Imagen: Kimera
La convocatoria, publicada el 28 de octubre del 2016, no especifica el número de metros que ocupará el espacio recreativo cultural ni la extensión de la obra ni las especificaciones técnicas ni las facultades sobre la propiedad que se le otorgará al ganador. Para Iván Restrepo, periodista para el periódico mexicano La Jornada, “tampoco se dan mayores detalles sobre las características del proyecto inmobiliario, pero sí se advierte, en un tono de simulación conservacionista, que debe ser sustentable.”
Pese a todo, la convocatoria siguió en pie gracias al avalo del jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, quien no realizó consultó con la ciudadanía si se estaba de acuerdo con el proyecto. Se declaró que los interesados tenían cinco días hábiles para registrarse y sólo 30 más para presentar propuestas con cada uno de los requisitos. Sin embargo, según la investigación de Restrepo, “es imposible presentar en el tiempo establecido un espacio recreativo-cultural que cumpla con las mínimas normas de sustentabilidad ambiental, lo que lleva a pensar que la citada convocatoria es un traje a la medida para favorecer los intereses de alguien previamente elegido.”
Además, continúa Restrepo: “Si las intenciones fueran para bien de la Tercera Sección, ni de lejos se estaría pensando en impulsar un desarrollo inmobilario cuando lo que urge es fortalecer el bosque, no restarle arbolado.” Este argumento lo justifica con el “inexplicable silencio del Fideicomiso Pro Bosque, del Consejo Rector Ciudadano y de los diputados de la Asamblea de la ciudad. Pero igualmente de la señora Xóchitl Gálvez, delegada en Miguel Hidalgo, quien tanto pugna por la transparencia en el manejo de los bienes de la nación.”
Por su lado, el diputado del grupo parlamentario de Morena, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, invita a solicitar que en este proyecto “se instruyan a la Secretaría del Medio Ambiente y al Oficial Mayor para que rindan un informe pormenorizado que sustente la convocatoria del presente año.”; así como integrar a las secretarías de Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Educación, ya que son dependencias facultadas a emitir un juicio de contenido cultural, científico y educativo.
