Firma la petición para que la crueldad en los rastros sea delito en Jalisco

Este pequeño cambio puede aliviar el sufrimiento de 200 millones de animales cada año. Detengamos la crueldad en los rastros.

Los rastros en México son lugar de un indecible sufrimiento animal. Muchas organizaciones independientes han investigado y comprobado esto. No obstante, y pese a que la obligación de procurar el bienestar animal está presente en la Ley Federal de Sanidad, aún no se ha logrado que la crueldad se considere un delito grave.

Si hasta ahora no se ha conseguido modificar el Código Penal Federal en lo que concierne a la crueldad en los rastros, podríamos por lo menos empezar por algunos estados. Tal es la propuesta que presentó el diputado Salvador Caro Cabrera para Jalisco, y a la cual puedes contribuir firmando esta petición.

Durante el periodo 2016-2018, investigadores de Igualdad Animal se infiltraron en rastros municipales y privados del estado de Jalisco y revelaron que, en ellos, a los animales se les mata cuando están aún conscientes, lo cual resulta en una muerte agónica y repleta de sufrimiento.

Firma aquí la petición.

Jalisco es uno de los estados en donde se matan más animales en México y, por lo tanto, donde más animales se ven afectados por actos de crueldad derivados del incumplimiento de la normativa federal. Salvador Caro presentó una nueva iniciativa para que estos actos de violencia sean considerados un delito grave, con un castigo de hasta 4 años de prisión.

De aprobarse esta iniciativa, más de 200 millones de animales por año que hoy se encuentran desamparados quedarán legalmente protegidos en esta entidad. La organización convoca a todas y todos los jaliscienses a firmar la petición que han lanzado para lograr este necesario cambio a la legislación.

Te invitamos a firmar la petición. Porque no cabe duda de que para evolucionar como sociedad, necesitamos aliviar el sufrimiento animal. Se trata de un auténtico imperativo ético y moral que no puede esperar más.

 

* Imagen: Igualdad Animal



Triunfo en la Amazonia: Ecuador cancela proyectos petroleros en tierras indígenas

Argumentan que el gobierno los convenció de cederla “con engaños, comida y refrescos”.

Después de una larga batalla legal, la nación waorani celebra el fallo de la Corte de Justicia de la provincia de Pastaza, en el Amazonas ecuatoriano. Gracias a dicho fallo se han vetado (al menos provisionalmente) proyectos de extracción petrolera en una zona de la cuenca del río Amazonas que contempla 180,000 hectáreas de territorio waorani.

La sentencia favorable se consiguió gracias a que los waorani argumentaron que su derecho constitucional a la consulta fue violado durante el proceso de licitación. El Estado afirmó que la consulta fue correcta y propuso hacer una nueva. Sin embargo, los waorani señalaron que los funcionarios del gobierno obtuvieron la aprobación del pueblo mediante mentiras y regalos.

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La batalla legal comenzó en 2012.

“En la acción de protección, los waorani lograron el fallo a su favor al argumentar que existió una violación al derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada sobre planes de explotación de recursos no renovables en sus tierras.”

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Según la ley de Ecuador, el Estado reconoce la jurisdicción indígena, pero mantiene la potestad del subsuelo. Pese a ello, el Ministerio de Energía y Recursos Naturables No Renovables señaló que el territorio en disputa “actualmente no se encuentra en proyectos de ser licitado”, lo que constituye una victoria histórica en la lucha por la protección de la Amazonia.

El waorani era solo uno de los 16 bloques petroleros que el gobierno puso a subasta en una región de 283,281 hectáreas sobre tierras indígenas. Este veto sentará un precedente legal importante para muchas otras naciones amazónicas que se mantienen en pie de lucha todavía por su territorio en el Ecuador.

 

La nación waorani comprende una población de unos 4,800 individuos, y su territorio abarca cerca de 800,000 hectáreas en distintas regiones del Amazonas.



Rastros sin crueldad: una reforma en México pretende poner fin al sufrimiento de los animales de granja

En México una reforma podría comenzar a castigar como delito grave a aquellos que maltraten y asesinen violentamente a animales de rastro.

La crueldad que media a la producción de la carne es un problema mundial, y es una de las principales razones detrás del vegetarianismo de cientos de personas. Los abusos que cometen los trabajadores en los rastros y criaderos, así como la nula importancia que le dan los dueños de las empresas al sufrimiento animal, ha sido una cuestión denunciada por muchas organizaciones independientes y ONG’s, como Mercy for Animals e Igualdad Animal en México.

Ello ha servido para concientizar sobre el sufrimiento espantoso —y totalmente innecesario— que pasan vacas, cerdos, pollos y demás animales en los rastros, trayendo como resultado que se presione a los gobiernos para que implementen medidas eficaces contra la crueldad en estos sitios.

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Es ahora el caso de México, en donde la Cámara de Diputados aprobó el pasado 7 de noviembre el proyecto para modificar la Ley Federal de Sanidad Animal y el Código Penal Federal, una iniciativa que comenzó como proyecto de ley en marzo pasado. La implementación de esta reforma tipificaría como delito grave la crueldad en los rastros; en este sentido, las personas que cometan actos atroces contra estos animales de granja podrían ser encarceladas entre 6 meses y 2 años, y pagar multas administrativas de hasta 50 mil salarios mínimos. 

Además, la ley será una herramienta para plantear el uso de la ciencia y la tecnología para suprimir todo sufrimiento y hacer que el abastecimiento de carne a los mercados no tenga como trasfondo el infierno por el que pasan actualmente los animales en los rastros. Esto es fundamental pues México es un país que produce muchísima carne, sobre todo para exportarla a países como Estados Unidos, Corea y Rusia.

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Para cumplir con las necesidades del mercado existen en México dos tipos de rastros: los municipales, que son inspeccionados por la Secretaría de Salud, y los de inspección federal (TIFF), que son coordinados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  (SAGARPA). Estos últimos son los que más respetan las normas, tanto en el ciclo de engorda del ganado —donde se cuida que éste se encuentre libre de componentes dañinos para la salud como el clembuterol—,  hasta el proceso de sacrificio, corte y deshuese.

Lamentablemente, los rastros TIFF equivalen al 40%, mientras que los rastros municipales, mismos que no cumplen normas básicas de supervisión e higiene, son el 60% restante. Pero además de ser malo para la salud de los consumidores, las prácticas en estos rastros ocasionan que se amplifique el sufrimiento animal.

Así lo documentó el equipo de investigación del portal Igualdad Animal, quienes en 2016 accedieron a 21 rastros municipales en los estados de Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Zacatecas y Nayarit, descubriendo prácticas terribles durante el sacrificio del ganado. Documentaron cómo en esos lugares se mata a los animales con golpes de mazo, degollados sin aturdimiento previo e incluso con base en repetidas puñaladas, todo ello para ahorrar dinero en este proceso al no gastar en tecnología que impida este sufrimiento absurdo.

A raíz de ello, Mercy for Animal lanzó una petición que alcanzó 340 mil firmas, misma que fue uno de los detonantes para que el Senado y la Cámara de Diputados pusieran a discusión la reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal, misma que consiste en obligar a los propietarios de animales domésticos o silvestres en cautiverio a procurar el máximo bienestar en materia de alojamiento, trato, seguridad y cuidado a los mismos.

Ahora que la sociedad mexicana logró empujar a que esto sucediera, la ultima palabra está en manos de los legisladores, para hacerlo posible. Y de llevarse acabo esta reforma, toca dar seguimiento para que no solo sea inviolable, sino que los organismos gubernamentales se encarguen de que sea efectiva en la práctica. Sólo así, podrá comenzar una lucha contra el sufrimiento desmedido de los 7 millones de animales que se sacrifican al año en el país.