* por: Francisco Flores Ramos

 

En los últimos años se han implementado indicadores ambientales que permiten a las empresas monitorear el impacto de sus actividades. Pueden ser regulaciones internacionales, acuerdos, normas ISO, etc. Hay muchas regulaciones ambientales que una empresa puede adquirir para demostrar que es amigable con el medioambiente y está comprometida con el desarrollo sustentable. 

Adicional a la certificación, se han desarrollado ramas como la contabilidad ambiental y la administración ambientalista de negocios, donde en teoría las empresas incluyen todos los costos de reparación ambiental en su precio final. La política ambiental de una empresa debe abarcar todo su ciclo, si se pusieran los costos de reparación al precio final, ¿cuánto aumentaría?

Un ejemplo de estas prácticas lo encontramos en las empresas que no pueden establecer un proyecto en territorio local, pero que no renuncian al proyecto, sino que lo llevan a países de tercer mundo en los cuales es más fácil vulnerar la legislación ambiental.

Algunos acuerdos internacionales contemplan estas prácticas y las condenan. Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que en el Capítulo XI, Artículo 1114, párrafo 2 dice:

Las partes reconocen que es inadecuado alentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a salud o seguridad o relativas a medioambiente. En consecuencia, ninguna parte debería renunciar o derogar dichas medidas como medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la expansión o conservación de la inversión de un inversionista en su territorio. Si una parte estima que otra parte ha alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra parte, y ambas consultarán con el fin de evitar incentivos de esa índole.

Alterar el precio mediante prácticas de este tipo se considera competencia desleal. Estas prácticas se clasifican en tres tipos: leal, restrictiva y desleal. Irónicamente, las empresas que cumplen con las practicas leales de compensación ambiental, serán las que salgan al mercado con mayor precio, quedando en desventaja frente a las empresas que han brincado o vulnerado las legislaciones ambientales y que salen al mercado con menor precio.

De acuerdo con Cruz (2008) quien argumenta que Adam Smith en 1776 escribe sobre esto en Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, en donde “critica la práctica estatal de conceder primas a la exportación y de estimular las exportaciones mediante el establecimiento de precios inferiores a los practicados en el mercado interno”.

De poco sirve que países de primer mundo celebren convenciones donde se dan reconocimientos unos a otros, cuando todos saben que están usando de patio trasero a países de primer mundo. Esto lo refleja de manera magistral Rodríguez Carmona en el siguiente párrafo: 

la liberalización del comercio internacional tiene como efectos estructurales una deslocalización paulatina de las industrias contaminantes a los países con las legislaciones ambientales menos exigentes, contribuyendo a que la contaminación global se mantenga o aumente, aunque disminuya en las zonas más desarrolladas del planeta.

El dumping no sólo existe en la parte ambiental y ecológica, sino que también existe el dumping social. Estas empresas de primer mundo en su afán de abaratar precios, caen en distintas prácticas de explotación como la extensa duración de las jornadas laborales, la explotación infantil, los trabajos forzados y otros temas que podrían ser considerados como competencia desleal, además de violaciones a los derechos humanos.

El país con una regulación más permisiva contará con una ventaja en los costos que trasladará a los precios.

Michael Rauscher sostiene que un gobierno puede aplicar estándares ambientales laxos para apoyar a las empresas nacionales en el mercado internacional. Algunos autores defienden la postura de que el dumping no existe, sólo es una diferencia competitiva derivada de la no aplicación de la regulación ambiental por permisividad del gobierno del estado sede de la industria o por falta de legislación. Esto no es lo importante, si existe como concepto o no, lo que existe en acto es:

1. Venta de bienes a un costo que no internaliza todos los costos sociales de la degradación.

2. Los productores que internalizan sus costos de producción se encuentran en desventaja competitiva frente a aquellos productores que no lo hacen.

 

* Fuentes

Óscar Cruz Barney, “La naturaleza del llamado dumping ecológico”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLI, núm. 121, enero-abril de 2008, pp. 45-68