Por: Milton Gabriel Hernández García

 

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) de carácter comunitario constituyen una alternativa social, cultural y ambiental a las Áreas Naturales Protegidas que surgen por decreto gubernamental, las cuales no suelen tomar en cuenta, de manera adecuada, la participación social. Las ADVC están reconocidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). La CONANP ha certificado hasta el momento 372 ADVC a nivel nacional, equivalentes a una superficie de 406,422.21 hectáreas. En Oaxaca existen 138 ADVC, cuya superficie equivale a 129,000 hectáreas. En este ensayo me referiré a la experiencia comunitaria de conservación de una localidad indígena de la región conocida como la Chinantla, en el estado de Oaxaca.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), existen 26 regiones indígenas en el país y la Chinantla está considerada como de esas regiones. Una característica importante es su porcentaje de población indígena, superior al 70%. La lengua con mayor presencia es el chinanteco, pero coexiste con el mazateco y el zapoteco.

La región de la Chinantla es reconocida también como la tercera selva mejor conservada del país, después de la Selva Lacandona en Chiapas y Los Chimalapas, en Oaxaca. Mantiene importantes áreas de bosques y selvas con adecuadas condiciones de conservación, conectividad, biodiversidad y extensión. Cuenta con alrededor de 180 mil hectáreas de selvas tropicales y 152 mil hectáreas de bosques mesófilos. Es también una de las regiones más lluviosas del país, por lo que es considerada como una de las “fábricas” más importantes de agua. Es también el hábitat de especies como el jaguar, el mono araña, el tucán, el faisán real, entre otras muchas especies que se consideran en peligro de extinción. Según la CONANP, en el área de influencia de la Región Prioritaria para la Conservación de la Chinantla existen 26 ADVC, que en su conjunto alcanzan 56,290.68 hectáreas.

Podríamos señalar una serie de diferencias sustanciales entre un ANP que surge por decreto y un ADVC, pero por el momento quisiera hacer énfasis en dos de ellas. En primer lugar, un ADVC no se encuentra bajo la administración del gobierno, sino del propietario y cuando se trata de una de carácter comunitario, es la comunidad misma la que a través de sus autoridades agrarias, administra el área protegida. En segundo lugar, la planeación de los usos permitidos y no permitidos del territorio comunitario certificado como área protegida, es dirigida de igual manera por la misma comunidad, ya que es ella la que elabora la Estrategia de Manejo de la superficie bajo conservación.

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El objetivo de este ensayo es mostrar cómo las prácticas tradicionales de manejo y conservación de los bienes naturales pueden llegar a armonizarse con ciertas políticas ambientales, las cuales buscan construir mecanismos más participativos y menos centralizados para la conservación del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. Para ello, me centraré en el caso de una comunidad chinanteca en la que desde hace más de 1 década, la asamblea comunal determinó el establecimiento de un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

San Felipe Usila es uno de los municipios chinantecos en los que las ADVC han sido implementadas como una alternativa para la construcción de gobernanza ambiental. San Antonio del Barrio es una comunidad chinanteca perteneciente a este municipio. Su territorio oscila entre los 600 y los 1200 msnm y se encuentra enclavada en la cuenca alta del río Usila, en un entorno caracterizado como bosque mesófilo de montaña. El núcleo de población se encuentra a 650 msnm y es punto de encuentro entre los ríos Perfume y Tlacuache. Como en muchas comunidades de la Chinantla, se realiza el aprovechamiento tradicional de especies como el tepejilote, el barbasco, la vainilla, la palma camedor y la pita. Si una persona quiere aprovechar un árbol para su casa, debe pedir permiso al comisariado:

puede traer un pino, pero siempre y cuando no lo eche a perder, que lo ocupe. Para la leña, la traen de los acahuales, del cafetal. Ahí no tienen que pedir permiso, cada quien va, nada más que está retirado. Ahora estoy viendo que están yendo más o menos a una hora y media, a una hora y cuarto. La traen cuando van a su milpa.

Refiere un comunero que “desde siempre” han cuidado su entorno, pues ni el café y lo que representa los motivó a desmontar “más de la cuenta”, ya que los ancianos de la comunidad señalan que los abuelos han sabido respetar “los montes viejos”, porque saben de la importancia que tienen para mantener sano el ecosistema y que siga la producción de agua. El monte tiene una gran variedad de usos y formas de aprovechamiento. Es considerado como un bosque comestible, que provee también insumos para combustible, plantas medicinales y para la elaboración de artesanías diversas: “del monte se recolecta aparte de la madera, frutos y bejucos para hacer canastas, para la cosecha del maíz, para recolectar sus frijoles, su maíz”.

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Los conocimientos chinantecos para el aprovechamiento de la flora siguen teniendo vigencia y actualidad, a pesar de que algunas prácticas se han modificado. El conocimiento de los ciclos lunares es fundamental y suele ser compartido por los comuneros de diversas edades. Sin embargo, son los mayores los que tienen más experiencia en el manejo del bosque, por lo que siempre son consultados por las nuevas generaciones para el aprovechamiento forestal maderable y no maderable. Tanto las herramientas como los conocimientos se han tenido que adaptar a las nuevas condiciones sociales y sobre todo normativas, pues el establecimiento de un ADVC en el territorio comunal ha significado cierta adaptación de las prácticas etnoecológicas.

San Antonio del Barrio cuenta con un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), cuya historia se remonta oficialmente al 23 de julio de 2004, cuando las autoridades de Bienes Comunales y Municipales de la comunidad, solicitaron a la CONANP la certificación de 1,200 hectáreas para fines de conservación. Esta iniciativa fue impulsada por instituciones gubernamentales del sector ambiental y por el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) del PNUD. Los comuneros de mayor edad recuerdan que las acciones de conservación no tienen su origen en la certificación de un área voluntaria, pues “desde que yo me acuerdo de por sí se ha conservado, creo que había más cuidado porque la gente rozaba en rotaciones y era toda la comunidad”. Ante la abundancia de terrenos para trabajadero, la asamblea comunal había destinado ya desde los años 70 una porción del territorio para la conservación, principalmente dejando de trabajar en determinadas superficies:

Antes de la certificación, se habían dejado los trabajos en varias áreas de cultivo, que la gente no tumba bosques o sea en los bosques vírgenes, habían suficiente terreno para trabajar sin necesidad de la tumba y roza.

De forma paralela a la gestión con la CONANP, San Antonio realizaba acciones de coordinación con otras comunidades con las que colinda y que pertenecen también a San Felipe Usila. En este contexto, el 26 de agosto de 2004, las comunidades de Santa Cruz Tepetotutla, Santiago Tlatepusco, San Antonio del Barrio y San Pedro Tlatepusco, firmaron el “Acuerdo Regional Comunitario para la Conservación de los Recursos Naturales de la Cuenca Alta del Río Perfume y Santiago”. Derivado de estos acuerdos internos e intercomunitarios y de las gestiones con la CONANP, la comunidad de San Antonio del Barrio cuenta actualmente con un ADVC, cuya extensión es de 1,500 hectáreas de terrenos de uso común.

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Considero que la gestión comunitaria del ADVC de San Antonio del Barrio se enmarca de manera muy clara en el concepto de gobernanza, que se refiere a la capacidad social para gestionar la diversidad en beneficio del bien común, en el marco de un sistema político y económico. La gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de un gobierno para establecer consensos entre diferentes actores y con ello, resolver actuales y potenciales conflictos.
Las autoridades agrarias y las autoridades de la CONANP enfrentan cotidianamente el reto de conservar en el marco de las necesidades socieconómicas locales y la pertinencia cultural. En la gobernanza concurren diferentes actores, como las autoridades agrarias, los grupos productivos, las instituciones civiles, de gobierno y académicas. La acción colectiva que ha permitido consolidar el proceso se expresa en la Estrategia de Manejo que ha sido elaborada por los comuneros y validada en la asamblea comunal.