Permisos de cultivos transgénicos, esquemas de agricultura industrial intensiva –agricultura por contrato–, deforestación, degradación de suelos y severos daños ambientales, peligro para el sustento de familias de escasos recursos que dependen de la producción de productos del bosque –madera, resinas, guano, pimienta, carbón, miel, etcétera–… Estas son las principales afectaciones sobre ejidos, comunidades indígenas y la selva misma de la región maya. Los responsables: el gobierno federal.
De acuerdo con la investigación de Raúl Benet, biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM– y doctor en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco y de Ecología por la UNAM, diversas dependencias del gobierno federal ha promovido la siembra de organismos genéticamente modificados, dificultando el manejo sustentable del bosque en la región. De hecho, comenta que:
[L]a lentitud o franca negativa en la liberación de permisos que establezcan claras reglas para el manejo del bosque, aunada a interminables trámites y a todo tipo de trabas burocráticas de diversas dependencias para el aprovechamiento forestal, promueve ilegalidad, fomenta el cambio de uso de suelo forestal a agrícola y ganadero y propicia el abandono del territorio forestal.Y es que esta negligencia gubernamental no sólo ha provocado el abandono del territorio forestal, también ha desplazado a las comunidades mayas por colonos extranjeros –conocidos como Menonitas– con maquinarias, venenos agrícolas y semillas transgénicas de Monsanto y Dupont. Según los integrantes de las comunidades indígenas en la Península de Yucatán, la agricultura industrial de soya transgénica ha provocado la desaparición de 35 mil hectáreas de selva y miles de apiarios; por ejemplo, entre 2005 y 2015, en Hopelchén se perdieron 59 mil hectáreas de selva a causa de los mismos cultivos industriales.
Actualmente, la Sagarpa y Semarnat se han encargado de promover la siembra de soya transgénica de Monsanto en 253 mil 500 hectáreas en varios estados del país. Frente a esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN– suspendió la autorización federal de que la Sagarpa pudiera realizar tales siembras, después de que las comunidades indígenas presentaran una inconformidad, y ordenó que se realiza una consulta a las comunidades indígenas sobre la siembra de soya transgénica. Sin embargo, las presiones de funcionarios federales sobre las comunidades indígenas continuaron, principalmente del Delegado de la Sagarpa en Campeche y de personeros de Monsanto, quienes usaron argumentos del Dr. Yuri Peña, promotor de tecnologías transgénicas y coordinador del Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados de la Sagarpa, como: “libérense de los miedos: los europeos, que no son gente tan educada como creemos, sino también ignorantes, tuvieron temor a la palabra transgénico y por eso los rechazaron. Pero ellos tienen mucha lana para pagar cosas orgánicas, nosotros no.”
Pese a la pérdida de áreas verdes en México –alrededor de 200 mil hectáreas de bosque al año–, el gobierno mexicano continúa apoyando esquemas de agricultura industrial y ganadería extensiva y altamente tecnificada. Inclusive, menciona Benet, esto también ha impactado en otras actividades productivas de tipo orgánico como la apicultura:
Por la naturaleza de la actividad apícola, en la que las abejas al libar el néctar toman el polen de las flores de las plantas aledañas a su colmena, la miel puede contaminarse con polen proveniente de plantas genéticamente modificadas si es que hay presencia de este tipo de cultivos en la zona en la que se encuentran las colmenas. Este polen transgénico puede desplazarse por decenas de kilómetros bajo determinadas condiciones climáticas y contaminar regiones distantes.
Cabe mencionar que la Península de Yucatán genera alrededor del 40 por ciento de la producción nacional de miel, el cual es prácticamente el 90 por ciento de la cantidad exportada. Por lo que la siembra de Organismos Genéticamente Modificados –OGM– en la región yucateca representa un riesgo significativo para las familias que dependen de esta actividad para su supervivencia. De hecho, el Supremo Tribunal de la Unión Europea del 6 de septiembre de 2011 falló en no comercializar productos de Yucatán que se elaboren a partir de OGM, como la miel que contenga trazas de polen transgénico.
En conclusión, las trabas del gobierno federal frente al manejo forestal sustentable con el fin de promover tecnologías y modelos agropecuarios que perjudiciales tanto al medio ambiente como a las comunidades, sólo ha provocado que la biodiversidad del país se vaya mermando dejándonos sin herencia ni recuerdos.
La Jornada
