Los retos ambientales del próximo sexenio para México

Necesitamos un gobierno que vea en cada mexicano a un guardián de la naturaleza.

Actualmente, el sector ambiental en México se encuentra en una profunda crisis. A nivel mundial, estamos catalogados como el cuarto país más peligroso para los activistas ambientales. Tan sólo el año pasado ocurrieron 17 asesinatos de defensores ambientales. Uno de los casos más sonados fue el de Isidro Baldenegro, a quien lo acribillaron por defender durante 30 años los bosques del pueblo rarámuri en Chihuahua. Otro caso fue el de Manuel Gaspar Rodríguez, quien luchó contra la imposición de una subestación eléctrica en Cuetzalan. Una investigación reciente de la UNAM señala que hoy en día existen más de 500 conflictos socioambientales en todo el país. El diagnóstico es claro: las cosas no cambiarán si seguimos aplicando las mismas recetas. 

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La vaquita marina fue otra víctima de la mala gestión ambiental porque, hay que decirlo sin rodeos, es una especie extinta. Aunque una decena de individuos sobrevivirá, la especie desaparecerá por la falta de variabilidad genética. Resulta oportuno hacer un análisis para explicar las causas de esta tragedia ambiental, ya que la vaquita no es un caso aislado, sino uno de muchos. Otras especies se encuentran en peligro a lo largo y ancho del territorio. El axolote de Xochimilco no tarda en seguir el camino del cetáceo. Los arrecifes del Caribe mexicano han perdido el 80% de su cobertura de corales. No hace mucho, el presidente aprobó el decreto de la Reserva de la Biosfera Gran Caribe, pero 1 año antes recortó el presupuesto para la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y así es el nivel de simulación que impregna al sector. 

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Río Sonora/Foto: Expansión

El caso de los 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre que se vertieron en el arroyo Tinajas en Sonora y afectaron al río Bacanuchi y al río Sonora, será otra de las situaciones que conformarán nuestra tragedia ambiental. El derrame afectó a 22 mil personas de los municipios colindantes con los ríos. Los afectados siguen sin recibir todas las compensaciones correspondientes para subsanar este desastre, que afectó su salud y sus formas de vida. Vale la pena recordar que Grupo México fue el responsable del suceso, y que Germán Larrea (presidente del consorcio) es considerado el segundo hombre más rico del país. El caso de la minería requiere una reflexión seria por parte de los legisladores y de la sociedad. Un estudio reciente de Fundar detectó que en la mayor parte de los municipios donde se extrae oro y plata, el nivel de pobreza de las personas es mayor al promedio nacional. En otras palabras, los beneficios de la minería son inexistentes para los mexicanos, pero debemos asumir los impactos ambientales a corto y largo plazo.

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El último caso, y el más reciente, es el de la cervecera en Mexicali. La empresa americana Constellation Brands quiere instalar una fábrica en ese municipio, para lo cual va a requerir 20 millones de metros cúbicos de agua anuales para poder funcionar. Los ciudadanos siguen luchando para que las autoridades hagan efectivo su derecho humano al agua. No obstante, el gobierno local ha optado por la represión para disolver las quejas de los ciudadanos. Según la Conagua, el acuífero del valle de Mexicali esta sobreexplotado, lo cual debió ser un criterio suficiente para impedir la instalación del consorcio. Los problemas parecen no terminar, y podría seguirme, porque la lista no termina, pero la pregunta a todo esto es: ¿cómo renovar el sector ambiental para hacer frente a los retos que tiene México? 

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Flickr: Lon&Queta/CC

Existen dos acciones clave para mejorar el sector ambiental del país: la primera es aumentar el presupuesto a la dependencia encargada de atender el tema, y la segunda es reconocer a la sociedad civil como uno de los aliados más fuertes para promover una mejor toma de decisiones. El cambio de régimen que se aproxima representa una oportunidad para empezar a probar esquemas de colaboración diferentes entre el gobierno y la sociedad, que permitan una mejor gobernabilidad del territorio. De forma paralela, es momento de cambiar el estilo reactivo del sector a uno preventivo. Social y ambientalmente hablando, es más económico prevenir que remediar. La ausencia de una coordinación intersecretarial es uno de los detonantes de problemas socioambientales más recurrentes. Es absurdo que en 63 de las 177 Áreas Naturales Protegidas existan concesiones de minería. WTF? 

Es momento de que la Semarnat se quite el antifaz de la conservación pura que le fue asignado desde su nacimiento. Necesitamos una Semarnat más social: una secretaría que entienda a los pescadores de las áreas marinas protegidas, a los ejidatarios que desean aprovechar sus bosques y a los ganaderos (dueños de la selva) que necesitan mejorar su productividad para no deforestar. Necesitamos una Semarnat que vea en cada mexicano a un guardián de la naturaleza: llegó el momento de socializar el ambiente.

 

*Autor

Erick Alberto Rodríguez  

@erkrodriguez_

Estudia el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM y es Director General de México Sostenible A.C.: www.mexicosostenible.org.mx

México Sostenible
Autor: México Sostenible
Somos una organización de jóvenes comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país. Integramos un equipo interdisciplinario capaz de analizar diferentes temas de la agenda ambiental, con el fin de generar acciones para fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático e incentivar su desarrollo sostenible.


El turismo de masas pintado de verde en Holbox

A un paso de la transición de gobierno, ahora más que nunca es necesario evitar estos errores al momento de modificar espacios naturales para el turismo.

* Por: Luis Damián McAnally Armijo

 

El turismo es una actividad que se ha visto como la alternativa no extractiva para el desarrollo en muchas partes del mundo. México no ha sido la excepción. Conforme la idea del desarrollo sostenible fue permeando en el discurso de la política mexicana, el ecoturismo o turismo de naturaleza ha ido ganando terreno dentro de las actividades económicas de distintas regiones. El estado de Quintana Roo es un claro ejemplo.

Conforme el turismo de masas o de enclaves como el impulsado en Cancún perdía atractivo, fue necesario encontrar nuevos espacios que atendieran a las nuevas tendencias turísticas globales. Turismo de aventura, turismo alternativo, turismo sustentable, ecoturismo… Muchas ideas sobre cómo debía ser el turismo fueron adoptadas y las Áreas Naturales Protegidas brindaban los espacios ideales para satisfacer esta nueva demanda (Durand, 2014; Eagles, McCool y Haynes, 2003; González-Luna y Vázquez-Toriz, 2016; Guzmán, Figueroa y Durand, 2013; López-Santillán, 2015a; Murray, 2005).

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En los 1990 y principios de los 2000 muchas áreas protegidas en Quintana Roo comenzaron a turistificarse (como es el caso Xcalak) y algunas fueron incluso creadas en un intento de regular el turismo ya existente en la zona (como el caso de Puerto Morelos) (Murray, 2005). Este también fue el caso del Área de Protección de Flora y Fauna Yum  Balam (APFFYB). Esta área protegida decretada en 1994 se encuentra en un “hotspot” de biodiversidad. La zona es visitada por gran número de aves migratorias, es zona de anidación de varias especies de tortugas marinas, tiene importantes humedales y zonas de manglar, etc. Dentro del APFFYB se encuentran las poblaciones de Solferino, Chiquilá y Holbox, pertenecientes al municipio de Lázaro Cárdenas (Berlanga y Faust, 2007).

La isla de Holbox ha sido la zona turística dentro del APFFYB por excelencia y en los últimos años ha sido promocionada intensamente como destino turístico a nivel nacional e internacional. Los esfuerzos iniciales para el decreto involucraron a distintas organizaciones civiles e instituciones académicas, así como a las poblaciones. Originalmente, el decreto del APFFYB buscaba desarrollar el turismo de forma sostenible, con base en el manejo comunitario (Berlanga y Faust, 2007).

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Todo parecía indicar que esta nueva Área Natural Protegida tendría una gobernanza basada en ideas como la democracia deliberativa, tal como expone Cohen (2013), pero cuando el área fue decretada cualquier mención sobre el manejo comunitario fue omitida (Berlanga y Faust, 2007). El turismo creció en Holbox en los años subsecuentes al decreto con actividades como avistamiento de aves, tours a islas cercanas y el nado con tiburón ballena.

La propiedad de la tierra en Holbox es ejidal. Hasta antes del decreto del Área Protegida la relación de la comunidad con su tierra había sido determinada por la actividad pesquera, las fiestas locales y las costumbres propias de la comunidad. Debido a la llegada del turismo, aunado a la reforma del artículo 27 constitucional en 1992, la comunidad holboxeña sufrió un cambio radical en su relación con la isla (López-Santillán, 2015a). Las tierras se parcelaron y la playa se volvió una mina de oro. Diversos hoteles comenzaron a aparecer en las costas de Holbox. El mercado de tierras en la isla ha causado controversia dentro de la comunidad y ha erosionado fuertemente el tejido social, ha individualizado la colectividad que previamente dominaba el hacer y sentir de los holboxeños.  

La historia del APFFYB ha estado llena de omisiones gubernamentales y hoy en día, 23 años después del decreto, el APFFYB permanece sin un plan de manejo. La isla es manejada para satisfacer el mercado turístico y el gobierno estatal y municipal se han convertido en facilitadores de este fenómeno, cosa común en el turismo (González-Luna y Vázquez-Toriz, 2016). Se ha optado por una estrategia de conservación neoliberal en donde el dinero rige lo que se hace y lo que no, y la tierra debe venderse para ser conservada (Durand, 2014; Guzmán et al., 2013; López-Santillán, 2015b).

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Milenio

El dilema social que expone Cárdenas (2009) es evidente en Holbox: los intereses individuales se encuentran alienados de los intereses colectivos. El beneficio a corto plazo de la venta de tierras ha cegado a muchos y puesto en riesgo la estabilidad económica de otros, formando élites que han acaparado los beneficios económicos del turismo. La cohesión social tan importante para la organización colectiva (Kieffer, 2016) se encuentra debilitada debido a esto, por lo que la actividad colectiva hoy en día es difícil.

Otros problemas sociales típicos del turismo (Cañada, 2016; Eagles et al., 2003; Palafox-Muñoz, 2016) también se han hecho presentes: cada día el robo de bicicletas, cámaras y celulares es más frecuente, la pesca se ha ido abandonando poco a poco a favor de las actividades turísticas, algunas fiestas locales se han mercantilizado y comienzan a perderse, los empleos creados a los que pueden acceder las comunidades de la zona son precarios y la comunidad original de holboxeños se encuentra dividida. La idea de una gobernanza ambiental comunitaria parece ahora lejana.

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El Universal

Los problemas ambientales que acarrea el turismo de masas (Cañada y Gascón, 2006; Eagles et al., 2003) no tardaron en llegar. Las playas que en Internet se venden como un destino virgen se encuentran llenas de basura. Las aves cada vez se ubican en zonas más alejadas. Las calles de arena que tanto encanto le daban a Holbox están ahora compactadas y llenas de charcos en donde la lluvia se mezcla con aguas negras. Los lancheros turísticos tienen que ir año con año más lejos para encontrar tiburón ballena. Se ha perdido gran extensión de manglar que ha sido sustituido por hoteles y casas lujosas y el cielo estrellado que dominaba las noches de Holbox ha sido invisibilizado por las luces del pueblo.

En conclusión, sin un cambio en la forma de gobernanza en esta Área Natural Protegida pronto los motivos que incentivaron su creación podrían desaparecer, y con ellos la pequeña gran mina de oro. Hasta ahora, parece sólo otra playa bonita a punto de convertirse en el nuevo Cancún, con toda la desigualdad y destrucción que eso conlleva. El pasado 27 de septiembre el Twitter de la CONANP se llenó de propaganda del Día Mundial del Turismo. Fotografías de escenarios prístinos y actividades como paseos en kayak alimentan el imaginario de que el turismo sostenible es posible; no obstante, ejemplos como el de Holbox son desalentadores.

 

Bibliografía:

Berlanga, M. y Faust, B. B. (2007). We Thought We Wanted a Reserve: One Community’s Disillusionment with Government Conservation Management. Conservation and Society, 5(4): 450–477.

Cañada, E. (2016). Implicaciones socioambientales de la construcción del espacio turístico. Ecología Política: Cuadernos de Debate Internacional, 2016(52): 12–16.

Cañada, E. y Gascón, J. (2006). Turismo y Desarrollo: Herramientas para una mirada crítica (1ra Ed.). Managua, Nicaragua: Enlace.

Cárdenas-Campo, J. C. (2009). Dilemas de lo colectivo: Instituciones, pobreza y cooperación en el manejo local de los recursos de uso común (1ra ed.). Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes.

Cohen, M. A. (2013). Democracia deliberativa y gobernanza ambiental: ¿conceptos transversales de una nueva democracia ecológica? Sociológica, 28(80): 73–122.

Durand, L. (2014). ¿Todos ganan? Neoliberalismo, naturaleza y conservación en México. Sociológica, 29(82): 183–223.

Eagles, P. F. J., McCool, S. F. y Haynes, C. D. (2003). Turismo sostenible en áreas protegidas: Directrices de planificación y gestión. Madrid, España: Organización Mundial del Turismo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y IUCN.

González-Luna, L. A. y Vázquez-Toriz, R. (2016). Megaproyectos turísticos y ecoturísticos: Del despojo al cercamiento de bienes comunes de comunidades rurales en México. Ecología Política: Cuadernos de Debate Internacional, 2016(52): 57–61.

Guzmán, M. G., Figueroa, F. y Durand, L. (2013). Ecología política y ecoturismo en México: reflexiones desde la huasteca potosina y la selva lacandona. En: Guzmán Mauricio y Diego Juárez (eds.) En busca del ecoturismo. Casos y experiencias del turismo sustentable en México, Costa Rica, Brasil y Australia. México: EÓN-El Colegio de San Luis, A.C.

Kieffer, M. (2016). La cohesión social: Elementos de análisis comparativo de dos iniciativas de Turismo Rural Comunitario en Chiapas, México. Ecología Política: Cuadernos de Debate Internacional, 2016(52): 69–72.

López-Santillán, Á. A. (2015a). Desarrollo sustentable y turismo de naturaleza: reevaluación y acción colectiva en torno a recursos comunes en Holbox, México. Otra Economía, 9(17): 187–198. https://doi.org/10.4013/otra.2015.917.07.

López-Santillán, Á. A. (2015b). Turismo y desarrollo sustentable en áreas protegidas o sobre los “nuevos”contrasentidos para la producción y el marasmo en el ámbito rural. Desacatos, 47(2015): 36–57.

Murray, G. D. (2005). Multifaceted measures of success in two mexican marine protected areas. Society & Natural Resources, 18, 889–905. https://doi.org/10.1080/08941920500248814.

Palafox-Muñoz, A. (2016). Turismo e imperialismo ecológico: El capital y su dinámica de expansión. Ecología Política: Cuadernos de Debate Internacional, 2016(52): 18–25.

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Autor: México Sostenible
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Un México resiliente: compromiso de todos

Hoy más que nunca, es indispensable que las ciudades se adapten a los desastres naturales con el fin de mitigar su impacto negativo a largo plazo.

*Por Gustavo Murillo

 

Los efectos del cambio climático han provocado daños irreversibles en el territorio mexicano y en sus habitantes. Hoy más que nunca, es indispensable que las ciudades se adapten a los desastres naturales con el fin de mitigar su impacto negativo a largo plazo. En lo particular, el Gobierno Federal de México ha tomado una serie de medidas que apuestan a la planificación urbana a largo plazo y al aumento de la resiliencia, definida en la Ley General de Protección Civil como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente (Ley General de Protección Civil, 2017, artículo 2°). Si bien estas medidas contemplan la participación de ciertos actores relevantes, la coordinación de éstos (incluidos los gubernamentales) aún presenta grandes áreas de oportunidad. 

Este artículo discute la importancia de dos tipos de coordinaciones esenciales para la efectividad de las políticas o acciones encaminadas a construir resiliencia urbana: la coordinación intersectorial dentro de la administración pública y la coordinación público-privada. 

 

La importancia de la coordinación para la resiliencia

mexico resiliencia

El concepto de resiliencia contiene tres características inherentes (Berkes et al, 2003): 

  1. Cantidad de cambio o transformaciones que un sistema complejo puede soportar manteniendo las mismas propiedades funcionales y estructurales. 
  2. Habilidad del sistema complejo para desarrollar e incrementar la capacidad de aprender, innovar y adaptarse.  
  3. Grado en el que el sistema complejo es capaz de autoorganizarse. 

La resiliencia urbana se entiende entonces como la capacidad de un gran número de actores pertenecientes a una ciudad no sólo para resistir y adaptarse a problemas socioambientales, sino también para innovar y transformarse. Por ello, este trabajo se propone visualizar cada problema socioambiental como un sistema complejo que requiere el involucramiento del gobierno, ciudadanos, empresas y otras partes interesadas. Dado el contexto anterior, la coordinación de todas estas partes se vuelve indispensable para llevar a cabo cualquier estrategia de sostenibilidad. De aquí en adelante, entenderemos coordinación como la articulación de esfuerzos y medios provenientes del sector público, privado, sociedad civil y academia, cuyo objetivo será el intercambio de información y la alineación de agendas para el logro de la resiliencia urbana en México.  

 

2 vías para la coordinación: intersectorial y público-privada

Recientemente, administraciones públicas de distintos países han transformado una gran parte de sus procesos internos, principalmente en la forma en que diseñan e implementan políticas públicas. Uno de los grandes cambios es la descentralización del gobierno y los esfuerzos para empoderar a actores que van más allá del sector público (Walsh y Stewart, 1992; Peters, 2004). Así, en el marco de la gobernanza se ha buscado la participación de organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones gubernamentales, entendiendo los grandes aportes que éstas pueden realizar. Dentro de esta nueva lógica de la acción pública, dos tipos de cooperaciones cobran relevancia para el desarrollo de acciones en temas de sostenibilidad: la coordinación intersectorial de la administración pública y la coordinación público-privada.

 

Cooperación intersectorial de la administración pública

Según Eugene Zapata-Garesché, director regional de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes, uno de los principales retos dentro de los gobiernos es dejar de ver los problemas de las ciudades con un enfoque sectorial. Históricamente, las Secretarías de Estado en México han desarrollado presupuestos y planes de trabajo independientes, aun cuando algunos temas, principalmente socioambientales, requieren de la participación y comunicación de más de una de ellas. Para ilustrar, la Ciudad de México presenta una grave escasez de agua, lo que ha provocado que una gran cantidad de personas no gocen de su derecho fundamental establecido en el artículo 4° constitucional, relativo al acceso, disposición y saneamiento de agua. Este problema no ha podido ser completamente atendido por la falta de coordinación entre los distintos organismos gubernamentales que de una manera u otra, con distintos mandatos, inciden en la materia (la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, entre otros).

Ante casos como el citado, los gobiernos de algunos países han adoptado medidas para obligar a sus secretarías a unir esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos se creó la Ley de Eficacia y Rendimiento del Gobierno (GPRAMA por sus siglas en inglés) para promover la colaboración entre Secretarías de Estado, permitiéndoles consultar y compartir información para operar y crear políticas públicas en conjunto. Lo anterior muestra cuán importante se ha vuelto establecer instituciones flexibles que cuenten con un sistema de generación de información útil y que sean capaces de autoorganizarse. 

 

Cooperación público-privada

El objetivo final de la resiliencia urbana es mejorar el bienestar de los ciudadanos dentro de una localidad o región específica. Por lo anterior, es indispensable fortalecer la cooperación público-privada (relación entre gobierno, sector privado y sociedad civil) para incentivar a la sociedad civil a tomar un rol activo en el fortalecimiento de las ciudades. Por ende, los espacios de participación ciudadana se vuelven fundamentales, a fin de lograr un esquema de gobernanza más horizontal que dé voz a todos los actores interesados y que al mismo tiempo resuelva una de las principales restricciones que enfrenta el diseño de políticas públicas: la falta de información relevante (Merino, 2008).

Dentro de este tipo de cooperación, es necesario resaltar la importancia de la llamada gestión en la frontera (boundary management) propuesta por Cash (2003), haciendo alusión a la correcta gestión del conocimiento científico ligado a temas de sostenibilidad. Lo anterior es sumamente relevante dentro de los espacios de participación ciudadana, principalmente en cuanto a intercambio de información se refiere. Dicha gestión se caracteriza por tener una buena comunicación, traducción y mediación.

En el caso de México, existen Consejos Consultivos Nacionales en materia agropecuaria y ambiental, un espacio de participación ciudadana creado en 1995 con el objetivo de cumplir con el compromiso asumido en 1992, en el marco de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. Los consejos promueven la interacción entre actores provenientes de diferentes sectores, con gran interés en la política y gestión ambiental gubernamental. Sin embargo, hasta el momento su difusión y funcionamiento han pasado desapercibidos.

Por último, es indispensable que el Gobierno Federal continúe adoptando un pensamiento resiliente, consciente de que los problemas socioambientales son realmente complejos y de que sus soluciones requieren del trabajo en equipo de un gran número de actores. Fortalecer las cooperaciones mencionadas a lo largo de este trabajo permitirá, entre otras cosas, tomar decisiones más legítimas, mejorar la comunicación entre expertos y tomadores de decisiones, y por supuesto, mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Incluso, se recomendaría la creación de una oficina de coordinación multisectorial que cree conciencia, difunda conocimiento en temas socioambientales y articule agendas entre las partes interesadas. Es compromiso de todos lograr implementar satisfactoriamente las estrategias propuestas para construir un México resiliente. 

 

* Referencias: 
Berkes. F., J. Colding y C. Folke. (2003). Navigating social–ecological systems: building resilience
for complexity and change. Cambridge University Press, Cambridge.
Cash, D. (2003). “Knowledge systems for sustainable development”. Proceedings of the National
Academy of Sciences, 100(14), 8086-8091.
Hevia, Felipe, Vergara-Lope, Samana y Ávila Landa, Homero. (2011). “Participación ciudadana en
México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal”. Perfiles
Latinoamericanos, 19(38), 65-88. Recuperado el 07 de agosto del 2017, de
www.scielo.org.mx.
Merino, Mauricio. (2008). “La importancia de la ética en el análisis de las políticas públicas”. Revista
del CLAD Reforma y Democracia, Junio-Sin mes, 5-32. 
Pollock, J, Torres, B y Ramos, S. (2017). “Resiliencia urbana en América Latina: Una guía breve para
autoridades locales”. Fundación Idea. Recuperado el 07 de agosto del 2017, de
http://fundacionidea.org.mx/UrbanResilience_PolicyBrief_170417_Esp.pdf.

 

* Fotografía principal: Santiago Arau

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Autor: México Sostenible
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