La energía eólica en Oaxaca: injusticia social y ambiental

Desigualdad social y efectos al medioambiente en los proyectos eólicos en Oaxaca.

* Por: María del Carmen Monterrosas Mirón

 

La energía renovable no puede ser sustentable si sólo se toma en cuenta el aspecto económico. La Asociación Mexicana en Energía Eólica (AMDEE) reportó que en el 2014 México generaba 2,551 megawatts (MW) y que se espera que entre el 2020 y 2022 sean 15,000 MW; además, menciona que en ese año existían 31 parques eólicos en operación y 1,570 aerogeneradores operando en México.

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Oaxaca posee un potencial eólico de 10,000 MV (AMDEE, 2010) y la capacidad energética de los 27 proyectos eólicos en operación registrados en 2015 fue de 2,359.97 MW (AMDEE, 2015). En contraste, no ha habido un desarrollo social favorable en todo el istmo de Tehuantepec. Los residentes y expertos mencionan que los parques eólicos generan empleos durante su construcción, pero después ya no existen más fuentes de empleo: los que obtienen un beneficio son los dueños de las tierras que las rentan para las empresas eólicas. Además, a los pueblos indígenas no se les consultó sobre el proyecto, por lo que no se cumple con esa obligación, señalada por la Ley de Hidrocarburos del 2014 (Burnett, 2016).

El aprovechamiento de la energía del viento sólo puede ser para unos cuantos, ya que el gobierno, con el fin de incentivar la inversión privada, repartió el territorio del istmo de Tehuantepec entre las empresas y consorcios interesados para evitar que éstos compitieran entre sí e impedir que las comunidades indígenas pudieran llevar a cabo las negociaciones, debido a que entre los inversionistas fijaron los precios por el pago del uso de sus tierras (Von Bertrab, 2016). El presente ensayo examina la desigualdad social y el efecto al medioambiente de la implementación de los proyectos eólicos en el estado de Oaxaca. Se hablará sobre las irregularidades en la implementación de los proyectos eólicos en las comunidades del istmo de Tehuantepec, el impacto social y ambiental en éstas y las agresiones que han enfrentado activistas y pobladores por oponerse a los proyectos. Por último, brindaré mi conclusión respecto de este caso.

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Ninguno de los proyectos considera dotar de energía eléctrica a las poblaciones locales, sino que están concebidos para suministrar la energía generada mediante la red eléctrica nacional. La mayoría se creó conforme al esquema de autoabastecimiento —que surgió en 1992 con la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica (Von Bertrab, 2016)—. El artículo 36 de esta ley considera que las personas físicas o morales y la sociedad generarán energía eléctrica para satisfacer sus necesidades y que no podrán entregarla a terceros, a menos de que haya una autorización de cesión de derechos o una modificación de los planes de expansión. A partir del 2007, se tenía previsto que el proyecto de La Venta II redujera la emisión de 192,545 toneladas de CO2 equivalente durante 7 años de la acreditación inicial; quien compraría Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) sería el Fondo Español de Carbono (Guijarro et al., 2009). 

En el Seminario Internacional sobre Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas “El Istmo en la encrucijada”, llevado a cabo en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en el 2013, se realizó una declaratoria respecto a los problemas del despojo del territorio y los recursos naturales por los proyectos eólicos, además de un pronunciamiento en contra de la introducción de semillas genéticamente modificadas que ponen en riesgo el maíz criollo de la región. En la declaratoria se resalta lo siguiente: “no estamos en contra de la tecnología para generar energía mediante las fuentes renovables; pero sí rechazamos su uso a favor del mero lucro de las empresas y en detrimento de los pueblos y de su patrimonio biocultural”. Los proyectos eólicos han traído mayores problemas sociales que beneficio, puesto que no han sido transparentes en el acceso a la información para los pobladores y han recurrido a la violencia para reprimir la oposición al desarrollo de los mismos. En el proyecto de La Venta II, la empresa trató de forma individual cada contrato, en vez de tratarlo en conjunto con todos los ejidatarios. Los pobladores consideran que se ha fragmentado a la comunidad. Además, se recibían visitas entre tres y cuatro veces a la semana para hablarles de que obtendrían mucho dinero, con el fin de que firmaran sin explicarles todo lo que implicaba el proyecto. Los contratos fueron escritos en español; sin embargo, la mayoría habla zapoteco o es analfabeta. E igualmente, los pobladores indican que no recibieron copia de su contrato, por lo que no conocen los términos del mismo. Se presentaron otras irregularidades, como que la empresa convencía a otra persona de firmar cuando el jefe de la familia se negaba y que los técnicos tomaron medidas en los terrenos sin que hubiera un contrato (Guijarro et al., 2009). Bettina Cruz explica que Mareña Renovables no tomó en cuenta que la comunidad de San Dionisio depende de la pesca artesanal, y agrega que “sólo mediante la siembra del terror en la población se habría logrado imponer tal proyecto”, pues los pobladores y observadores denuncian que Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, envió policías para reprimir a la población bajo las órdenes de la empresa (Von Bertrab, 2016). Lo antes expuesto permite observar que la comunicación sólo se llevó a cabo entre las empresas y el gobierno, por lo que no hubo una evolución de acuerdo con el “modelo de soporte comunitario y acción política con ciencia” propuesto por Reid et al. (2009). Esto representa el primer modelo, ya que mantiene una separación entre la comunidad y las empresas en conjunto con el gobierno. La ciencia y los intereses económicos influyen en la política para facilitar el desarrollo de los proyectos eólicos en Oaxaca. La participación de la comunidad representa un obstáculo, por lo que se emplea la represión y no se hace un proceso claro de negociación de los contratos.

 

Efectos negativos en el medioambiente

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El proyecto de energía eólica en Oaxaca ha ocasionado graves efectos negativos en el medioambiente. El parque eólico de La Venta II provocó la muerte de 9,900 ejemplares de animales (principalmente aves y murciélagos), debido al choque con las aspas de las turbinas aerogeneradoras. Los proyectos eólicos en la Barra de Santa Teresa producirían la perdida de especies acuáticas y aves, lo que implicaría una grave amenaza a la soberanía alimentaria y al sistema productivo de la región. Entre otras afectaciones, está la contaminación de los suelos, ríos, lagunas y acuíferos provocada por el derrame de aceites de las turbinas, la acumulación de los residuos de la construcción de los parques, la erosión del suelo, la pérdida de la vegetación, la contaminación sonora electromagnética por el gran número de aerogeneradores funcionando al mismo tiempo, la contaminación visual y la afectación al paisaje (SIPAZ, 2013).

Cash et al. (2002) sugieren tres funciones para la gestión de los límites en los sistemas de desarrollo sustentable: comunicación, traducción y mediación. Estas funciones no fueron tomadas en cuenta, en razón de los intereses económicos de los consorcios energéticos y sus aliados políticos. Entre las acciones que se omitieron está, por una parte, la existencia de líneas claras de responsabilidad y rendición de cuentas. Asimismo, proporcionar un foro en donde la información fuera coproducida junto con los habitantes, ya que no hubo una comunicación abierta entre el gobierno, los inversionistas y la comunidad; los primeros no brindaron información adaptada a la lengua nativa (zapoteco) ni comprensible a todos, lo que refleja que las negociaciones sobre la explotación del potencial energético del viento de la región sólo fueron hechas entre el gobierno y los inversionistas, para que los segundos obtengan beneficios sin importar la participación de los habitantes.

En conclusión, la energía eólica no es sustentable, debido a que responde a los intereses económicos de los consorcios empresariales apoyados por los políticos, no toma en cuenta evitar lo más posible el daño al medioambiente ni respeta los derechos humanos de las comunidades, pues se emplea la violencia para mantenerlos callados. Una energía no puede ser sustentable si no va a la par con la justicia social y si genera daños graves al medioambiente.

 

* Bibliografía

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Burnett, V. (1 de agosto del 2016). Los parques eólicos generan prosperidad en Oaxaca, pero no para todos. New York Times. Recuperado de: New York Times.

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Guijarro, A., Lumbreras, J., Habert, J., Guereña, A. (2009). Impacto de los proyectos MDL sobre el desarrollo humano. Análisis de experiencias en Marruecos, Guatemala y México. Oxfam Intermón. 

Reid, R. S. et al. (2009). Evolution of models to support community and policy action with science: Balancing pastoral livehoods and wildlife conservation in savannas of East Africa. PNAS Early Edition.

SIPAZ (3 de septiembre del 2013). Enfoque: Impactos y afectaciones de los proyectos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Recuperado de: sipaz.org

Von Bertrab, E. (1 de abril del 2016). Energía eólica: la lucha por el viento en México. MAGIS. Recuperado de: magia.iteso.mx.

México Sostenible
Autor: México Sostenible
Somos una organización de jóvenes comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país. Integramos un equipo interdisciplinario capaz de analizar diferentes temas de la agenda ambiental, con el fin de generar acciones para fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático e incentivar su desarrollo sostenible.


México ya no es un país petrolero: ¿debería volverse superpotencia en energía renovable?

Quizá sí, pero lo más importante está en pensar cómo reorganizaremos la vida en colectividad más allá del petróleo.

¿Te imaginas una vida sin petróleo? Cuesta trabajo pensar en un futuro que no gire alrededor de esta sustancia. Desde hace más de 1 siglo somos una auténtica sociedad del petróleo, y hoy en día éste sigue siendo omnipresente. El petróleo, como una esencia, se encuentra en todos lados: en tu computadora, tu teléfono y tus gadgets; pero también en tu ropa, en los envases y hasta en la goma de mascar.  

Y es que ha sido gracias al petróleo que hemos podido producir y reproducir la existencia a ritmos vertiginosos. Gracias a este líquido podemos cosechar alimentos y transportarlos a las tiendas, así como poner a funcionar las fábricas donde se produce todo aquello que consumimos. 

Como todos los países, México también depende del petróleo.

En 1930, México se consagró como un país petrolero. El “oro negro” es lo que ha sustentado a la economía mexicana desde entonces, aunque tras la crisis de 1982 comenzó el lento declive de Pemex y el desmantelamiento de sus diversas ramas. No obstante, el nuevo gobierno está sosteniendo tanto sus promesas como sus esperanzas en este combustible, así como en la endeudada paraestatal.

No obstante, el petróleo ya no es una opción…
ni para México ni para el planeta.

La era de los combustibles fósiles está llegando a su fin –en especial porque cada vez es más difícil extraerlos–. Esto nos ha dejado inmersos en un predicamento ambiental y social, pues nos hemos vuelto tan dependientes del petróleo que no podemos ni imaginar una vida sin él, pese a que su uso desmedido nos tenga al borde de la extinción. Pero ahora, la creciente escasez de esta sustancia, junto con la crisis ambiental en aumento, nos coloca bajo un imperativo ineludible: debemos transitar hacia otro modelo energético.

Por eso, Jeffrey Sachs, profesor de economía de la Universidad de Columbia, cree que México debe –y puede– convertirse en una superpotencia en energía renovable, un camino por el cual ya han comenzado a transitar importantes potencias como la India, cuya producción energética pronto vendrá únicamente de fuentes sustentables.

Este experto dijo estar reuniéndose con funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer de México una superpotencia en energías renovables. Y es que Sachs afirma que México tiene la posibilidad de invertir en un futuro más sustentable.

Según le dijo Sachs al periodista Justin Villamil:

 ¿Por qué invertir en Pemex cuando lo que México realmente necesita es un Solarmex?

La cuestión radica en que, según el último informe de la Secretaría de Energía hecho para el primer semestre de 2018, durante ese período las energías renovables o limpias no representaron más que el 25% del total de la energía producida, mientras que los combustibles fósiles siguen abarcando el 75%.

No obstante, y de acuerdo con el mismo informe, durante 2017 el 36% de las nuevas inversiones realizadas en Latinoamérica para el desarrollo de proyectos de energías renovables se realizó en México, lo que hace del país uno de los 12 lugares más atractivos en donde invertir. Aunque esto tuvo que ver, por supuesto, con la Reforma Energética, lo cual pueden no ser muy buenas noticias.

Pero entonces, ¿puede ser México una superpotencia en energía renovable?

Según Juan Arellanes, profesor de geopolítica y especialista en temas de seguridad energética de la Universidad Anáhuac México, con quien tuvimos la oportunidad de charlar, el problema para el sector energético en México es más profundo:

La energía no es un bien económico como una hamburguesa o un automóvil. La energía es el precursor de toda actividad económica. Y es el sector energético el que entrará en crisis a nivel mundial.

El problema es que la producción de petróleo convencional está en descenso, mientras que sólo está creciendo la producción de petróleo no convencional, que requiere más energía para su producción.

Como este experto recalca, la cuestión no está en la escasez de petróleo, sino en que no se podrá aumentar la producción de éste combustible más que, si acaso, a costa del planeta. Y esto es un problema muy grave para el actual gobierno:

Si sumamos los dos factores (la inelasticidad de la demanda de petróleo y el encarecimiento de su extracción) tenemos un problema muy grave: invertir en petróleo y gas es absolutamente necesario, pero no es rentable.

Es aquí donde entra la oportunidad –y quizá la necesidad– de invertir en energías renovables. La gran pregunta es:

¿Las renovables son rentables, financieramente hablando?

En algunos casos sí, en otros no. Se requiere del mejor diagnóstico posible para responder con precisión. Las opiniones técnicas están divididas y es muy posible que la estimación del potencial, en muchos casos, esté inflada. Hay mejores localizaciones que otras para el viento y el sol, para el calor interno de la tierra, para las plantas hidroeléctricas, etc.; pero esas mejores localizaciones son las primeras en ser ocupadas.

Conforme la industria de la energía renovable vaya creciendo, las localizaciones más rentables ya no estarán disponibles y el sector experimentará lo mismo que le está pasando al petróleo: rendimientos decrecientes. De hecho, aun si todo el planeta tuviera condiciones adecuadas, las renovables tendrían rendimientos decrecientes. Porque las renovables son una extensión del sistema energético fósil, es decir: necesitamos de petróleo para construir la infraestructura de la energía renovable.

De modo que, ¿quién debería desarrollar las energías renovables? 
¿el sector público o el sector privado?

Para el profesor Arellanes, no hay que olvidar que cuando Lázaro Cárdenas expulsó a las empresas petroleras extranjeras e hizo de la industria del petróleo un bien común de todos los mexicanos, fue cuando el país pudo desarrollarse más velozmente y salir de las diatribas en que se había metido las décadas anteriores.

Ahora, López Obrador aseguró –y de hecho “decretó”– que México ya no será un país neoliberal –lo que económicamente hablando significa abandonar el paradigma del puro y omnipotente libre mercado–. De ello se deduce que cualquier tipo de manejo de energía renovable debería plantearse también en términos de gestión pública y estatal, ya que además se trata de un sector estratégico del que depende la soberanía ambiental.

Y más aún porque, según el profesor Arellanes:

La iniciativa privada [de energías renovables] sólo estará interesada en invertir mientras las inversiones sean rentables y generen beneficios. Pero el problema es que el nuevo gobierno ni siquiera está discutiendo esto. La prioridad es rescatar a la industria petrolera nacional, construir refinerías e impulsar el fortalecimiento de Pemex.

Según este experto, nuestro predicamento energético no se solucionará sólo combatiendo la corrupción –por ejemplo, haciéndole la guerra al huachicol–, ni intentando enmendar el pésimo manejo que sufrió Pemex en años anteriores…

Ello, sin duda, servirá. Por una razón: necesitamos del petróleo, necesitamos de Pemex para realizar la transición energética a renovables. Pero es importante que el gobierno tenga claro que el rescate de la industria petrolera es sólo un medio, no un fin en sí mismo.  

Debemos pensar colectivamente en cómo reorganizar la vida social más allá del petróleo.

Para terminar esta reflexión, el profesor Arellanes hizo hincapié en que debemos rediseñar por completo nuestras ciudades, las formas en que nos transportamos, en que producimos, e incluso las formas cómo interactuamos:

Se requiere renunciar al paradigma del crecimiento y encontrar una alternativa de sentido civilizatorio que sustituya a la idea moderna de progreso. Un desafío tan importante no puede dejarse en manos del mercado.

¿Tú qué opinas?

Sandra Vanina Greenham Celis
Autor: Sandra Vanina Greenham Celis
Colaboradora del proyecto político Colectivo Ratio. Le gusta potenciar la depresión en su psique consumiendo productos culturales de las postrimerías del siglo XX. Cree teleologicamente en el arribo de la humanidad al comunismo.


La transición energética: un requerimiento de sustentabilidad para México

México es un país con enormes recursos renovables para su explotación y es factible económica y ambientalmente su aprovechamiento.

*Por Zaira Zyanya Ramírez Soto

 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), México no está preparado para el cambio de energías fósiles a renovables (Lopez, 2017). El país cuenta con un enorme potencial en recursos renovables para generación de energía, pero sólo una pequeña parte de éstos se aprovecha: en el 2016, de la energía generada el 79.6% provino de combustibles fósiles.

Este ensayo discute los retos de un desarrollo energético sostenible en México. Para ello se estudia el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 (PRONASE) como política pública, a la luz de los conceptos de la sostenibilidad y las políticas públicas (PP). La reflexión permite identificar los elementos principales del PRONASE y su contribución a la sostenibilidad energética de México.

 

Desarrollo energético sostenible en México: sostenibilidad y políticas públicas

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La sostenibilidad se define como la capacidad de un sistema de reajustar adaptativamente sus estructuras e interacciones socioecológicas para enfrentar las perturbaciones y persistir sin cambios significativos en sus atributos y funciones esenciales (Berkes, Colding y Folke, 2003; Folke, 2006; Holling, 1996, 2001; Norberg y Cumming, 2008). Las políticas públicas son decisiones y acciones de gobierno que definen los problemas públicos que necesitan solución y los mecanismos que se pueden implementar para lograrlo. A las políticas públicas en democracia las distingue la existencia de ciudadanía informada, activa y participativa (Arellano y Blanco, 2013). 

Al analizar la crisis sistémica de deterioro ambiental mundial, el sector energético cobra especial relevancia. El petróleo determina la vida energética y económica de muchas naciones, entre ellas México. El paradigma del petróleo conviene a la satisfacción de intereses y necesidades de grupos diversos respecto al uso de la naturaleza y sus recursos (Rodríguez y col., 2015). Sin embargo, es necesario satisfacer las necesidades del desarrollo humano de la mano de la protección de los sistemas de soporte de la vida; es fundamental lograr un desarrollo sostenible (Cash, 2003).

México es un país con enormes recursos renovables para su explotación y es factible económica y ambientalmente su aprovechamiento. La transición energética nacional está en marcha, pero a una velocidad muy reducida y con grandes incertidumbres. La pregunta base es: ¿Qué representa una transición energética nacional? Es simple: se busca cambiar y diversificar el actual sistema energético en el que los hidrocarburos representan la oferta principal y reducir el impacto negativo al ambiente provocado por el uso de energías tradicionales, y sustituir esto por un sistema con mayor participación y diversificación de fuentes de energía renovable (ER). 

Para ello se requieren mecanismos de política pública que promocionen las ER y que la valoración de sus beneficios se reconozcan en el país. México posee un importante potencial de ER: en promedio, el país recibe en 6 horas de exposición al sol una cantidad de energía que equivale a un consumo nacional de 1 año. La tecnología nueva permite un uso importante de este energético, que hasta la fecha, en México se usa marginalmente.

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La seguridad energética incorpora asegurar recursos energéticos propios o fuentes externas de energía confiables y estables en el corto, mediano y largo plazo; una menor dependencia de energéticos del exterior; renovar las fuentes de energía; iniciar un uso eficiente e inteligente de energía; implementar de manera masiva fuentes de ER no convencionales y reducir el impacto ambiental causado por emisiones de gases de efecto invernadero. Emprender acciones que incentiven el uso responsable e inteligente de la energía en todas al actividades diarias fortalecerá la seguridad energética y, por ende, propiciará el desarrollo sustentable del país. Un sector energético eficiente debe ofertar servicios energéticos al menor precio, con un impacto ambiental mínimo y a la mayor cantidad posible de familias y empresas. 

México cuenta con un marco jurídico diverso en temas de ER, a partir de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) (2008), invalidada en el 2015 tras publicar la Ley de la Transición Energética (LTE) (2015); actualmente, se cuenta con cinco leyes y cuatro reglamentos relacionados al aprovechamiento y regulación de ER. 

El PRONASE (2014) refleja la política pública nacional para la transición energética. El PRONASE busca diseñar y desarrollar acciones y programas que fomenten el uso óptimo de energía en procesos y actividades del sistema energético del país; robustecer la regulación de eficiencia energética en aparatos que consuman energía; fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al aprovechamiento sustentable de la energía; aportar en la formación y difusión de una cultura de ahorro de energía; promover la investigación y el desarrollo tecnológico en eficiencia energética; colaborando en la reducción de la intensidad energética de la economía, una economía baja en carbono y un compromiso con el medioambiente. 

Las herramientas de la PP abordan a las ER como un fragmento del compromiso de sustentabilidad y parte de las acciones contra el cambio climático, considerando como prioridad la diversificación de la matriz energética del país; éste establece indicadores para el seguimiento dirigido a la eficiencia energética y el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Es urgente el impulsar el sector energético, ya que es una gran área de oportunidad para incrementar la generación de ER y crear condiciones para avanzar al desarrollo de un modelo energético sustentable y de bajo carbono. El PRONASE efectivamente puede contribuir a la sostenibilidad energética de México, ya que logró en el 2016 un ahorro energético de 6,913.7 GWh, capacitación en sustentabilidad energética a recursos humanos y actividades de divulgación, además de un incremento al financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia de eficiencia (PRONASE, 2016); así mismo, promueve la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante, influyendo positivamente en la creación de empleos, competencia y diversificación de fuentes de energía. 

Sin embargo, el reto que se mantiene en el sector energético de México es la falta de decisión política para hacer un cambio en el modelo de desarrollo, caracterizado por ser demasiado conservador y con una fuerte inercia a cambios tecnológicos y sistémicos, que es lo que requiere una transición energética. Prácticamente es pobre el concepto de seguridad energética en México y, más aún, las modestas estrategias que ha planteado el gobierno mexicano para alcanzarla. Una transición energética que acceda paulatinamente a un modelo basado en energéticos renovables, los cuales abundan en México, es urgente y la única solución posible a largo plazo.

 

Bibliografía

Arellano, D. y Blanco, F. (2013). Políticas públicas y democracia. Instituto Federal Electoral, México.

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Autor: México Sostenible
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