Dragon Mart es un proyecto chino que pretendía construirse a a 3km de la costa, a 18km del sur de Cancún. Simbólica y operativamente este plan en la región era imprescindible para China, algo así como una conquista geopolítica, pues se trataría del centro de distribución de productos chinos más importante de Latinoamérica.
Desde su inicio el proyecto despertó el rechazo, sobre todo de grupos ambientalistas, pues el sitio estaría asentado en en la zona más importante de humedales de Puerto Morelos, lo que prácticamente implicaría una futura devastación del mangle y el arrecife, por la previsible ampliación del muelle para recibir cargueros multimodales.
Durante más de 2 años de vaivenes jurídicos -pues primero el ayuntamiento de Cancún negó la licencia de construcción, pero luego un juez obligó a otorgar los permisos, la sociedad civil y, por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) estuvieron advirtiendo sobre que el proyecto también requería del permiso de la instancia federal, la SEMARNAT.
Tras estos sucesos, finalmente el día de ayer el gobierno anunció que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras de Dragon Mart por el daño ambiental a la zona. Sin embargo, el titular de Profepa, Haro Bélchez, y el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, reconocieron que la clausura puede ser impugnada. Por su parte, el economista Juan Carlos López Rodríguez, director y socio comercial de Dragon Mart, dijo que “el fondo del asunto sigue en litigio y se llevará por lo menos unos 10 meses”.
Aunque los ambientalistas y distintos sectores sociales han celebrado la resolución de la Profepa aún queda un halo de desconfianza, pues el gobierno federal ha dado una conferencia de prensa para dar a conocer la clausura del proyecto mientras discretamente advirtieron que los empresarios aún podrán impugnar. No obstante, el trayecto que ha tomado este proyecto pinta para que su fracaso sea factible, un logro impregnado de una gran influencia ciudadana.
