La diversidad de México es uno de los grandes tesoros del país. Las plantas cultivadas y sus parientes silvestres reflejan no sólo la riqueza natural, sino también la cultural. Los antiguos pueblos de México han sido guardianes de tradiciones que respetan el medioambiente. Sin embargo, debido a la propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), hoy esta diversidad se ve amenazada junto con los derechos fundamentales de las y los campesinos. 

Esta propuesta fue presentada en marzo pasado ante comisiones de la Cámara de Diputados por el legislador de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez. Dentro de esta reforma hay un artículo en particular que resulta preocupante, porque se agregan delitos penales, además de las sanciones administrativas que ya contemplaba la ley. 

 

Ley Federal de Variedades Vegetales, ¿y los derechos fundamentales?

El Art. 54 señala

Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de diez mil a cuarenta mil unidades de medida y actualización, a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento conforme lo establecido en los artículos 4º Bis y 4º 1 de esta Ley, sin la autorización del titular en forma reincidente. 

Con este artículo se inaugura la posibilidad de criminalizar a las y los agricultores. Entendemos que puede contemplar a un grupo diverso entre los posibles infractores. Sin duda, de aprobarse la reforma, podría haber personas que busquen de forma activa hacer negocio con venta ilegal de estas semillas. No obstante, también se puede afectar a las personas más vulnerables. 

Hay que recordar que las estimaciones de impunidad van de 96% a 99% y que, por lo mismo, hay un alto número de personas inocentes en la cárcel. ¿Cómo podemos confiar en que esta ley se articule de forma responsable cuando tenemos un sistema judicial decadente que persigue a las personas que no pueden defenderse? 

Además de las penas de 2 a 6 años, hay que señalar que las sanciones administrativas también pueden ser muy costosas. Los montos pueden alcanzar los 3 millones de pesos por sembrar semillas privatizadas. Aunque la ley considera los ingresos de las personas antes de imponer las sanciones, no dejan de ser montos elevados, sobre todo cuando se considera que muchas veces la economía de los campesinos es inestable por las variaciones en los precios y porque pueden perder una cosecha entera por una granizada. En la mayoría de los casos, el trabajo de las y los campesinos no es bien remunerado en México. 

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Juez y parte

Otro aspecto que resulta preocupante de esta reforma es que se otorga poder al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), para investigar a petición de los obtentores y realizar acciones preventivas. Pero no sólo eso: también se considera la posibilidad de destruir y quemar, e incluso decomisar bienes si hay una producción ilegal. Todo dentro de un contexto donde la autoridad competente es juez y parte. 

Esta reforma podría tener un efecto persecutorio y dar lugar a extorsiones a mano de los inspectores. Esta es una práctica común y no hay forma de saber con certeza que no se replicará en este caso.

Las semillas patentadas pueden mezclarse con variedades nativas sin el conocimiento de las y los campesinos. En ese sentido, ¿cómo sabría una persona que está incurriendo en un delito? Esta propuesta de reforma pone otras preguntas relevantes sobre la mesa: ¿de quién será el campo mexicano?, ¿es de interés público que haya un campo rentable a costa de los derechos de las y los mexicanos y de la biodiversidad del país?

Aprobar esta reforma privatizadora, según explica la campaña nacional Sin Maíz no Hay País, “abre, además, la puerta a la siembra de semillas transgénicas”, que ponen en riesgo la diversidad de plantas y variedades que hay en México actualmente.

 

Ley Federal de Variedades Vegetales y el T-MEC

Se ha argumentado que aprobar esta reforma es necesario para que entre en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero esa aseveración es incorrecta. Lo cierto es que muestra la obligatoriedad de adhesión al Acta UPOV 91, para la cual tenemos un plazo de 4 años, donde lo que está en juego son las semillas de México. La LFVV de 1996, en vigor, reconoce el intercambio libre de semillas tan esencial para la protección de la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria del país, y es algo que se debería defender. 

Así se pronuncia Sin Maíz no Hay País: 

¡Digamos no a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales! ¡Digamos sí a la autonomía campesina e indígena, al derecho a una alimentación sana, segura, diversa y culturalmente adecuada y a un ambiente sano!

 

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