Conservación comunitaria en la Chinantla: una alternativa desde la comunalidad

Las prácticas de conservación ambiental de las comunidades originarias de Chinantla son un verdadero ejemplo de gobernanza.

Por: Milton Gabriel Hernández García

 

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) de carácter comunitario constituyen una alternativa social, cultural y ambiental a las Áreas Naturales Protegidas que surgen por decreto gubernamental, las cuales no suelen tomar en cuenta, de manera adecuada, la participación social. Las ADVC están reconocidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). La CONANP ha certificado hasta el momento 372 ADVC a nivel nacional, equivalentes a una superficie de 406,422.21 hectáreas. En Oaxaca existen 138 ADVC, cuya superficie equivale a 129,000 hectáreas. En este ensayo me referiré a la experiencia comunitaria de conservación de una localidad indígena de la región conocida como la Chinantla, en el estado de Oaxaca.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), existen 26 regiones indígenas en el país y la Chinantla está considerada como de esas regiones. Una característica importante es su porcentaje de población indígena, superior al 70%. La lengua con mayor presencia es el chinanteco, pero coexiste con el mazateco y el zapoteco.

La región de la Chinantla es reconocida también como la tercera selva mejor conservada del país, después de la Selva Lacandona en Chiapas y Los Chimalapas, en Oaxaca. Mantiene importantes áreas de bosques y selvas con adecuadas condiciones de conservación, conectividad, biodiversidad y extensión. Cuenta con alrededor de 180 mil hectáreas de selvas tropicales y 152 mil hectáreas de bosques mesófilos. Es también una de las regiones más lluviosas del país, por lo que es considerada como una de las “fábricas” más importantes de agua. Es también el hábitat de especies como el jaguar, el mono araña, el tucán, el faisán real, entre otras muchas especies que se consideran en peligro de extinción. Según la CONANP, en el área de influencia de la Región Prioritaria para la Conservación de la Chinantla existen 26 ADVC, que en su conjunto alcanzan 56,290.68 hectáreas.

Podríamos señalar una serie de diferencias sustanciales entre un ANP que surge por decreto y un ADVC, pero por el momento quisiera hacer énfasis en dos de ellas. En primer lugar, un ADVC no se encuentra bajo la administración del gobierno, sino del propietario y cuando se trata de una de carácter comunitario, es la comunidad misma la que a través de sus autoridades agrarias, administra el área protegida. En segundo lugar, la planeación de los usos permitidos y no permitidos del territorio comunitario certificado como área protegida, es dirigida de igual manera por la misma comunidad, ya que es ella la que elabora la Estrategia de Manejo de la superficie bajo conservación.

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El objetivo de este ensayo es mostrar cómo las prácticas tradicionales de manejo y conservación de los bienes naturales pueden llegar a armonizarse con ciertas políticas ambientales, las cuales buscan construir mecanismos más participativos y menos centralizados para la conservación del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. Para ello, me centraré en el caso de una comunidad chinanteca en la que desde hace más de 1 década, la asamblea comunal determinó el establecimiento de un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

San Felipe Usila es uno de los municipios chinantecos en los que las ADVC han sido implementadas como una alternativa para la construcción de gobernanza ambiental. San Antonio del Barrio es una comunidad chinanteca perteneciente a este municipio. Su territorio oscila entre los 600 y los 1200 msnm y se encuentra enclavada en la cuenca alta del río Usila, en un entorno caracterizado como bosque mesófilo de montaña. El núcleo de población se encuentra a 650 msnm y es punto de encuentro entre los ríos Perfume y Tlacuache. Como en muchas comunidades de la Chinantla, se realiza el aprovechamiento tradicional de especies como el tepejilote, el barbasco, la vainilla, la palma camedor y la pita. Si una persona quiere aprovechar un árbol para su casa, debe pedir permiso al comisariado:

puede traer un pino, pero siempre y cuando no lo eche a perder, que lo ocupe. Para la leña, la traen de los acahuales, del cafetal. Ahí no tienen que pedir permiso, cada quien va, nada más que está retirado. Ahora estoy viendo que están yendo más o menos a una hora y media, a una hora y cuarto. La traen cuando van a su milpa.

Refiere un comunero que “desde siempre” han cuidado su entorno, pues ni el café y lo que representa los motivó a desmontar “más de la cuenta”, ya que los ancianos de la comunidad señalan que los abuelos han sabido respetar “los montes viejos”, porque saben de la importancia que tienen para mantener sano el ecosistema y que siga la producción de agua. El monte tiene una gran variedad de usos y formas de aprovechamiento. Es considerado como un bosque comestible, que provee también insumos para combustible, plantas medicinales y para la elaboración de artesanías diversas: “del monte se recolecta aparte de la madera, frutos y bejucos para hacer canastas, para la cosecha del maíz, para recolectar sus frijoles, su maíz”.

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Los conocimientos chinantecos para el aprovechamiento de la flora siguen teniendo vigencia y actualidad, a pesar de que algunas prácticas se han modificado. El conocimiento de los ciclos lunares es fundamental y suele ser compartido por los comuneros de diversas edades. Sin embargo, son los mayores los que tienen más experiencia en el manejo del bosque, por lo que siempre son consultados por las nuevas generaciones para el aprovechamiento forestal maderable y no maderable. Tanto las herramientas como los conocimientos se han tenido que adaptar a las nuevas condiciones sociales y sobre todo normativas, pues el establecimiento de un ADVC en el territorio comunal ha significado cierta adaptación de las prácticas etnoecológicas.

San Antonio del Barrio cuenta con un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), cuya historia se remonta oficialmente al 23 de julio de 2004, cuando las autoridades de Bienes Comunales y Municipales de la comunidad, solicitaron a la CONANP la certificación de 1,200 hectáreas para fines de conservación. Esta iniciativa fue impulsada por instituciones gubernamentales del sector ambiental y por el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) del PNUD. Los comuneros de mayor edad recuerdan que las acciones de conservación no tienen su origen en la certificación de un área voluntaria, pues “desde que yo me acuerdo de por sí se ha conservado, creo que había más cuidado porque la gente rozaba en rotaciones y era toda la comunidad”. Ante la abundancia de terrenos para trabajadero, la asamblea comunal había destinado ya desde los años 70 una porción del territorio para la conservación, principalmente dejando de trabajar en determinadas superficies:

Antes de la certificación, se habían dejado los trabajos en varias áreas de cultivo, que la gente no tumba bosques o sea en los bosques vírgenes, habían suficiente terreno para trabajar sin necesidad de la tumba y roza.

De forma paralela a la gestión con la CONANP, San Antonio realizaba acciones de coordinación con otras comunidades con las que colinda y que pertenecen también a San Felipe Usila. En este contexto, el 26 de agosto de 2004, las comunidades de Santa Cruz Tepetotutla, Santiago Tlatepusco, San Antonio del Barrio y San Pedro Tlatepusco, firmaron el “Acuerdo Regional Comunitario para la Conservación de los Recursos Naturales de la Cuenca Alta del Río Perfume y Santiago”. Derivado de estos acuerdos internos e intercomunitarios y de las gestiones con la CONANP, la comunidad de San Antonio del Barrio cuenta actualmente con un ADVC, cuya extensión es de 1,500 hectáreas de terrenos de uso común.

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Considero que la gestión comunitaria del ADVC de San Antonio del Barrio se enmarca de manera muy clara en el concepto de gobernanza, que se refiere a la capacidad social para gestionar la diversidad en beneficio del bien común, en el marco de un sistema político y económico. La gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de un gobierno para establecer consensos entre diferentes actores y con ello, resolver actuales y potenciales conflictos.
Las autoridades agrarias y las autoridades de la CONANP enfrentan cotidianamente el reto de conservar en el marco de las necesidades socieconómicas locales y la pertinencia cultural. En la gobernanza concurren diferentes actores, como las autoridades agrarias, los grupos productivos, las instituciones civiles, de gobierno y académicas. La acción colectiva que ha permitido consolidar el proceso se expresa en la Estrategia de Manejo que ha sido elaborada por los comuneros y validada en la asamblea comunal.

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Autor: México Sostenible
Somos una organización de jóvenes comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país. Integramos un equipo interdisciplinario capaz de analizar diferentes temas de la agenda ambiental, con el fin de generar acciones para fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático e incentivar su desarrollo sostenible.


Los bosques del mundo tienen rostro de mujer

Las mujeres indígenas y campesinas son las principales guardianas del bosque. Estos son los retos a los que se enfrentan.

* por: Amelia Arreguín

 

Debe reconocerse el papel histórico y la contribución positiva de las mujeres en el gobierno y cuidado de los bosques y garantizarse su plena participación en la toma de decisiones.

(Iniciativa Mumbai-Porto Alegre sobre los Bosques, Principio 4, enero de 2005)

 

Los bosques son un espacio vital para diversas especies, en particular para 300 millones de personas que dependen física, cultural y espiritualmente de este ecosistema. Las personas que habitan los bosques encuentran ahí los insumos necesarios para su vida cotidiana: combustibles, alimentos, medicina; pero también, las personas que viven en las ciudades dependen de ellos, pues, entre otros servicios, regulan la temperatura global, capturan carbono y “producen” agua y aire.

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No obstante, los proyectos modernistas extractivos han distorsionado las relaciones ancestrales al interior de los pueblos del bosque y las relaciones de éstos con el bosque. Ese rompimiento cultural ha afectado diferenciadamente a las mujeres, privándolas, entre otras cosas, de sus derechos tradicionales al bosque y su vínculo con él. Además, la destrucción de los bosques a causa de un modelo desarrollista, ejemplificado en las plantaciones industriales de árboles o en las minas, tiene impactos graves y diferenciados sobre las mujeres, en particular, porque las priva de autonomía y las empobrece, reforzando un modelo de sociedad patriarcal.

Las mujeres indígenas y campesinas han contribuido milenariamente al conocimiento, valoración y conservación del bosque, son sus principales guardianas, conocen profundamente sus ciclos y de todas las especies que lo habitan. Pero conforme la modernidad y la globalización, entendidas como fenómenos sociohistóricos, se han instalado en el imaginario, los aportes de las mujeres han sido invisibilizados y éstas, incluso, han sido despreciadas.

Los cambios más importantes que se producen en las formas de sustento y las relaciones de género cuando las mujeres pierden acceso a los recursos del bosque o pierden el control sobre ellos. Las mujeres se están volviendo cada vez más marginadas e invisibles, al mismo tiempo que sus derechos tradicionales, conocimientos y uso de la tierra y los bosques son cambiados por leyes sobre la tierra y políticas forestales que reducen el acceso de la mujer a los recursos productivos.

(Vanessa Griffen, Seeing the Forest for the People)

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En la actualidad, las mujeres se enfrentan a múltiples problemáticas que intentan constantemente diluir su relación con el bosque, y agravan las situaciones de violencia en que las culturales patriarcales (modernas o tradicionales) las han colocado:

  • El rompimiento de los ciclos ecosistémicos, a causa de la alteración humana y la destrucción de los hábitats con los que las mujeres estaban familiarizadas, impacta en los conocimientos tradicionales y los múltiples usos que las mujeres hacen de los bosques para vivir.
  • Pérdida de reconocimiento y valor social tradicional, lo que incluye la pérdida de poder en la toma de decisiones en el hogar y en la comunidad.
  • Limitado acceso a los recursos y al trabajo remunerado, lo que aumenta su situación de dependencia física y económica hacia los hombres.
  • El costo social del aumento del ingreso económico que los hombres reciben a causa de sus nuevos trabajos en procesos industriales forestales recae en las mujeres: altos índices de alcoholismo, conductas delictivas y enfermedades de transmisión sexual.
  • A causa de la migración forzada por la globalización y los impactos climáticos, las mujeres cargan con dobles o triples jornadas de trabajo productivo y reproductivo.
  • Los proyectos desarrollistas son ciegos a las cuestiones de género y están diseñados para que sus beneficiarios sean los hombres (entrega de títulos y apoyos financieros o técnicos sólo para hombres), exacerbando las problemáticas de género.
  • El no acceso a este tipo de proyectos le cierra puertas importantes a las mujeres: no reciben capacitación, no tienen nuevas oportunidades económicas y educativas, no tienen vínculos con organismos externos, ni son representantes o dirigentes de las actividades productivas o comerciales de sus comunidades.

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Sin embargo, ante un panorama tan complicado, las mujeres, a través de sus redes se acompañan, se fortalecen y resisten. Pero la resistencia no es el objetivo último, sino la vida plena. Por ello, es necesario que estas realidades complejas sean transformadas. Continuemos el trabajo y la exigencia por el pleno reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres (según sus múltiples denominaciones: humanos, indígenas, de juventudes…).

En este sentido, como sociedades tenemos que trabajar en múltiples frentes para garantizar el reconocimiento jurídico y social al trabajo que realizan las mujeres indígenas, campesinas y de zonas rurales, así como valorar su conocimiento y acciones en favor de los bosques porque su trabajo redunda en el bienestar mundial. Ellas son las mujeres más pobres en el planeta y al mismo tiempo son quienes nos protegen a todxs.

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Autor: Eco Maxei
Eco Maxei Querétaro AC es una organización sin fines de lucro cuya misión es fomentar la coexistencia armónica entre las personas y con la naturaleza. Somos una organización multidisciplinaria, fundada e integrada por jóvenes agentes de cambio desde 2014.


Voces de autonomía indígena se escuchan en Naciones Unidas

Así fue la participación de diversas comunidades indígenas de América Latina en las Naciones Unidas.

 * por: Mauricio del Villar Zamacona

 

Con el propósito de asistir al Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, que se lleva a cabo en Nueva York del 22 de abril al 3 de mayo, se conformó el Concejo Indígena para la Protección del Territorio, las Tradiciones, las Lenguas y las Semillas (CIPROTER), integrado por personas del pueblo zapoteca, hñahñu, sápara, achuar, likanantay, mapuche lafquenche, mapuche pehuenche y mapuche nagche provenientes de México, Guatemala, Ecuador, Perú y Chile.

De acuerdo con Juan Antonio Calfín, originario de la nación mapuche y coordinador del grupo, este esfuerzo busca fortalecer la autonomía y la libre determinación de los pueblos, llevando adelante acciones conjuntas entre países que permitan el dialogo y fortalezcan la resistencia de los pueblos indígenas ante la vulneración de los derechos humanos. A su vez, enfatizó, viajaron de manera autogestionada apoyados por sus propias comunidades y movimientos sociales, y de manera independiente a los gobiernos de sus Estados.

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A lo largo de estos días los delegados de este concejo participaron activamente en las diferentes sesiones del Foro. En el caso de México se escuchó la palabra de Mariana Solórzano, del Comité de protección de Comitancillo y Nashieeli Valencia, del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, ambas originarias del istmo de Tehuantepec en Oaxaca, quienes manifestaron su rechazo a los ejercicios de consulta gubernamentales en torno a los megaproyectos y la minería, ya que vulneran el derecho de los pueblos a ejercer su autonomía sobre sus territorios, y no se toman en cuenta las decisiones de las asambleas comunitarias. De igual forma enfatizaron la importancia de reconocer el trabajo comunal expresado en tequios, gozonas, mano vuelta, y la importancia que esto ha jugado en la reproducción material y espiritual de la vida comunitaria, en franca oposición y resistencia a los modos individualistas característicos del sistema neoliberal en crisis.

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Los integrantes de Chile denunciaron al Estado chileno frente a la vulneración de sus derechos humanos y la falta de consulta indígena en el proceso de tramitación y ratificación del tratado internacional TPP-11 que hace 1 semana fue votado en la Cámara de Diputados y que se encuentra en proceso de tramitación en la cámara alta. De igual forma resaltaron su gran preocupación en el caso específico del plan de Auraucania por el proceso de militarización que impulsa el Estado chileno con el propósito de resguardar los grandes intereses económicos, generando un ambiente de temor y amenaza hacia sus pueblos y sus líderes tradicionales.

En estos días el CIPROTER realizó dos mesas paralelas al foro. En la primera, el tema fue “Fortaleciendo la Resiliencia Territorial con el Conocimiento y las Prácticas Tradicionales”, en la que compartieron que para sus culturas los territorios son espacios sagrados, que han sabido mantener y preservar de una forma equilibrada y armónica de su patrimonio natural por miles de años, manteniendo la cosmovisión y espiritualidad de sus antepasados, quienes honran, valoran y agradecen por su sabiduría y cultura heredada.

En la segunda se habló sobre “La afectación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP-11) y otros tratados que vulneran derechos indígenas”, e hicieron énfasis que los estados firman tratados internacionales que se basan en intereses económicos, y exigieron que se reconozca y permita el ejercicio de su derecho a determinar sus prioridades de vida con base en su cosmovisión. Recalcaron que los derechos de los pueblos indígenas tienen su raíz en el hecho de que su existencia es anterior a la formación de los Estados y que a pesar de la conquista y la colonización en que vivieron mantienen su cultura, sus conocimientos tradicionales y formas propias de organización.

Finalmente, tuvieron una importante reunión con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien en el marco del Foro manifestó que los pueblos indígenas “no son Estados y deberían tener una propia representación”. En dicho espacio, los miembros del CIPROTER le manifestaron que los gobiernos están vulnerando sus derechos al impulsar megaproyectos sin tomar en cuenta su pensar y sin llevar a cabo consultas indígenas de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De igual forma, le solicitaron la necesidad de realizar una visita a Chile y a México para platicar directamente con los pueblos indígenas que se ven afectados por políticas públicas que vulneran sus derechos.

Mauricio del Villar Zamacona
Autor: Mauricio del Villar Zamacona
Promotor Comunitario y Asistente al Foro como parte del Concejo Indígena para la Protección del Territorio, las Tradiciones, las Lenguas y las Semillas.