La energía eólica en Oaxaca: injusticia social y ambiental

* Por: María del Carmen Monterrosas Mirón

La energía renovable no puede ser sustentable si sólo se toma en cuenta el aspecto económico. La Asociación Mexicana en Energía Eólica (AMDEE) reportó que en el 2014 México generaba 2,551 megawatts (MW) y que se espera que entre el 2020 y 2022 sean 15,000 MW; además, menciona que en ese año existían 31 parques eólicos en operación y 1,570 aerogeneradores operando en México.

Oaxaca posee un potencial eólico de 10,000 MV (AMDEE, 2010) y la capacidad energética de los 27 proyectos eólicos en operación registrados en 2015 fue de 2,359.97 MW (AMDEE, 2015). En contraste, no ha habido un desarrollo social favorable en todo el istmo de Tehuantepec. Los residentes y expertos mencionan que los parques eólicos generan empleos durante su construcción, pero después ya no existen más fuentes de empleo: los que obtienen un beneficio son los dueños de las tierras que las rentan para las empresas eólicas. Además, a los pueblos indígenas no se les consultó sobre el proyecto, por lo que no se cumple con esa obligación, señalada por la Ley de Hidrocarburos del 2014 (Burnett, 2016).

El aprovechamiento de la energía del viento sólo puede ser para unos cuantos, ya que el gobierno, con el fin de incentivar la inversión privada, repartió el territorio del istmo de Tehuantepec entre las empresas y consorcios interesados para evitar que éstos compitieran entre sí e impedir que las comunidades indígenas pudieran llevar a cabo las negociaciones, debido a que entre los inversionistas fijaron los precios por el pago del uso de sus tierras (Von Bertrab, 2016). El presente ensayo examina la desigualdad social y el efecto al medioambiente de la implementación de los proyectos eólicos en el estado de Oaxaca. Se hablará sobre las irregularidades en la implementación de los proyectos eólicos en las comunidades del istmo de Tehuantepec, el impacto social y ambiental en éstas y las agresiones que han enfrentado activistas y pobladores por oponerse a los proyectos. Por último, brindaré mi conclusión respecto de este caso.

Ninguno de los proyectos considera dotar de energía eléctrica a las poblaciones locales, sino que están concebidos para suministrar la energía generada mediante la red eléctrica nacional. La mayoría se creó conforme al esquema de autoabastecimiento —que surgió en 1992 con la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica (Von Bertrab, 2016)—. El artículo 36 de esta ley considera que las personas físicas o morales y la sociedad generarán energía eléctrica para satisfacer sus necesidades y que no podrán entregarla a terceros, a menos de que haya una autorización de cesión de derechos o una modificación de los planes de expansión. A partir del 2007, se tenía previsto que el proyecto de La Venta II redujera la emisión de 192,545 toneladas de CO2 equivalente durante 7 años de la acreditación inicial; quien compraría Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) sería el Fondo Español de Carbono (Guijarro et al., 2009).

En el Seminario Internacional sobre Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas “El Istmo en la encrucijada”, llevado a cabo en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en el 2013, se realizó una declaratoria respecto a los problemas del despojo del territorio y los recursos naturales por los proyectos eólicos, además de un pronunciamiento en contra de la introducción de semillas genéticamente modificadas que ponen en riesgo el maíz criollo de la región. En la declaratoria se resalta lo siguiente: “no estamos en contra de la tecnología para generar energía mediante las fuentes renovables; pero sí rechazamos su uso a favor del mero lucro de las empresas y en detrimento de los pueblos y de su patrimonio biocultural”. Los proyectos eólicos han traído mayores problemas sociales que beneficio, puesto que no han sido transparentes en el acceso a la información para los pobladores y han recurrido a la violencia para reprimir la oposición al desarrollo de los mismos. En el proyecto de La Venta II, la empresa trató de forma individual cada contrato, en vez de tratarlo en conjunto con todos los ejidatarios. Los pobladores consideran que se ha fragmentado a la comunidad. Además, se recibían visitas entre tres y cuatro veces a la semana para hablarles de que obtendrían mucho dinero, con el fin de que firmaran sin explicarles todo lo que implicaba el proyecto. Los contratos fueron escritos en español; sin embargo, la mayoría habla zapoteco o es analfabeta. E igualmente, los pobladores indican que no recibieron copia de su contrato, por lo que no conocen los términos del mismo. Se presentaron otras irregularidades, como que la empresa convencía a otra persona de firmar cuando el jefe de la familia se negaba y que los técnicos tomaron medidas en los terrenos sin que hubiera un contrato (Guijarro et al., 2009). Bettina Cruz explica que Mareña Renovables no tomó en cuenta que la comunidad de San Dionisio depende de la pesca artesanal, y agrega que “sólo mediante la siembra del terror en la población se habría logrado imponer tal proyecto”, pues los pobladores y observadores denuncian que Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, envió policías para reprimir a la población bajo las órdenes de la empresa (Von Bertrab, 2016). Lo antes expuesto permite observar que la comunicación sólo se llevó a cabo entre las empresas y el gobierno, por lo que no hubo una evolución de acuerdo con el “modelo de soporte comunitario y acción política con ciencia” propuesto por Reid et al. (2009). Esto representa el primer modelo, ya que mantiene una separación entre la comunidad y las empresas en conjunto con el gobierno. La ciencia y los intereses económicos influyen en la política para facilitar el desarrollo de los proyectos eólicos en Oaxaca. La participación de la comunidad representa un obstáculo, por lo que se emplea la represión y no se hace un proceso claro de negociación de los contratos.

Efectos negativos en el medioambiente

El proyecto de energía eólica en Oaxaca ha ocasionado graves efectos negativos en el medioambiente. El parque eólico de La Venta II provocó la muerte de 9,900 ejemplares de animales (principalmente aves y murciélagos), debido al choque con las aspas de las turbinas aerogeneradoras. Los proyectos eólicos en la Barra de Santa Teresa producirían la perdida de especies acuáticas y aves, lo que implicaría una grave amenaza a la soberanía alimentaria y al sistema productivo de la región. Entre otras afectaciones, está la contaminación de los suelos, ríos, lagunas y acuíferos provocada por el derrame de aceites de las turbinas, la acumulación de los residuos de la construcción de los parques, la erosión del suelo, la pérdida de la vegetación, la contaminación sonora electromagnética por el gran número de aerogeneradores funcionando al mismo tiempo, la contaminación visual y la afectación al paisaje (SIPAZ, 2013).

Cash et al. (2002) sugieren tres funciones para la gestión de los límites en los sistemas de desarrollo sustentable: comunicación, traducción y mediación. Estas funciones no fueron tomadas en cuenta, en razón de los intereses económicos de los consorcios energéticos y sus aliados políticos. Entre las acciones que se omitieron está, por una parte, la existencia de líneas claras de responsabilidad y rendición de cuentas. Asimismo, proporcionar un foro en donde la información fuera coproducida junto con los habitantes, ya que no hubo una comunicación abierta entre el gobierno, los inversionistas y la comunidad; los primeros no brindaron información adaptada a la lengua nativa (zapoteco) ni comprensible a todos, lo que refleja que las negociaciones sobre la explotación del potencial energético del viento de la región sólo fueron hechas entre el gobierno y los inversionistas, para que los segundos obtengan beneficios sin importar la participación de los habitantes.

En conclusión, la energía eólica no es sustentable, debido a que responde a los intereses económicos de los consorcios empresariales apoyados por los políticos, no toma en cuenta evitar lo más posible el daño al medioambiente ni respeta los derechos humanos de las comunidades, pues se emplea la violencia para mantenerlos callados. Una energía no puede ser sustentable si no va a la par con la justicia social y si genera daños graves al medioambiente.

* Bibliografía

AMDEE. El viento en números. Recuperado de: amdee.org.

AMDEE (2015). Oaxaca. Recuperado de: amdee.org.

Burnett, V. (1 de agosto del 2016). Los parques eólicos generan prosperidad en Oaxaca, pero no para todos. New York Times. Recuperado de: New York Times.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. (11 de agosto del 2014). Ley del servicio público de energía eléctrica. Recuperado de: diputados.gob.mx.

Cash, D.W. et al. (2003). Knowledge systems for sustainable development. PNAS Early Edition.

Declaratoria El Istmo en la encrucijada. Seminario Internacional Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas. (26 a 28 de julio del 2013). Recuperado de: educaoaxaca.org.

Guijarro, A., Lumbreras, J., Habert, J., Guereña, A. (2009). Impacto de los proyectos MDL sobre el desarrollo humano. Análisis de experiencias en Marruecos, Guatemala y México. Oxfam Intermón.

Reid, R. S. et al. (2009). Evolution of models to support community and policy action with science: Balancing pastoral livehoods and wildlife conservation in savannas of East Africa. PNAS Early Edition.

SIPAZ (3 de septiembre del 2013). Enfoque: Impactos y afectaciones de los proyectos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Recuperado de: sipaz.org

Von Bertrab, E. (1 de abril del 2016). Energía eólica: la lucha por el viento en México. MAGIS. Recuperado de: magia.iteso.mx.