Todos en algún momento hemos escuchado algún comentario macabro sobre los transgénicos, o al menos sobre sus empresas productoras. Desde el hecho de que las semillas (el inicio de la cadena alimenticia) sean patentadas, y por lo tanto privatizadas, suena temible. ¿Te imaginas que el alimento del mundo pertenezca a los de por sí poderosos consorcios? Y más aún, ¿si los transgénicos contaminan los cultivos adyacentes?
Las discusiones científicas sobre los efectos de los transgénicos, nocivos o benéficos, para la salud humana y el medio ambiente apuntan, en resumen, a la ambigüedad. Es decir, no existe certeza de las consecuencias de los transgénicos y esto, en cierto sentido, bastaría para tener prudencia con el tema hasta alcanzar mayor certidumbre. Lo que es un hecho es que las coroporaciones transgénicas más grandes suelen incurrir en prácticas poco éticas.
En México el primer contacto con transgénicos comenzó con la importación de productos provenientes de Norteamérica, acentuado el hecho con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Cabe recalcar que en este país no es obligatorio que el etiquetado especifique la presencia de transgénicos en un producto; por ello, quizá desde hace más de 1 década la población ha consumido, sin saberlo, productos transgénicos.
Más tarde, en 2005, con la creación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados se establecieron tres etapas para la posibilidad de los cultivos genéticamente modificados: la experimental, la liberación al ambiente en programa piloto y la comercial.
¿Hoy dónde estamos?
Hasta hoy se ha permitido, mediante la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería (SAGARPA), que los transgénicos avancen en el grado de cultivos de experimentación y la liberación al ambiente en el programa piloto. Aún no se ha autorizado la venta comercial de cultivo transgénico mexicano.
¿Cuántos permisos se han otorgado?
Hasta 2013, las empresas agrícolas trasnacionales consiguieron 740 permisos para sembrar maíz, soya, trigo y canola genéticamente modificados en casi 6 millones de hectáreas en el país, pero tres comunidades lograron revertir estos permisos de soya transgénica en dos estados enteros, un alcance inédito: en Campeche y en Yucatán.
En el caso del maíz, organismos ciudadanos han logrado que no se cultive maíz transgénico, ni siquiera en una etapa de experimentación. Esa resolución se ha mantenido desde hace 4 años, e incluso un tribunal determinó recientemente que los argumentos de Monsanto para omitir esta determinación eran inválidos.
¿Qué sigue?
El esfuerzo de la sociedad civil está mostrando que la vía judicial puede ser un aliado para defender derechos colectivos. Aunque se ha afirmado que la Reforma Agraria que promoverá el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pretende promover la comercialización de transgénicos, está creciendo una conciencia sobre la necesidad de pelear por la pureza de los alimentos. Los logros anteriores pintan una nueva etapa en la defensa de la seguridad alimentaria libre de la -con motivos- polémica transgenia.
