecientes a una ciudad no sólo para resistir y adaptarse a problemas socioambientales, sino también para innovar y transformarse. Por ello, este trabajo se propone visualizar cada problema socioambiental como un sistema complejo que requiere el involucramiento del gobierno, ciudadanos, empresas y otras partes interesadas. Dado el contexto anterior, la coordinación de todas estas partes se vuelve indispensable para llevar a cabo cualquier estrategia de sostenibilidad. De aquí en adelante, entenderemos coordinación como la articulación de esfuerzos y medios provenientes del sector público, privado, sociedad civil y academia, cuyo objetivo será el intercambio de información y la alineación de agendas para el logro de la resiliencia urbana en México.

2 vías para la coordinación: intersectorial y público-privada

Recientemente, administraciones públicas de distintos países han transformado una gran parte de sus procesos internos, principalmente en la forma en que diseñan e implementan políticas públicas. Uno de los grandes cambios es la descentralización del gobierno y los esfuerzos para empoderar a actores que van más allá del sector público (Walsh y Stewart, 1992; Peters, 2004). Así, en el marco de la gobernanza se ha buscado la participación de organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones gubernamentales, entendiendo los grandes aportes que éstas pueden realizar. Dentro de esta nueva lógica de la acción pública, dos tipos de cooperaciones cobran relevancia para el desarrollo de acciones en temas de sostenibilidad: la coordinación intersectorial de la administración pública y la coordinación público-privada.

Cooperación intersectorial de la administración pública

Según Eugene Zapata-Garesché, director regional de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes, uno de los principales retos dentro de los gobiernos es dejar de ver los problemas de las ciudades con un enfoque sectorial. Históricamente, las Secretarías de Estado en México han desarrollado presupuestos y planes de trabajo independientes, aun cuando algunos temas, principalmente socioambientales, requieren de la participación y comunicación de más de una de ellas. Para ilustrar, la Ciudad de México presenta una grave escasez de agua, lo que ha provocado que una gran cantidad de personas no gocen de su derecho fundamental establecido en el artículo 4° constitucional, relativo al acceso, disposición y saneamiento de agua. Este problema no ha podido ser completamente atendido por la falta de coordinación entre los distintos organismos gubernamentales que de una manera u otra, con distintos mandatos, inciden en la materia (la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, entre otros).

Ante casos como el citado, los gobiernos de algunos países han adoptado medidas para obligar a sus secretarías a unir esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos se creó la Ley de Eficacia y Rendimiento del Gobierno (GPRAMA por sus siglas en inglés) para promover la colaboración entre Secretarías de Estado, permitiéndoles consultar y compartir información para operar y crear políticas públicas en conjunto. Lo anterior muestra cuán importante se ha vuelto establecer instituciones flexibles que cuenten con un sistema de generación de información útil y que sean capaces de autoorganizarse.

Cooperación público-privada

El objetivo final de la resiliencia urbana es mejorar el bienestar de los ciudadanos dentro de una localidad o región específica. Por lo anterior, es indispensable fortalecer la cooperación público-privada (relación entre gobierno, sector privado y sociedad civil) para incentivar a la sociedad civil a tomar un rol activo en el fortalecimiento de las ciudades. Por ende, los espacios de participación ciudadana se vuelven fundamentales, a fin de lograr un esquema de gobernanza más horizontal que dé voz a todos los actores interesados y que al mismo tiempo resuelva una de las principales restricciones que enfrenta el diseño de políticas públicas: la falta de información relevante (Merino, 2008).

Dentro de este tipo de cooperación, es necesario resaltar la importancia de la llamada gestión en la frontera (boundary management) propuesta por Cash (2003), haciendo alusión a la correcta gestión del conocimiento científico ligado a temas de sostenibilidad. Lo anterior es sumamente relevante dentro de los espacios de participación ciudadana, principalmente en cuanto a intercambio de información se refiere. Dicha gestión se caracteriza por tener una buena comunicación, traducción y mediación.

En el caso de México, existen Consejos Consultivos Nacionales en materia agropecuaria y ambiental, un espacio de participación ciudadana creado en 1995 con el objetivo de cumplir con el compromiso asumido en 1992, en el marco de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. Los consejos promueven la interacción entre actores provenientes de diferentes sectores, con gran interés en la política y gestión ambiental gubernamental. Sin embargo, hasta el momento su difusión y funcionamiento han pasado desapercibidos.

Por último, es indispensable que el Gobierno Federal continúe adoptando un pensamiento resiliente, consciente de que los problemas socioambientales son realmente complejos y de que sus soluciones requieren del trabajo en equipo de un gran número de actores. Fortalecer las cooperaciones mencionadas a lo largo de este trabajo permitirá, entre otras cosas, tomar decisiones más legítimas, mejorar la comunicación entre expertos y tomadores de decisiones, y por supuesto, mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Incluso, se recomendaría la creación de una oficina de coordinación multisectorial que cree conciencia, difunda conocimiento en temas socioambientales y articule agendas entre las partes interesadas. Es compromiso de todos lograr implementar satisfactoriamente las estrategias propuestas para construir un México resiliente.

* Referencias: Berkes. F., J. Colding y C. Folke. (2003). Navigating social–ecological systems: building resilience for complexity and change. Cambridge University Press, Cambridge. Cash, D. (2003). “Knowledge systems for sustainable development”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(14), 8086-8091. Hevia, Felipe, Vergara-Lope, Samana y Ávila Landa, Homero. (2011). “Participación ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal”. Perfiles Latinoamericanos, 19(38), 65-88. Recuperado el 07 de agosto del 2017, de www.scielo.org.mx. Merino, Mauricio. (2008). “La importancia de la ética en el análisis de las políticas públicas”. Revista del CLAD Reforma y Democracia, Junio-Sin mes, 5-32. Pollock, J, Torres, B y Ramos, S. (2017). “Resiliencia urbana en América Latina: Una guía breve para autoridades locales”. Fundación Idea. Recuperado el 07 de agosto del 2017, de http://fundacionidea.org.mx/UrbanResilience_PolicyBrief_170417_Esp.pdf.

* Fotografía principal: Santiago Arau