“Entonces me tumbaron al piso y me arrancaron la ropa. Pensé que sólo uno de ellos iba a violarme, pero los nueve lo hicieron”, declaró Rosa Elbria a la organización de derechos humanos Rights Action. Por esta y al menos otras dos violaciones a derechos humanos, un grupo de indígenas maya quiché han levantado una demanda en Canadá contra HudBay Minerals Inc. en Toronto, en la que buscarían responsabilizar a sus subsidiarias HMI Nickel, Skype Resources y Compañía Guatemalteca de Níquel por una serie de atrocidades.
Y es que poco después del golpe de estado en 1954, el gobierno de Guatemala autorizó a diversas compañías para explotar áreas del territorio que pertenecen históricamente a distintos grupos indígenas.
En octubre del 2011 otras tres demandas fueron realizadas por 13 integrantes de la comunidad de Ocho Lote contra HudBay Minerals. De los demandantes, 11 mujeres afirman que en 2007 (durante una serie de desalojos forzados de la población) ellas fueron violadas por el ejército, oficiales de policía y empleados de seguridad de la compañía minera. La compañía, además de desestimar las declaraciones de los afectados, dijo que el caso debería seguirse según las leyes guatemaltecas, lo cual los exime de facto de cualquier responsabilidad.
El problema es que las demandas de país a país, en materia de derechos humanos, raramente prosperan. La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó una demanda similar contra Shell por supuestos abusos de derechos en Nigeria, en base a que Shell no tenía suficientes lazos con Estados Unidos.
El vacío legal que las transnacionales aprovechan existe en la legislación internacional y ha dejado heridas abiertas en distintos países y poblaciones, a pesar de que se han ganado casos como el de Chevron en Ecuador y contra la First Majestic Silver Co., también de origen canadiense, en favor del desierto mexicano de Wirikuta.
La otra razón que vuelve muy importante el caso de los indígenas mayas es que podría sentar un precedente para futuras legislaciones en materia de derechos humanos y responsabilidad corporativa: en febrero pasado, AmnCanada intervino en la corte de su país para afirmar que HudBay era responsable de negligencia en este caso, a pesar de que según las leyes canadienses una compañía matriz no puede ser responsable por las acciones de sus subsidiarias.
“Pienso que es una impresionante victoria para los derechos humanos. Pienso que es histórico”, dijo Murray Klippsenstein, el abogado de los guatemaltecos. “Debería mover el suelo de todas las cortes de Canadá.” Por su parte, la compañía afirma que decidió tomar el caso en sus manos a partir de un análisis de costos, pues creen que es más posible ganar el caso en Canadá; según HudBay, los testimonios de los testigos son débiles o vagos.
Pero Amnistía Internacional de Canadá, quienes apoyan a los demandantes, opina que “las compañías canadienses están bajo la obligación de respetar los derechos humanos donde sea que operen, particularmente si el negocio está operando en una zona de conflicto de alto riesgo, y donde la vida de poblaciones indígenas y su forma de vida está en riesgo.”
Se espera una decisión de la Suprema Corte de Canadá de un momento a otro.
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