El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica que además de permitir la extracción de gas y petróleo del subsuelo, también provoca un impacto negativo en el medio ambiente. Desde 1947, los proyectos petroleros han hecho 2,5 millones de fracturas en pozos en todo el mundo –entre ellos, un millón en EE.UU.–, lo cual ha resultado en una serie de consecuencias y problemas en el planeta.
Las consecuencias más reconocidas del fracking es la contaminación de acuíferos, el aumento en el consumo de agua, la contaminación de la atmósfera, la contaminación sonora, la migración de los gases y los productos químicos hacia la superficie, la contaminación en la superficie debido a los vertidos, los efectos en la salud de los habitantes cerca de las fracturas en pozos, y el incremento en la actividad sísmica debido a la inyección profunda de fluidos relacionados con este procedimiento.
La fracturación de tan sólo un pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua, y en México eso supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico –100lts/pers/día– de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Esto generaría entonces la disminución de la cantidad de agua disponible, poner en riesgo los ecosistemas y la realización del derecho humano a la alimentación y al agua; principalmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Por esta razón, la Alianza Mexicana contra el Fracking –AMCF– criticó los permisos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos –CNH– otorgó a Petróleos Mexicanos –PEMEX– para abrir tres campos exploratorios en donde se usará esta técnica hidráulica.
Las 43 organizaciones que forman la AMCF reprocharon la determinación avalada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos –ASEA–, a pesar de las múltiples advertencias de la sociedad civil y académica asociadas con las afectaciones sociales y ambientales. Pues los campos afectarán las zonas de la sierra norte de Tamaulipas –El Semillal– y los alrededores de la ciudad de Poza Rica, Veracruz –Maxóchitl y Kaneni–, en donde se disminuirá significativamente el acceso al agua. Además que aumentará el volumen de emisiones de metano en la atmósfera, afectará la calidad de salud de la población al entrar en contacto con las sustancias contaminantes asociadas con esta práctica y se elevará el riesgo de sismos a partir de la disposición de aguas residuales.
Por esta razón la AMCF exigió al gobierno federal que se retiren los permisos, contratos y asignaciones otorgados para la explotación de hidrocarburos en yacimientos de lutitas. De modo que se solicitó la reapertura del debate legislativo sobre la prohibición del fracking y así elaborar planes sectoriales multianuales que procuren una transición efectiva hacia una economía independiente de los hidrocarburos. Beatriz Olivera, académica integrante de la AMCF, sentencia que “apostar al fracking es irresponsable”.
*Si te suena, puedes unirte a la campaña contra el fracking acá.
[La Jornada]
