* por: Francisco José Flores Ramos

 

“El que contamina paga” es una frase que se usa a menudo para asignar moralmente la responsabilidad de dañar el medioambiente al culpable, las legislaciones de varios países adoptan esta postura, incluso los llamados partidos verdes que existen en diversos países. Esta postura está basada en los escritos de Arthur C. Pigou (1877-1959), quién decía que el Estado debe proteger el bien común, obligando a los responsables de los perjuicios ambientales a incluir los costos de reparación en los costos de producción. Nada más lejos de la realidad; si esto fuera cierto no existirían los procesos mineros, ya que al dimensionar los daños ambientales y sociales y estar obligados a repararlos, los proyectos serian inviables económicamente.

Pigou señaló la necesidad de que el Estado intervenga y finque la responsabilidad sobre los costos a los responsables.

La idea de Pigou en su concepción es brillante, es en la práctica donde se han encontrado limitaciones por falta de honestidad de los seres humanos. Pigou presentó en 1920 sus estudios que mostraban la importancia del bienestar privado frente al bienestar común, escritos que son retomados en 1992 por la Organización de las Naciones Unidas.

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Lucy Nieto-Flickr, Creative Commons

Derivado de la falla que encuentra Ronald Coase en Los impuestos pigouvianos, escribe en 1961 El problema del costo social, que se refiere a los costos ambientales y sociales que no se enlistan en los proyectos y por los que nadie paga.

El ensayo de Coase es una critica frontal a la teoría de Pigou. Ronald Coase argumenta lo siguiente:

El error de análisis de los economistas radica básicamente en considerar al gobierno como una fuerza correctiva de las fallas de mercados que no tiene costos, lo que está muy lejos de la realidad.

Coase es muy claro en su postura, por más que se hagan esfuerzos por enlistar todos los costos ambientales y sociales, hace énfasis en los costos que tienen precio de intercambio cero, es decir, son costos que el mercado no reconoce pero que existen. Por ejemplo, el grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia al cual pertenecen el doctor Jerónimo Aznar y Vicente Estruch, entre otros, ha detectado en sus estudios doctorales sobre valoración de activos ambientales que sólo el 35% del Valor Económico Total de un recurso es reconocido por el mercado, existe un 65% de valores sociales o superiores que no son reconocidos por el mercado, es decir no tienen precio, lo cual no significa que no tengan valor. Por el contrario, son valores superiores. Esto es a lo que se refiere Coase cuando dice que por más que un Estado enumere los valores que se van a perder tras la ejecución de un proyecto, nunca se van a determinar todos los costos, y menos a pagar por su remediación.

todos los elementos que tras la ejecución del proyecto no sean repuestos, y los elementos de bienestar o valores superiores que se pierdan, cuando nadie paga por ellos, quien paga es la sociedad, ese es el costo social.

 

Ejemplo: La alcaldía vs la ciudadanía

Pongamos por ejemplo el caso de la ciudad que se volvió metrópolis; hoy en día hay muchas ciudades que hace 20 o 30 años eran ciudades de provincia, tenían relativos problemas de tráfico, menos de 500,000 habitantes, sus avenidas y ejes viales eran suficientes. Después de algunos años se han vuelto metrópolis, se han juntado con ciudades aledañas, y ahora enfrentan problemas similares a las grandes urbes.

El problema que tomaremos como ejemplo es el siguiente: se debe talar un sistema de arbolado urbano en aras del progreso, la modernidad y una mejor calidad de vida en cuestiones de tráfico. La parte de la sociedad que vive en esa zona de la ciudad rechaza los argumentos del Estado, es decir no le alcanzan estas justificaciones, la ciudadanía sabe que el sistema de arbolado representa muchos más valores que los que el gobierno reconoce. Tal vez los ciudadanos no reconozcan a detalle cuáles son estos valores, pero saben que existen y que pasan por el orden de: sentido de pertenencia al barrio, paisaje, servicios ambientales, valores culturales, y sobre todo el valor de legarlo a futuras generaciones. El valor de que sus descendientes vivan los mismos beneficios.

La parte que busca implementar los ejes viales en favor de la modernidad y el progreso presenta un plan de remediación que no deja satisfecha a la parte afectada: argumenta que árboles en igual cantidad y especie serán plantados en algún reservorio para reponer los servicios ambientales. Este es el punto álgido del problema, ya que la ciudadanía sabe o percibe que esta solución no cubre todos los daños. Es decir que la parte que apoya el proyecto argumenta únicamente en base a costos de reposición y por ende los servicios ambientales, pero la parte afectada sabe que hay valores superiores que se perderán y por los que nadie va pagar. 

Julio Torres Coto, en su artículo “¿Cuánto vale un árbol urbano?”, nos hace especial hincapié en las diferencias que hay entre árboles urbanos, árboles frutales y árboles maderables. No es lo mismo en árbol dentro de una reserva que dentro de una ciudad. Podemos decir que todos los valores superiores que se pierdan tras la ejecución del proyecto son el costo social, los valores o elementos que producen bienestar y que se nadie va a reponer.

¿Quién paga los daños ambientales que nadie paga tras la ejecución de un proyecto público o privado? 

La respuesta es la sociedad, ese es el costo social.

 

Fuentes

Aznar, Jerónimo. (2012) Valoración de Activos Ambientales.

Coase, Ronald. (1961) El problema del costo social.

Pigou, Arthur. (1920). The Economics of Welfare [4a. ed.].

Torres, Julio (2019]) Revisar Valuador Profesional.

 

* Imagen principal: Luvianos Cañadas, Nachititla, Estado de México, Wikimedia Commons