La seguridad hídrica de México es uno de los temas más importantes en la agenda pública. La desigualdad de ingreso en México se traduce en desigualdad de acceso a un suministro constante y de buena calidad del agua.
Actualmente, la zona centro–norte del país concentra al 27% de la población, genera el 79% del producto interno bruto (PIB) y sólo tiene un 32% de agua renovable.
Según el Consejo Consultivo del Agua, en la zona sur, donde está el 68% del agua del país, se encuentra únicamente el 23% de la población y se genera el 21% del PIB.
A la par, un estudio publicado por el Banco Mundial en el 2013, asegura que el 8.4% de la población del valle de México no tiene acceso al servicio de agua.
Esta población es la más carente de recursos y paga por agua un valor promedio de 20 pesos por un tambo de 200 litros, lo cual corresponde a 14 veces lo que pagan por metro cúbico los usuarios conectados al servicio.
Sobre la supuesta privatización del agua en México
El tema de la privatización del agua regresó a la discusión pública porque el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos para la Reserva de Agua.
En estos decretos publicados por el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio se elimina la veda que existía en el área del Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, la costa de Jalisco, Ameca, el Pánuco, la Costa Grande de Guerrero, San Fernando y Soto la Marina, y Lerma-Santiago.
Lo anterior implica que 300 cuencas hidrológicas (de las 756 que existen) ya no tendrán el estatus de veda y se convertirán en zonas de reserva.
Según el gobierno, “las vedas son aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad”.
Sin embargo, en los 10 decretos que se firmaron no se especifica el volumen de agua que se puede usar legalmente (entre otros datos específicos importantes) y esta acción sugiere, según el análisis hecho por Agua para Todos, que estas áreas ahora se pueden utilizar para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua mediante organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país.
Las dos versiones del tema (y por qué es un problema)
En este tema, el debate está sobre la mesa; por un lado, está la postura del gobierno federal que está siendo respaldada por la WWF México (aquí puedes leer su texto), que se refiere a los decretos como una “decisión histórica [que] protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas”:
Con las reservas de agua, México es ejemplo internacional. Así lo calificó el @WWF ante el presidente @EPN.
Es falso que los decretos privaticen el agua. Garantizan su consumo humano a 50 años en beneficio de 18 millones de mexicanos que aún no nacen. pic.twitter.com/vJZHvOE4tK — Rafael Pacchiano A. (@RafaelPacchiano) 18 de junio de 2018
El comunicado publicado por la Conagua explica que estos decretos atienden a recomendaciones hechas por organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, de manera que se trata de una medida de “primer mundo” adoptada por México para el cuidado del agua. La Conagua concluye que dichas “reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medioambiente”.
Sin embargo, existen diferentes expertos de la academia (como la ONG Agua para Todos y expertos de la UNAM y la UAM) que cuestionan cabalmente el discurso oficial, de entrada, porque el caso del territorio mexicano es distinto (por ejemplo, hay una gran cantidad de población de comunidades indígenas en áreas de riqueza natural que pueden ser afectadas), y sostienen que al levantar las vedas de las cuencas hidrológicas se vulnera el agua a la privatización a través de las concesiones.
En entrevista para Sin Embargo, los expertos coincidieron en que el problema no es la firma de dichos decretos como tal, sino la posibilidad de que las cuencas queden vulnerables frente a grandes corporaciones como son las refresqueras y cerveceras, y concretamente, expuestas a actividades de minería y fracking. Estas últimas, como ya ha venido padeciendo el país, son algunas de las actividades que más han contribuido a destruir los ecosistemas y el territorio de los pueblos indigenas.
Una apuesta a la solución
Como explica Dossier Político, los expertos señalan que el sistema de concesiones aprobado debe ser reemplazado por uno que asigne los volúmenes ecológicamente aprovechables, que reconozca los derechos de los pueblos indígenas a la administración de las aguas y que establezca los volúmenes requeridos para uso personal-doméstico y servicios públicos para asegurar el acceso equitativo en torno al derecho humano al agua.
La organización Agua para todos explica detalladamente en su página de internet por qué estos decretos son un peligro para México y su recurso vital. Adicional están promoviendo una petición para que se modifiquen los decretos y lograr una mejor Ley General de Aguas.
Fotografía: © Thor Morales /WWF México
El agua en una situación bastante grave
Es un hecho que los decretos privatizadores son contrarios al derecho humano al agua, de los pueblos indios y de los productores de México.
Históricamente, la desigualdad territorial en el acceso al agua se corresponde con el despojo de los territorios indígenas, estrechamente en relación con la construcción de megaproyectos hidráulicos. Un caso son las presas que han desplazado forzosamente a miles de indígenas.
La Ciudad de México y el Estado de México tienen problemas en el suministro de agua porque ha crecido su consumo, pero no ha aumentado el volumen de lo que se obtiene de mantos freáticos y del sistema Cutzamala (que permite transportar este recurso desde Michoacán, pasando por el Edomex, hasta la Zona Metropolitana del Valle de México), según datos de la consultora KPMG.
Poco a poco, la asignación de grandes volúmenes a las comisiones estatales del agua está convirtiendo las aguas nacionales en ‘aguas estatales’.
¿Quiénes están tomando acción al respecto? Mientras no haya una definición clara, la responsabilidad cae en la ciudadanía. Como usuarios del agua, también hay mucho que se puede hacer.
Por ejemplo, construir recolectores de agua de lluvia para reutilizarla, o desarrollar hábitos cotidianos que realmente hagan la diferencia en el consumo de agua. Pero sobre todo, recordar que tenemos un territorio en común.
Debemos ser guardianes del agua desde todos los flancos posibles. Sin agua, ¿qué otra posibilidad queda?
