La tribu Yaqui es una de las más importantes y numerosas del norte de México, con hasta 32 mil miembros. Desde 1940 el gobierno, del entonces presidente Lázaro Cárdenas, otorgó a esta etnia el 50% del aprovechamiento del agua del río Yaqui.
Por la falta de abastecimiento de agua, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, anunció una serie de medidas para proveer de esta a la ciudad de Hermosillo: una de ellas el Acueducto Independencia, que aprovecha el agua de la tribu sin que se hubiese aplicado una consulta previa (como marcan los acuerdos internacionales sobre derechos indígenas) .
En el 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país ordenó reponer el proceso por el incumplimiento de consulta a la Tribu. Sin embargo, hoy continúa operando. No obstante, en 2014 fueron detenidos el vocero de la tribu Mario Luna y Fernando Gutiérrez Jiménez por delitos que no cometieron, advierten organizaciones como Amnistía Internacional.
El Acueducto Independencia no solo representa una flagrante violación a los derechos indígenas, también, conlleva consecuencias serias para el medio ambiente: documentadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, como alteraciones a los patrones hidrológicos de la región y afectaciones negativas a los humedales abastecidos de agua por los ríos que pretenden desviarse.
Hace unos días más de 70 organizaciones sociales firmaron un comunicado para presionar al gobierno, paradójicamente, a que cumpla la ley. El Acueducto Independencia continúa funcionando luego de que se diera a conocer, hace unos meses, que fue encontrada una mega presa construida en el rancho del gobernador con una capacidad de 40 millones de metros cúbicos, además, edificada sin permiso.
Entre las organizaciones firmantes de este comunicado están CEMDA, Fundar, Serapaz, y CMDPDH. La presión debe dirigirse a la Semarnat, para que suspenda la operación del Acueducto, y al gobernador Guillermo Padrés, para que libere a los dos activistas injustamente detenidos.
