En América Latina mueren aproximadamente cuatro ecologistas por semana, y México es uno de los países que más ha contribuido a esa cifra; junto con Brasil, Colombia y Perú, se ha convertido en el escenario perfecto para el asesinato y la impunidad.

Según el informe de Global Witness ¿A qué precio?, el 2017 fue el año más violento para los defensores de la tierra y el medioambiente, siendo la agroindustria el sector más vinculado a los asesinatos. En México, los homicidios aumentaron drásticamente de tres a 15 (400%) y en Perú, de dos a ocho (300%).

El informe señala que Brasil fue el país en el que se registró mayor cantidad de asesinatos, con 57 personas muertas, el 80% de las cuales protegían distintas regiones del Amazonas de la tala y la explotación. En Colombia, murieron 24.

Amenazas, abuso físico y psicológico, muerte y destrucción del medioambiente. Este es el saldo que implica el activismo ambiental en América Latina y en México, y estos abusos continúan avanzando. Ben Leather, responsable de la campaña de Global Witness, denuncia que entre los motivos se encuentran:

La propagación del crimen organizado, la impunidad persistente, la falta de protección efectiva a personas defensoras en riesgo y la exclusión de comunidades afectadas por megaproyectos de la toma de decisiones sobre el uso de sus tierras y sus recursos naturales.

Además, el informe devela el aumento en los asesinatos vinculados a productos para consumo, es decir, contra quienes defienden su tierra de la agricultura destructiva; por ejemplo, del acaparamiento de tierra para la palma aceitera, utilizada en productos de uso cotidiano como jabón y café.

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El asesinato es el ejemplo más atroz de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a los defensores, incluyendo amenazas de muerte, arrestos e intimidación, y probablemente el total global de personas afectadas es mucho mayor.

 

¿A qué precio?

México vive una grave crisis de derechos humanos y de acuerdo con James Cavallaro, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado no acepta esta realidad y ha gastado millones de dólares en promover su imagen. Ben Leather coincide en esta apreciación:

Detrás de esto hay una completa ausencia de voluntad política. El nuevo gobierno tendrá que priorizar los derechos del pueblo por encima de los poderes fácticos y empresariales, si van a acabar con esta violencia.

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Global Witness exigió al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador una postura más contundente para resolver los asesinatos:

Si quiere ser coherente, Obrador debe anunciar que este asunto será una prioridad. Debe asegurar justicia para los activistas asesinados, fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o retener su consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de su tierra.

Resolver esta situación requiere de un esfuerzo colectivo. Desde los poderes fácticos hasta la conciencia de los consumidores, cuyas decisiones diarias afectan directamente a la naturaleza.