Luto en Wirikuta por el asesinato de Margarito Díaz González, guía espiritual y defensor wixárika

Es el tercer defensor wixárika asesinado desde el 2017, y la décima persona defensora de los derechos humanos víctima de homicidio en lo que va del año.

El Marakame Margarito Díaz González, defensor indígena de los derechos humanos, fue asesinado por hombres armados el sábado 8 de septiembre en su domicilio en la comunidad de Aguamilpa, municipio de El Nayar, estado de Nayarit.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el hecho, a la par que reconoció la labor de Margarito Díaz como líder espiritual e integrante de la Unión Wixárika (huichol) de Centros Ceremoniales de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, e instó a las autoridades competentes a esclarecer el crimen. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se manifestó en el mismo sentido.

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Wirikuta/Venado Mestizo

El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, afirmó que “en lo que va de 2018 ya registramos más asesinatos de personas defensoras que en todo el año pasado. Las y los defensores en México viven una situación crítica y como señaló Michel Forst, Relator Especial de la ONU, es urgente detener y revertir la tendencia según la cual México podría acabar siendo el lugar más peligroso del mundo para las y los defensores de los derechos humanos”.

El Marakame Margarito Díaz es la décima víctima de homicidio contra personas defensoras de derechos humanos en lo que va del 2018, seis de los cuales eran indígenas. Otros dos defensores del pueblo wixárika fueron asesinados en mayo del año pasado: los hermanos Miguel Vázquez y Agustín Vázquez Torres, en el poblado de Kuruxi Manuwe, en Tuxpan de Bolaños, Jalisco, lo cual sentó un precedente de violencia y persecución contra los defensores wixárika.

Desde el 2009, los wixárika enfrentan activamente los diversos intereses políticos y económicos que se disputan el territorio de Wirikuta, luego de que el expresidente Felipe Calderón autorizara 78 concesiones mineras a empresas canadienses.

La nación wixárika exigió al gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, el pronto esclarecimiento del asesinato y el respeto a los derechos indígenas. 

Más allá de su activa defensa en pro de los derechos humanos y el territorio wixárika, Margarito Díaz González detentaba el título de Marakame, el cual conjunta funciones de sanador tradicional, guía espiritual y conocedor de la tradición oral.



¿Por qué están muriendo tantos defensores ambientales en el mundo?

Proteger al medio ambiente y luchar por la tierra es vital; sin embargo, los ambientalistas se enfrentan, paradójicamente, a la posibilidad de morir por ello.

En los últimos años, la violencia contra los defensores del medio ambiente ha escalado considerablemente. El periódico The Guardian, en un intento por hacer visible esta terrible situación, ha generado un registro en línea en donde da cuenta de todas las muertes ligadas a la defensa del planeta y sus recursos naturales. Según sus estadísticas, es probable que en una sola semana mueran alrededor de cuatro defensores de la tierra.

Diversos países en América Latina se encuentran entre los más peligrosos para los defensores ambientales. La causa principal son las industrias que invierten en megaproyectos de explotación de la tierra. Buscando la conservación ambiental, activistas locales e internacionales realizan acciones pacíficas para llamar la atención de gobiernos y otras instituciones. Además de la protesta, se dedican a documentar lo que ocurre en cada localidad o a intervenir físicamente los espacios, para cerrar el paso a las empresas frecuentemente extranjeras que invaden el territorio.

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Como resultado, reciben amenazas, son víctimas de violencia física e incluso son asesinados. Los gobiernos de muchos de los países afectados no han efectuado acciones concretas para frenar esta situación. En su lugar, las concesiones otorgadas para la explotación desmedida de la tierra se siguen sumando.

La minería es la industria más letal en este sentido (y también de las más dañinas para el medio ambiente), seguida de la explotación forestal, la agricultura comercial, las hidroeléctricas y la caza furtiva. Los países más peligrosos, según The Guardian, son Brasil, Colombia, Filipinas y Honduras. Este último tiene la mayor cantidad de muertes por número total de habitantes. En México, en los últimos tres años, se ha registrado la muerte de más de 20 defensores de la tierra.

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Berta Cáceres, ambientalista hondureña asesinada.

Entre ellos se cuenta a Gabriel Ramos Olivera, un guardabosque del parque nacional de Chacahua en Oaxaca. Él fue presuntamente asesinado por cazadores furtivos. Ramos Olivera, era un biólogo dedicado a la protección y conservación de las lagunas encontradas en el parque, en donde habitan tortugas y cocodrilos, ambos en peligro de extinción. También relata The Guardian, el asesinato de Isidro Baldenegro López, campesino tarahumara y protector del bosque. Ganó el premio Goldman por sus campañas pacíficas en contra de la deforestación. La historia de Baldenegro siempre ha estado ligada al activismo medioambiental, pues su padre también fue asesinado por luchar en contra de la explotación forestal de la Sierra Madre de Oaxaca.

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Hacer visibles estas devastadoras historias es mucho más que un homenaje a la vida de los defensores de la tierra: es un llamado a la acción. Este llamado apela a las autoridades, responsables de aplicar estrategias para terminar con la violencia y  parar la impunidad con la que operan las industrias que explotan los recursos naturales; pero también nos habla a todos. La conciencia sobre lo que está ocurriendo en nuestros ecosistemas, nos invita a pensar en los recursos que estamos consumiendo. Cada uno de nosotros puede elegir productos fabricados con materias primas sustentables, extraídas de forma legal y socialmente responsable. Son muchos los que están defendiendo a la tierra, pero desafortunadamente son más los que continúan financiando la violencia que conlleva la explotación desmedida de nuestro entorno.

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También en Ecoosfera: 

Un recuento de activistas ambientales asesinados en América Latina

 

*Imagen principal:  Luis Cortés



Un recuento de activistas ambientales asesinados en América Latina

Ejemplos sobran: el asesinato de Berta Cáceres y de otros activistas indígenas, la represión al pueblo mapuche o a tierras wixárikas, el abuso de poder en contra de regiones poblanas, chiapanecas y oaxaqueñas…

Amenazas, abuso físico y psicológico, destrucción del medio ambiente, muerte. Es el saldo que implica el activismo ambiental en América Latina, principalmente en los últimos 30 años en que la ambición ha buscado maneras de apoderarse de la biodiversidad del planeta. Ejemplos sobran: el asesinato de Berta Cáceres y de otros activistas indígenas, la represión al pueblo mapuche o a tierras wixárikas, el abuso de poder en contra de regiones poblanas, chiapanecas y oaxaqueñas…

Apenas este 20 de enero, la noticia del asesinato de Isidro Baldenegro, activista indígena de 51 años de edad quien fue galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por su defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara, resonó en numerosos noticieros. Él, junto con otros doce activistas, estaba en defensa del territorio ancestral tarahumara, al norte de México. Frente a esto, Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, la red de defensa de territorios indígenas de la Sierra Tarahumara, declaró que “Isidro es el primer muerto del año; uno más de estos, sólo que [su muerte] es de alto impacto porque tenía visibilidad nacional e internacional”.

Antes de Baldenegro, existía ya una larga lista de activistas asesinados. Tan sólo en la región ancestral tarahumara han asesinado a doce en los últimos 30 años; de los cuales, cuatro de ellos, el último año. Es decir que en 2016 fueron asesinados los activistas Victor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo; mientras que Isidro Baldenegro fue el primero del 2017 en perder la vida. En palabras de Isela González: “Va un es del año y ya hay una víctima relacionada con la defensa del territorio.”

De acuerdo con las autoridades, Baldenegro llegó a la comunidad de Coloradas de la Virgen el jueves 12 de enero para ayudar al traslado de una tía a una valoración médica en la comunidad de Baborigame –a unas cinco horas de camino–. Durante el traslado, Baldenegro fue balaceado seis veces por Romero R.M, quien se relacionó con una familia armada del crimen organizado y ésta, a su vez, con un cacique que pretendió despojar del bosque a la comunidad. Además, uno de los hermanos de Romero R.M. fue señalado como uno de los asesinos del activista Victor Carrillo en 2016.

Si bien este es un ejemplo que llamó la atención de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” y de la Delegación de la Unión Europea –UE– y las embajadas de los Estados miembros en México, en especial para pedir a las autoridades a identificar y juzgar a los responsables ya que se trata de un asesinato de caso “grave y emblemático de la vulnerabilidad” hacia los defensores de la naturaleza y los derechos humanos, existe una larga víctimas cuyo caso no ha sido renombrado y, por tanto, no se les ha hecho justicia. 

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La quintaesencia de esta situación es la de Berta Cáceres, una de las activistas hondureñas que obtuvo el mayor impacto en el medio. Ella luchó en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque, en Honduras; sin embargo, hubo un obstáculo que no pudo superar: su asesinato el 2 de marzo del 2016. Antes de ello, Cáceres recibió el Premio Goldman, uno de los máximos reconocimientos por la defensa del medio ambiente, y ahí sentenció: “¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!”

Otro ejemplo es la encarcelamiento del activista indígena mexicano de Ildefonso Zamora por su movimiento pacífico en contra de la tala ilegal. En palabras de la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, “A Ildefonso Zamora lo están castigando por denunciar los daños que se están causando al territorio y al entorno de su comunidad. Nunca debió haber sido encarcelado y debe ser puesto en libertad inmediata e incondicionalmente. Proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos no son delitos“. Zamora fue, en otras palabras, inculpado con acusaciones sobre testimonios falsos: “el fiscal registró las declaraciones de testigos presenciales que describieron los hechos usando exactamente las mismas palabras que si las estuvieran leyendo de un guión, no se preservó la escena del crimen y no se manejaron debidamente las pruebas.”

Finalmente pero no menos importante, el caso de grupo de activistas mexicanos que fueron detenidos en Nicaragua en el 2016, es un ejemplo vívido de esta situación. Bajo el nombre de Caravana para el buen vivir, estos chicos se dedicaron a recorrer México y América del Sur a favor de la incidencia en educación ambiental. Se encargaban de brindar información fe de digna sobre el uso adecuado y ecosustentable de las tierras que trabajan así como de sus derechos frente a empresarios que intentan abusar de la ignorancia e inocencia de las comunidades. Desgraciadamente el conocimiento adecuado es un factor que resulta en un conflicto de intereses para los empresarios y, por tanto, algunos miembros del gobierno de cualquier país. Por esta razón es más fácil “eliminar” a la fuente de información, a “los revoltosos”, que respetar a la biodiversidad que habita en los terrenos indígenas. 

Y si bien algunos de los chicos fueron liberados, la realidad es que el activismo en América Latina no debería, en primer lugar, impactar en los derechos humanos y seguridad de los mismos personajes conscientes de la importancia del medio ambiente; y en segundo lugar, no se cuenta con las garantías institucionales para proteger a la biodiversidad, a los habitantes que viven de ella y a los defensores de los dos primeros.